La Corte reproduce los alineamientos de la política nacional

DIVIDIDOS

La Corte está dividida y esta situación se puso de manifiesto en la última semana, cuando Rosenkrantz formuló una propuesta que fue rechazada y se negó a tratar una causa sobre derechos humanos, en la que estaba en minoría.
POR HORACIO VERBITSKY
A un mes del reemplazo de Ricardo Lorenzetti por Carlos Fernando Rosenkrantz en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el cuerpo aparece dividido en dos bloques que reproducen los alineamientos principales de la política nacional, entre simpatizantes del gobierno neoliberal y del justicialismo, e incluye una disputa por el manejo de los recursos de la Justicia. Es de prever que esta fisura se profundizará a medida que avance el proceso electoral para decidir quién sucederá en la presidencia a Maurizio Macrì.
Esto se puso dramáticamente de manifiesto en la última semana, cuando Rosenkrantz formuló una propuesta de tipo administrativo, que fue rechazada, y se negó a tratar una causa sobre derechos humanos, en la que estaba en minoría.

El manejo del dinero.
La primera fue unificar la administración de la Corte Suprema con la del Consejo de la Magistratura, y el desplazamiento del actual administrador, designado por Lorenzetti, por uno de confianza de Rosenkrantz.
El Consejo de la Magistratura fue creado por la reforma constitucional de 1994. Su artículo 114 dispone que “tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial” y el inciso 3 le encomienda “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”. Pero desde que se instaló el Consejo, la Corte hizo todo lo posible por no desprenderse de esa fuente de poder. Esto fue así en la década de 1990 durante la presidencia de Julio Salvador Nazareno, quien designó como administrador de la Corte a su amigo Nicolás Reyes, como bajo la gestión de Lorenzetti, quien lo reemplazó por el ex ministro de Economía de Santa Fe, Héctor Daniel Marchi, de Rafaela, igual que Lorenzetti. Los poderes del Consejo de la Magistratura para administrar esos recursos y ejecutar el presupuesto están en la Constitución, igual que el juicio por jurados, que tardó más de un siglo y medio en ponerse en práctica, y aún no en todo el país.
Marchi ha sido uno de los blancos elegidos por la diputada cívica libertadora Elisa Carrió en su ofensiva contra Lorenzetti, cuyo juicio político promovió en el Congreso de la Nación. El presidente Maurizio Macrì la dejó hacer, como forma de condicionar a Lorenzetti, cuyos zig-zags no inspiran confianza a nadie. Pero no ordenó que los diputados de PRO se sumaran al proyecto de Carrió. Le bastó con promover a Rosenkrantz para la presidencia del tribunal. Como juez, el voto de Lorenzetti sigue teniendo el mismo peso de siempre, pero al dejar la presidencia pierde la capacidad de organizar la agenda del tribunal y organizar el poder de la corporación judicial, a través del manejo de los recursos. Distinta es la posición oficial respecto del juicio político que la misma diputada presentó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. En este caso, Macrì le ratificó públicamente la confianza, de palabra y de hecho.
Rosenkrantz propuso la unificación administrativa del Consejo y de la Corte, y el reemplazo de Marchi por un administrador de la Universidad de San Andrés, que lo acompañó durante su desempeño con rector de esa casa de estudios privada, que ha provisto buena parte de sus cuadros al gobierno actual, lo mismo que la PUCA y la Universidad Di Tella. Como escribió el economista y doctor en historia Eduardo Basualdo en una investigación de CIFRA, el centro de estudios de la CTA, esos intelectuales orgánicos propios debían garantizar el surgimiento de “una élite dirigente que les permitiera modelar el sentido común y disputar el poder político sin la mediación de los partidos tradicionales. Para asegurar sus intereses corporativos debían ampliar su influencia social de manera que los mismos fueran asumidos como propios por la sociedad en su conjunto y especialmente por los sectores populares”. Es natural que Rosenkrantz pretenda delegar en uno de esos cuadros la administración del Poder Judicial. Su propuesta fue apoyada por Elena Highton de Nolasco, la vicepresidente del tribunal. Rozenkrantz daba por descontado que también contaría con la complacencia de Horacio Rosatti. Ellos tres formaron el bloque que despojó de la presidencia a Lorenzetti, quien aspiraba a un quinto mandato consecutivo. El martes 11 de septiembre Lorenzetti se sorprendió al descubrir que Highton sumaba su voto a los de Rosatti y Rosenkrantz para desplazarlo. Esta vez el decepcionado fue Rosenkrantz, cuando Rosatti rechazó su propuesta, junto con Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y sugirió que se buscara un consenso para el reemplazo de Marchi. Los tres están pensando en otro justicialista, no en un intelectual orgánico de la derecha gobernante. Esto implica la superación al menos parcial de la inquina entre el ex presidente Lorenzetti y Rosatti, quien de ahora en más privilegiará sus posiciones políticas e ideológicas por encima de las rencillas personales. Antes usó la fuerza de Rosenkrantz para desplazar a Lorenzetti, ahora la de Lorenzetti para poner límites al poder de Rosenkrantz.

De nuevo el 2×1.
La otra intención de Rosenkrantz es ratificar la aplicación del 2×1 a ex funcionarios que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar-empresarial-eclesiástica. El 3 de mayo de 2017 el eje Rosenkrantz-Rosatti-Highton aprobó conceder el beneficio de esa norma al represor Luis Muiña, en un desprendimiento de la causa Bignone, como ley penal más benigna.
Esto había sido acordado con el gobierno nacional, cuyo secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, encomió la decisión. Pero la reacción social fue tan fuerte, con la mayor concentración en la Plaza de Mayo convocada jamás en defensa de los derechos humanos, que el Congreso no tardó ni 24 horas en sancionar una ley que declara inaplicable aquella ley (concebida para desagotar las cárceles de condenados por delitos comunes) a los responsables de los crímenes de la dictadura. Sólo el diputado Alfredo Olmedo, quien ahora se ofrece como un posible Bolsonaro argentino, votó en contra. Los otros 211 diputados y senadores presentes aprobaron esa sanción. Esto provocó un duro diálogo entre Rosenkrantz y la ministra de seguridad Patricia Bullrich, durante un asado ofrecido en Salta por el gobernador opoficialista Juan Urtubey, del peornismo federal y también aspirante a la presidencia, o al menos a la vicepresidencia, si es que María Eugenia Vidal reemplaza a Macrì en la fórmula para 2019. El buen vino salteño soltó las lenguas. Rosenkrantz recriminó a la ministra que el Poder Ejecutivo les había soltado la mano y Bullrich le respondió con dureza:

– Con la cagada que se mandaron…
Bastante tiene con su cartera como para estar al tanto de las combinaciones pactadas en otras áreas por sus colegas del gabinete o por el propio Presidente.
La ley 27.362 estableció que el 2×1 no se aplicaría “a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad”, salvo los casos en los que el condenado haya cumplido prisión preventiva entre la sanción (1994) y la derogación (2001) del 2×1, cuando las leyes de punto final y obediencia debida impedían la persecución penal por los crímenes de la dictadura. Una vez sancionada la ley interpretativa siguieron su curso distintas causas en las que los represores habían invocado ese beneficio. Rosenkrantz sostiene que a pesar de la nueva ley, el 2×1 sigue siendo la ley penal más benigna e insiste con su aplicación a los casos pendientes, de nuevo con el apoyo de Highton. En cambio reiteraron su oposición Maqueda y Lorenzetti y modificó su posición Rosatti, para quien la voluntad legislativa debe prevalecer. Desde entonces, Rosatti reclama que se traten los casos pendientes, en los que se propone dejar constancia de su cambio de posición. Pero Rosenkrantz se niega, porque sabe que quedará en minoría.
Rosatti también solicitó que la Corte se pronunciara en la causa Blanco, sobre la actualización de los haberes jubilatorios contemplada en la ley de 2016 denominada de Reparación Histórica. La Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social sostiene que el índice Ripte sólo puede aplicarse a quienes se acogieron en forma voluntaria a la ley, pero no a aquellos que decidieron seguir sus litigios contra la Anses. En esos casos, afirman las tres salas de la Cámara, la actualización debe seguir las pautas del fallo Elliff, de 2009, en el que la Corte Suprema dispuso que, entre 1995 y 2008, fecha de la ley de movilidad, esos beneficios debían actualizarse por el índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción, ISBIC, que es superior al Ripte. Es un caso apropiado para que el bloque justicialista de la Corte se haga notar. Rosenkrantz y Highton no están de acuerdo.
Otra causa que espera en la Corte es la solicitud de prisión domiciliaria al ex jefe de operaciones de la policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz. En diciembre de 2017 el beneficio había sido concedido por el Tribunal Oral Federal 6 (José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero), en atención a su avanzada edad y sus problemas de salud. Pero en marzo de este año la decisión fue revocada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con la disidencia de Juan Carlos Gemignani), que lo devolvió a la cárcel de Ezeiza. La Corte debe tratar la apelación de Etchecolatz, y Rosenkrantz adelantó su opinión favorable al ex policía. En este caso la balanza se inclinaría en forma más pronunciada, ya que además de Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, también se opondría Highton.

Elena y Elenita.
Este desmarque de Rosatti va en línea con su voto el 18 de agosto de 2016 en contra del tarifazo del gas, aduciendo que carecía de gradualidad y racionalidad y que no revelaba cuáles eran los costos de producción en boca de pozo. El gobierno salvó el traspié convocando a una audiencia pública en la que se trató “el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte”, además de las tarifas de transporte y distribución, que no era aquello exigido por la Corte. En aquel momento, Rosatti conformó la mayoría con Maqueda, Lorenzetti y Highton, y Rosenkrantz no firmó. Pero en febrero de 2017, el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico concedió el amparo presentado por Highton y declaró inconstitucional la Constitución Nacional, al menos en el inciso 4, párrafo tercero, de su artículo 99, según el cual los jueces deben retirarse al cumplir 75 años. Contra la obligación de defender la Constitución, el Poder Ejecutivo decidió no apelar, con lo cual Highton pudo continuar en la Corte, pese a la explícita oposición del peornismo opoficialista, cuyo vocero Miguel Pichetto había reclamado en forma explícita el alejamiento de la jueza, con el propósito de colocar allí a uno de los suyos. Esa fue una de las promesas de Macrì que le permitieron a Pichetto justificar su voto en favor de la designación de Rosatti y Rosenkrantz, pese a que el Poder Ejecutivo había sorteado el procedimiento constitucional para nombrarlos por decreto en comisión. Desde entonces, Highton paga el favor en la moneda dura de sus fallos, ahora alineados con Rosenkrantz. El nuevo presidente de la Corte le retribuye con la misma divisa. Desde que asumió, hace ahora cuatro semanas, tomó varias decisiones que la favorecen:
La designó a cargo del otorgamiento de licencias, adscripciones y subrogancias, una función burocrática pero de enorme poder, ya que le permite administrar premios y castigos a los jueces y camaristas federales, que por eso la cortejan.
Confirmó como Secretaria de Consumo de la Corte (un cargo que creó para ella Lorenzetti) a su hija Elenita Nolasco Highton, y apoya su pretensión de ocupar la estratégica Secretaría de Gestión.
Le encomendó centralizar la relación de la Corte con los tribunales federales de Comodoro Py, donde se sustancian las causas de mayor interés para el gobierno. Highton lo hace por medio de Elenita, a quien apoya el secretario letrado de la jueza, Enrique Regueira, quien antes fue relator de Sergio Fernández, el camarista hermano de Javier Fernández, operadores judiciales de todos los gobiernos que los requieran.
Pese a su aspecto evanescente, Highton es una mujer de negocios llevar. Desde hace años es directora académica de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales, creada a instancias de la estadounidense International Judicial Academy (IJA). Esta IJA (del american way) es una organización dedicada a propagar entre jueces de todo el mundo los valores del Consenso de Washington, que identifican democracia representativa con apertura de mercados. La IJA tiene dos sedes, una en Washington y la otra en Buenos Aires, que funciona en la Asociación de Magistrados. Sus programas incluyen visitas a los tribunales y a la Oficina de Marcas y Patentes estadounidenses, como ha sido denunciado por la cámara latinoamericana que agrupa a laboratorios que producen medicamentos genéricos. Buena parte de los seminarios a los que asisten jueces argentinos suelen congregar también a hombres de negocios, como los seminarios sobre Seguros y Justicia dictados en Washington para jueces y ejecutivos de seguros de la Argentina; o el programa sobre “Regulación del Gobierno y Justicia” al que asistieron en la capital estadounidense jueces, abogados y ejecutivos de negocios de la Argentina y México. La cuidada página electrónica de la IJA no explica cómo se financian sus costosas actividades, que incluyeron viajes y estadía en distintos países del mundo para 4387 jueces. Pero los cursos son promovidos por las embajadas de Estados Unidos y, en la Argentina, por la Cámara de Empresas Estadounidenses, AmCham. La Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa) financia los viajes de jueces argentinos a Fort Lauderdale, Miami y Washington con el pretexto de los cursos de capacitación que dicta la IJA, para jueces de países de Asia, Africa, América y el ex bloque comunista europeo en los que Estados Unidos y sus empresas quieren influir. En la comisión directiva de Adeaa está el empresario funebrero Jorge Giani, presidente de El Surco Seguros y pareja de Elenita. Entre los expositores de uno de esos seminarios, realizado en Madrid en 2012, está Daniel Roque Vítolo, ex abogado de Jorge Bergoglio durante sus años como arzobispo de Buenos Aires, uno de los redactores de la ley de quiebras y el principal propagandista del Grupo Macrì en el debate sobre el Correo Argentino, en línea con las afirmaciones presidenciales sobre el caso. Su sobrino Alfredo Mauricio Vítolo es el asesor jurídico de Claudio Avruj, que propugna el perdón a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad. Especialista en derecho corporativo y director él mismo de grandes empresas, como consecuencia de sucesivas fusiones, es socio de Emilio Cárdenas en uno de los mayores estudios del país, Nicholson y Cano Abogados. Sus principales clientes son el Ingenio Ledesma (responsable de la detención arbitraria de Milagro Sala), Centro Azucarero Argentino, la cámara de banqueros Adeba, Copal, Grupo HSBC, Cargill, Acindar, YPF, Shell, Whirlpool, Verizon, Camuzzi, Mitsubishi, Panasonic, Adidas, Despegar, Chevrolet, Zurich, SCJ Johnson, Boehringer y Petronas Lubricants. Además Vítolo preside la financiera Ellerstina Inversiones, la comercializadora de combustibles Latin Energy Argentina y fue director de Metrogas, Air BP Argentina y Central Costanera. Para completar, en 1987, Vítolo coincidió en el Consejo de Consolidación de la Democracia con otro abogado de grandes empresas, Carlos Fernando Rosenkrantz.

Impuestos y bancos.
Una de las primeras medidas de Rosenkrantz como presidente fue quitar de la Secretaría de Derecho Administrativo de la Corte a Sergio Nápoli. Protegido de Maqueda, Nápoli llegó por concurso y asumió en abril. Rosenkrantz lo reemplazó por Enrique Naveira. Pero además se colocó en primer lugar para la circulación de expedientes relativos a impuestos y aduana. Cuando se traten temas que involucren a sus clientes (América TV, Cablevisión, Supercanal, La Nación, Ogden Rural, Carbap, McDonald’s, la cervecera Quilmes; Core Security Technologies, Pan American Energy, los Fondos de Inversiones Aconcagua Ventures y Pegasus, la petroquímica Cuyo; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; la telefónica Claro y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros) deberá abstenerse. Pero se entiende la importancia del conocimiento adelantado de las causas y la posibilidad de influir en alguno de sus colegas. Entre sus contactos principales con el Poder Ejecutivo está su íntimo amigo de toda la vida, Fabián Rodríguez Simón, y el poderoso asesor presidencial Gustavo Lopetegui, a quien mantiene informado en tiempo real de todo lo que sucede en la República Autónoma del Cuarto Piso.
Entre los colaboradores que llevó a la Corte está el ex prosecretario de Martín Irurzun en la Cámara Federal, Federico Morgenstern, quien redactó el fallo del 2×1, y trabaja en la anulación de las causas en las que fueron absueltos CFK y funcionarios de su gobierno, de acuerdo con la doctrina de la cosa juzgada írrita, que el propio Morgenstern desarrolló en un libro prologado por Rosenkrantz. Como se ve, un verdadero programa. Armisticio con los torturadores, guerra a los políticos y siempre negocios. También designó en el tribunal a uno de los editores del blog Todo sobre la Corte, Valentín Thury Cornejo. El otro, Juan Lahitou, es el segundo del abogado personal de Macrì, Bernardo Saravia Frías, en la Procuración del Tesoro. Thury Cornejo, de fuerte relación con el Opus Dei, asumió como letrado de Rosenkrantz y desde hace unos días como Secretario de Desarrollo Institucional, a cargo de la comunicación del tribunal, luego de la primera escaramuza pública entre Rosenkrantz y Lorenzetti, quienes se intercambiaron acusaciones tremebundas. En apenas dos años en la Corte, Thury Cornejo pasó de contratado a tener un sueldo de camarista. ¿Pagará ganancias?
Thury Cornejo acaba de presentar un protocolo acerca de cómo informar sobre las sentencias de la Corte, que traerá cola. La antelación con que las Secretarías y Vocalías deberían informar para que las sentencias se difundan en el Centro de Información Judicial favorecerá la filtración de su contenido antes de que esté firmado.
El abuelo de Rosenkrantz fue enterrado en el cementerio judío de La Tablada, pero él hace lo posible por difuminar ese origen, y bautizó a su hija en el rito católico, apostólico, romano. Como el famoso abogado Marcos Satanowsky, se mueve con facilidad entre la oligarquía argenta. Su aspecto austero, que evoca los cuadros costumbristas de Grant Wood sobre los granjeros del medio oeste norteamericano, no deja traslucir su autoconciencia ni sus apetitos.
Amigo del hedonista diputado de PRO Mauricio Longin D’Alessandro, Rosenkrantz ordenó al ceremonial de la Corte que retirara las tarjetas de invitación firmadas por Lorenzetti para el encuentro de jueces del G20 y las reemplazara por otras con su nombre. También protestó con vehemencia por la difusión de una foto suya con las manos en una posición que juzgó inconveniente. Cada uno está acopiando municiones para una batalla que recién comienza.