La corrupción que no se quiere investigar

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, SÓLO PARA ALGUNOS

Las causas judiciales contra funcionarios kirchneristas y la propia ex presidenta, por supuestos hechos de corrupción, tuvieron gran repercusión desde diciembre de 2015. No sucede lo mismo cuando las denuncias involucran a actuales funcionarios o a empresarios del entorno presidencial.
IRINA SANTESTEBAN
Es un dicho popular en nuestro país que “cuando Brasil se resfría, en la Argentina estornudamos”. Y así sucedió con el escándalo “Lava Jato”, la causa judicial que involucra a funcionarios y ex funcionarios brasileños y empresas, como a Petrobras y Odebrecht, ésta última también con actuación en Argentina desde 1987.

“Lava Jato”.
La causa judicial conocida como “Lava Jato” se inició por la investigación de pagos de sobornos por parte de la petrolera estatal en la contratación de la obra pública, dinero que luego era introducido al circuito legal por medio de lavanderías, gasolineras y hoteles. Se calcula que entre 2004 y 2012 se movieron 10.000 millones de dólares, en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
Los ex presidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff, involucrados junto a otros ex mandatarios en ese caso, han denunciado que la Policía Federal brasileña y el Ministerio Público Fiscal, junto con la derecha política, judicial y mediática, utilizan esas causas para su “linchamiento” político. La destitución de Dilma y la campaña contra Lula forman parte de esa campaña de desprestigio. Aunque eso es cierto, también lo es que los hechos de corrupción se han comprobado, e incluso muchos de los involucrados han confesado que esas maniobras ilegales se cometieron, entre ellas pagos ilegales (coimas) y sobornos para la adjudicación de obra pública por cifras millonarias, así como el desvío de fondos para el pago de campañas políticas.

Odebrecht Argentina.
Entre las empresas involucradas se encuentra Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión.
En diciembre del año pasado, se conoció que la filial Argentina de Odebrecht estaba siendo investigada para determinar si el esquema de sobornos y coimas se había replicado aquí.
Es que la empresa firmó un acuerdo con las autoridades judiciales brasileñas, estadounidenses y suizas, por el cual pagó una multa de 3.500 millones de dólares por reconocer el pago de coimas por mil millones de dólares en 12 países, para lograr la adjudicación de importantes obras públicas y jugosos negocios.

Coimas millonarias.
Según relata Martín Angulo (Infobae, 22/12/2016), en ese acuerdo Odebrecht reconoce que entre esos 12 países figura Argentina, donde pagó 35 millones de dólares por coimas, entre 2007 y 2014, que le reportaron obras por 278 millones. A raíz de ese reconocimiento, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, inició una investigación para conocer quién pagó y quién recibió esos pagos ilegales, que fueron reconocidos por 70 ex directivos de Odebrecht.
Rodríguez estuvo a principios de 2016 en Curitiba, Brasil, donde se reunió con fiscales, y luego pidió informes al Ministerio de Economía acerca de todos los pagos que el Estado hizo, entre 2006 y 2012, a 100 empresas por obra pública. Entre ellas figuran Odebrecht y Techint, y la sospecha es que hubo una cartelización de empresas para quedarse con grandes negocios de obra pública.
El ex diputado de la UCR y ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, también solicitó a la PIA y a la Auditoría General de la Nación, que se investigue si “Lava Jato” tiene su espejo en Argentina.
Mega proyectos.
Odebrecht se dedica a proyectos de Ingeniería, Industria e Infraestructura, en todo el mundo. En su página web, se detallan las diez obras que desarrolla en Argentina, ocho de las cuales se encuentran en curso, y para cuya concreción se asocia en uniones transitorias de empresas (UTE) con otras firmas.
Entre esas obras figura la ampliación de los gasoductos Libertador Gral. San Martín y Neuba II, adjudicada en 2005 y ubicada en el sur argentino, por el cual se construyeron 455,8 kilómetros de gasoductos que permitieron aumentar la capacidad de transporte de gas en un volumen de 2,9 millones de metros cúbicos de gas por día. Otra es la ampliación de la capacidad de transporte de gas a través de gasoductos en 15 provincias argentinas, que comprende la construcción de 2.100 kilómetros de gasoductos que permitirá aumentar la capacidad de transporte de gas a 15,4 millones de m3 por día.
Otras obras que construye Odebrecht en Argentina son: el sistema de potabilización de agua del área norte del Gran Buenos Aires; la planta de Reformado Catalítico Continuo construida en el Complejo Industrial de YPF en Ensenada (que permite incrementar la producción anual de naftas Súper y Premium de 6 millones de m3 a 8 millones de m3); el Proyecto potasio Río Colorado, en Mendoza; el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en lo que constituye una de las mayores inversiones en infraestructura ferroviaria. En esta obra se asoció con Iecsa, la empresa del primo del presidente, Angelo Calcaterra.

En Córdoba también.
En Córdoba, Odebrecht construye seis de los diez gasoductos troncales que el gobernador Juan Schiaretti considera su “obra magna”.
La semana pasada, en una breve visita a Córdoba que incluyó su presencia en el festival de Doma y Folklore de Jesús María, Mauricio Macri inauguró la primera obra de los gasoductos troncales, para lo cual posó para las fotos rodeado de operarios con cascos amarillos, con la firma en letras rojas de Odebrecht. El presidente, en cambio, lució un casco blanco sin ninguna leyenda, oportunamente asesorado por quienes cuidan de su imagen.
Ese mismo día, “La Nación” denunciaba que el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, amigo del presidente, había recibido pagos por casi 600.000 dólares, de un operador de Odebrecht, a través de cinco transferencias desde una cuenta que se sospecha proviene de una “empresa de fachada”. Esos pagos se realizaron un día después de haberse reactivado, en 2013, el contrato para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, por lo que se presume que serían el pago de coimas por haber resultado Odebrecht adjudicataria junto a Iecsa, del “primo Angelo”. Quien hizo esos pagos es el cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el “Lava Jato”, quien aportó documentación como “arrepentido”.
En el diario La Voz del Interior también se informó de esos pagos a Arribas, mencionando al financista Alberto Youssef, jefe de Meirelles, otro de los implicados en “Lava Jato”, quien admitió en su declaración judicial que para las obras de los gasoductos en Córdoba también se pagaron coimas. El gobierno provincial lo niega…

Amigos del fútbol.
Arribas es amigo de Macri y socio desde sus épocas como presidente de Boca Juniors. Roberto Digón, ex sindicalista del gremio del tabaco y ex dirigente del mismo club, ha denunciado que cuando los jugadores xeneizes eran transferidos no se les pagaba el 15% que les correspondía por su venta a otro club. Ese dinero era depositado en una cuenta en el exterior, que pertenecía a Arribas, quien actuaba como testaferro de Macri. El periodista deportivo Gustavo Veiga, es uno de los que más ha investigado el vínculo Arribas-Macri, en sus artículos en Página/12.

Se presume inocente.
En nuestro país rige el principio de inocencia, por el cual ningún ciudadano puede ser considerado culpable de un delito, hasta que una sentencia firme, dictada en un juicio con respeto de las garantías constitucionales de defensa, así lo declare.
Para el gobierno de Macri, este principio se aplica “según la cara del cliente”. Para mantener a Milagro Sala presa desde hace un año, por causas que fueron armadas apresuradamente, con aprietes a militantes de su agrupación Tupac Amaru, y con una resolución de la ONU que califica de “arbitraria” esa detención, el principio juega al revés. Milagro sigue presa a pesar que la única condena que tiene, no fue de prisión efectiva.
Pero para Arribas, jefe de los servicios de inteligencia del gobierno, rige plenamente el principio de inocencia. Así lo declaró el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el propio Macri. Esta defensa le está costando cara a la alianza gobernante, porque hasta aliados como Elisa Carrió, han criticado al funcionario y exigen su apartamiento.
Lo más grave fueron las declaraciones del ministro Germán Garavano, quien se refirió a las acusaciones contra el jefe de la AFI como un “cúmulo de insinuaciones”. Es más que preocupante que quien dirige la cartera de Justicia se refiera a acusaciones de tamaña magnitud como simples “insinuaciones”, mientras sostiene la prisión de una militante social, en medio de un proceso judicial con grandes irregularidades, y cuando organismos internacionales han exigido su “inmediata libertad” por considerar “arbitraria” su detención por no estar sometida a jueces y funcionarios independientes en Jujuy.
Cuando era candidato, Mauricio Macri se rasgaba las vestiduras criticando al gobierno de Cristina Fernández por la falta de “calidad institucional” y no respetar la “independencia del Poder Judicial”.
Sin embargo, se le aplica aquello de que “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.