La huelga de 9 días fue justa; ahora hay revanchismo patronal

UN PARO DE LAS BASES DE UTA QUE CONMOVIO A CORDOBA

Después de sostenerse 9 días, la huelga de los choferes de Córdoba fue derrotada. No conformes con la estigmatización de esos trabajadores, las empresas, Municipalidad y Provincia quieren tomarse revancha con 158 despidos y reglamentaciones.
EMILIO MARIN
El origen de lo que derivó en uno de los paros más prolongados (“e irracionales”, agregó con mala leche Rubén Curto, en La Voz del Interior) del transporte de pasajeros de Córdoba, fue la pésima paritaria que firmó la UTA nacional de Roberto Fernández con las cámaras empresarias el 1 de junio. Fue de 21 por ciento en tres cuotas, harto insuficiente frente a la inflación pasada, presente y de los próximos meses. Eso, con el agravante que ese porcentaje no se aplicaría sobre los acuerdos vigentes para la seccional Córdoba, por encima de la media de ese gremio, y que si se hubieran respetado hubiera arrojado un porcentaje mayor, del 32,5 por ciento. Fernández había caído bajo; su colega de la UOM, Antonio Caló, firmó ese mismo día por 25 por ciento en dos cuotas.
Encima, las mejoras serían 8% en junio, 7% en diciembre y 6% el 1º de enero de 2018, por lo que ese aumento significaba sólo 8 por ciento para lo que resta de 2017.
Por otra parte los choferes, hombres y mujeres (éstas son las conductoras de los trolebuses de la municipal Tamse) no pudieron expresar su opinión ni menos votar nada. Es que la seccional Córdoba está intervenida desde septiembre de 2016, por orden de Fernández que atiende su negocio en Buenos Aires. Hasta ese momento el secretario general era Ricardo Salerno, quien no se alineaba con las directivas de Fernández, por lo que fue apartado e intervenido el gremio local. Y desde entonces el gremio de la avenida Vélez Sársfield, donde en los ’70 moraba el mítico Atilio López, quedó convertido en una cáscara vacía de gente. Y peor aún, los afiliados no tuvieron esperanza de elecciones, ni calendario de normalización ni nada.
En esas condiciones estalló el conflicto con asambleas de base el 2 de junio, con la advertencia a las patronales y el poder concedente, el intendente Ramón Mestre, que debían mejorar la oferta. De lo contrario comenzaría una huelga por tiempo indeterminado el 5 de junio. Lejos de atender a los reclamos y abrir una vía de negociación, por pedido de las patronales y el intendente, el Ministerio de Trabajo provincial, de Omar Sereno, dictó ese día la conciliación obligatoria para frenar la huelga, que por eso mismo comenzó con la fuerza de las reivindicaciones justas y la dirección de delegados como Marcelo Marín, de Aucor.

La demonización.
Cuando hay un conflicto gremial, quienes salen a bardear a los huelguistas son las patronales. En este caso la parte más activa del ataque lo hizo el Palacio 6 de Julio, o sea Mestre, que va por su segundo mandato y tiene aspiraciones a gobernador en 2019.
Acusaron que los delegados díscolos atentaban contra la sociedad. Que lo hacían por intereses políticos. Y utilizaron a los medios de comunicación para denigrarlos, en particular a la radio Cadena 3 de Mario Pereyra, los canales 8 (Telefé) y 12 (Clarín), radio Mitre y La Voz del Interior.
En el podio de la campaña anti-choferes estuvieron Pereyra (Cadena 3), “Petete” Martínez (Mitre) y “Lagarto” Guizzardi (canal 12). Pereyra es el mismo que en un programa de canal 10 hizo un complaciente reportaje al genocida Luciano B. Menéndez, cuando éste había salido brevemente de la cárcel.
No casualmente son las empresas que se llevan la mayor parte de la torta publicitaria y pauta que paga la intendencia de Córdoba. El periodista Adolfo Ruiz donde afirma en un video que Mestre gastó 150 millones de pesos en pauta publicitaria en el 2015 y ahora está gastando 350 millones. Que el promedio de lo que cada familia paga de impuesto municipal son 390 pesos por mes y que esa plata es lo que cuesta un segundo de publicidad en “Condena 3”.
El vínculo del intendente con las empresas del transporte es de vieja data. En 2012 privatizó la línea municipal Tamse, dejándole solamente los trolebuses. La reemplazó con dos privadas, Autobuses Santa Fe y ERSA, esta última de Corrientes, propiedad de Romero, con quien su padre, Ramón Bautista Mestre había trabado relaciones como interventor en la provincia, durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Los beneficios de esas dos empresas han sido muy grandes, con los cambios posteriores, cuando Autobuses se convirtió en Aucor y Ersa absorbió a la otra privada preexistente, Ciudad de Córdoba.
Un audio filtrado de un funcionario de Schiaretti dijo que Mestre tiene acciones en las empresas privadas del transporte de Córdoba.
Y en vista de aquellos beneficios, puede creerse que esa información extraoficial sea cierta. En cinco años que lleva como intendente, el precio del boleto en la ciudad aumentó desde los 2,30 pesos hasta los 12,55, un 545,6 por ciento, cuando el salario de los choferes no habrá pasado del 150.
Este boleto es el tercero más caro del país, desde que fue aumentado por voluntad de Mestre y a pedido de sus empresas amigas el 8 de diciembre de 2016, cuando pasó de costar 9,15 pesos y subió a 12,55. Los cordobeses exagerados dijeron que era el más caro del país. Casi. El primero es Río Gallegos, con 14 pesos, y segundo Bariloche, 12,85, y tercero La Docta.
Y es un servicio con grandes deficiencias, sin mayor inversión ni mantenimiento de unidades, con frecuencias que se alargan, entre muchas carencias. Previo a las asambleas del 2 de junio los choferes pedían más inversión a las empresas, ante los oídos sordos de sus dueños, directivos de la Fetap y el intendente.
Ese fue el trasfondo de cómo y por qué se desencadenó esa larga huelga que dejó sin colectivos a la ciudad, con indudables problemas para la gente, que quedó de a pie o con necesidad de taxis y remises, para quienes tenían billetera.
Apoyado en esas duras consecuencias sobre la población de menores recursos, el intendente montó su campaña antihuelga con el concurso del gobierno provincial y nacional.

La derrota.
Por momentos esa jugada mestrista no salía bien. En Canal 8 uno de sus conductores, Gerardo López, entrevistaba a la delegada de trolebuses Erica Oliva, y le enrostraba que sus sueldos eran muy elevados. La mujer le mostró a cámara su recibo de sueldo de 19.000 pesos, le dijo que era madre sola, alquilaba y no le alcanzaba la plata, tras lo cual le pidió a López que le dijera cuánto ganaba él. Mutis por el foro. A otro tema…
Los golpes propinados por las patronales y la alianza de Mestre-Schiaretti-Macri fueron proporcionales a la fuerza de la huelga. Comenzaron con los telegramas de despidos, primero 66, luego 80 y al final 158, con terribles descuentos. Adoptaron un esquema policíaco y militarizado, el lunes 12 de junio: los colectivos fueron como “punta de línea” a la Escuela de Aviación Militar, de la Fuerza Aérea, y de allí salieron con protección de 500 policías de la provincia, 400 gendarmes y 50 federales. Comenzaron con 100 colectivos y algunos trabajadores quebrados y alejados del paro, y fueron aumentando a 200, ese lunes y en la mañana del martes 13.
Los delegados, encabezados por Marín, de Aucor, hicieron todo el aguante que pudieron, pero fueron golpeados por la UTA nacional, su interventor Luis Arcando y el secretario de Interior Jorge Kienner. Los trataron de “tarados”, alinéandose con las empresas y el intendente en que los despedidos, bien despedidos estaban.
El lunes a la noche se informó de una solución intermedia para el conflicto, en una reunión auspiciada por el ministro Sereno, según la cual los 80 cesanteados eran reincorporados. Una hora después las empresas aglutinadas en la Fetap y el intendente declaraban que no eran parte de ese acuerdo, que los despidos se mantenían y otro tanto con los descuentos de días no trabajados.
Así, el martes 13 fue yeta para los huelguistas, que anunciaron el levantamiento de la huelga. Ahora están en posición de debilidad para negociar las reincorporaciones, aunque lo van a seguir intentando.
No sólo quieren escarmentarlos. El gobierno provincial, en acuerdo con Mestre, impulsó una ley para reglamentar los “servicios esenciales” y meter allí al transporte de pasajeros, para limitar el derecho de huelga. Cómo será de revanchista esta iniciativa que en la Legislatura adelantó su voto negativo José Pihen, secretario general del SEP (empleados públicos) e integrante de la bancada oficialista de UPC. Pihen fue parte del operativo derrota de los choferes, impidiendo desde la CGT un paro provincial en apoyo a la huelga, pero su colaboracionismo no llegó a acompañar esa reglamentación del derecho de huelga. Oportunista, se ausentó del debate igual que su par Ilda Bustos, también de la CGT y legisladora.
El proyecto del gobernador tuvo 57 votos a favor, 5 en contra y 8 ausentes y se aprobó como la ley 10461 en la Legislatura. Las bancadas de UPC-PJ, UCR, PRO y juecismo levantaron la mano a favor. Que sea constitucional es otra cosa. Para legislar en esta materia se necesita una ley nacional, que modifique el artículo 24 de la ley 25877, de 2004, según la cual los servicios esenciales son los del transporte y distribución de luz, gas y agua, y de salud, al que se agregó el control del transporte aéreo en 2014. Y para poder tramitarlo, se necesita una comisión de expertos con opinión de cámaras empresarias y gremios involucrados, que no ha sido claramente el caso.