La Iglesia limita el acceso a sus archivos

El cuestionado papel que le cupo a la jerarquía de la Iglesia Católica argentina durante la última dictadura, ha vuelto a ponerse en tela de juicio con el último documento de la Conferencia Episcopal vinculado a la apertura de los archivos que tiene la institución con abundante información en la materia.
Pero como en anteriores ocasiones esta vez vuelve a campear una prudencia cercana a la parcialidad. El nombre mismo del documento aparece como insólito y encubridor: es un protocolo “Para la consulta del material archivístico relativo a los acontecimientos argentinos (1976-1983)”. Que se nombre de esa forma a la dictadura militar que ensangrentó el país y condicionó buena parte de nuestro futuro parece más un eufemismo evasivo que un título acertado, máxime por provenir de quienes están acostumbrados a usar la palabra precisa cuando lo desean.
Ese “material archivístico” es, ni más ni menos, que la abundante información sobre los detenidos-desaparecidos que tiene la Iglesia. Para peor han sido abiertos con una serie de condicionamientos que reducen sustancialmente su acceso. Además las consultas quedan reservadas a familiares pero no a entidades de derechos humanos, que tanto han hecho por el esclarecimiento de esos crímenes.
Esa actitud mezquina ha causado indignación y no solo en los organismos de derechos humanos sino también en el seno de la misma Iglesia, donde hay sectores en franca disidencia con una actitud tan poco evangélica y así lo han hecho saber a la jerarquía. La razón de esa protesta no necesita demasiadas explicaciones: fueron muchas las personas de fe, incluidas monjas y sacerdotes, que desaparecieron durante la dictadura. Esas desapariciones, algunas de ellas directamente criminales y no denunciadas por la propia Iglesia, nunca tuvieron la respuesta -y acaso el reclamo- que correspondía por parte de los obispos, más bien lo contrario, como se dio en el caso del vicario castrense que alentó el golpe de Estado. También de un religioso hallado culpable en delitos de lesa humanidad y actualmente preso, sin que la institución le haya retirado la condición sacerdotal.
La forma de apertura de esos archivos parece estar en sintonía con el reciente intento de beneficiar a los represores encarcelados, un intento que reconoce su motivación última en el pedido de reconciliación propuesto por la cúpula de la Iglesia Católica. Curiosa reconciliación con quienes nunca se arrepintieron y despreciaron siempre la más elemental caridad cristiana.
Con esta medida la Iglesia no solamente deja a su arbitrio la decisión sobre la consulta para los casos en que por una u otra razón no lo estime conveniente sino que también se arroga ubicarse por encima de la Justicia ya que “si las autoridades judiciales desean obtener información conservada en los archivos de la Santa Sede o de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires (sic) deberán presentar una rogatoria internacional a través de los canales diplomáticos habituales”.
Desoyendo el reclamo de la sociedad y el de su comunidad interna la Iglesia Católica más que buscar una verdad que atempere el dolor parece más preocupada por preservar su imagen política.