La identidad ha dado la pista de un delito

Señor Director:
Pocos días atrás, al comentar el tema de la identidad en esta columna hice mención del caso de un grupo de personas de General Pico, todas o la mayoría de ellas adultas, de cuarenta años promedio, que se han unido a partir de la sospecha de no haber conocido a sus padres de sangre.
Para entonces ya una de tales personas había podido confirmar sus sospechas y conocer a sus padres y sus hermanos verdaderos. En el pasado fin de semana, otras dos más han tenido la misma fortuna. En esta ocasión una de ellas, en conversación con medios de prensa, aparte de expresar la satisfacción por el momento que están viviendo, dijo que ahora lo que cabe esperar es que la justicia investigue las circunstancias en las que se produjo el hecho, de suyo muy sospechoso, que hizo posible que ellos no conocieran ni se criaran con sus padres y fueran entregados a otras familias no como adoptivos sino como hijos naturales.
La sociedad tiene un interés bien fundado y una necesidad real para seguir con interés y compartir las emociones de estas personas que ya han localizado a su familia de sangre y la esperanza de las demás de llegar al mismo resultado o desechar sus sospechas. En mi comentario anterior opiné que tal reclamo era atendible y que debía dar lugar a una intervención judicial como se pedía. Para entonces ya se hablaba de versiones acerca de la existencia de una red delictuosa integrada por los individuos que intervinieron en el parto y en la gestión de poner a dichos bebés en manos de otra familia como si fuesen de su sangre.
Dicha investigación se configura como necesaria, ya como hecho judicial ya como un requerimiento de tipo histórico porque una sociedad necesita tanto de la justicia como de la verdad. Justicia y verdad son, pues, los valores que se hallan en cuestión. Que los reales o presuntos delitos hayan caducado en relación con los tiempos de la ley no excluye la necesidad de saber a ciencia cierta cómo fue posible que se negociara a tantos seres humanos como mercancía o por los motivos que hayan tenido quienes posibilitaron la maniobra. Esta operación incluye convencer a los padres naturales que el hijo que acababa de ser dado a luz había nacido muerto y establecer una relación con la familia que aspiraba a tener a su cargo la crianza de un hijo cuando sus propias circunstancias le habían negado la posibilidad de alumbrarlo en el seno familiar. Según las sospechas en la operación intervinieron médicos, enfermeros, parteras y funcionarios o empleados del registro civil en las décadas l960-80. Una de las bases de tal actitud puede haber sido, como se denuncia, que los despojados eran indigentes.
Sea posible o no dar con los culpables y sancionarlos lo que importa es que toda sociedad necesita que se conozca la verdad, porque de lo contrario cundiría la sospecha, incluso acerca del momento presente, a pesar de que ahora hay otros tipos de control, cuya creación puede haberse originado en el conocimiento de que el delito era posible, tanto si quienes lo cometieron obraron en busca de una ganancia material como si todos o algunos lo realizaron sin buscar tal tipo de beneficio. Y tanto si, si sobreviven, son o no son punibles judicialmente.
Los sucesos ahora en conocimiento público (confirmados en tres casos) ocurrieron poco antes y durante parte del período del régimen militar establecido entre l976 y l983, cuando numerosos hijos nacidos en cautiverio fueron separados de sus madres y luego entregados a distintas familias que los registraron como propios. En el caso de los hechos de la dictadura la ley está cayendo sobre los padres presuntos, así como en los militares y los profesionales que intervinieron en su realización. Este quehacer actual se hace en nombre de la memoria, la verdad y la justicia y son parte de los sucesos calificados como de lesa humanidad o porque se trata de delitos ya previstos y penados por la ley contemporánea.
Atentamente:
Jotavé