¿La inflación disciplina o acelera el conflicto?

¿Podrán empresarios y gobierno disciplinar el conflicto social e imponer su política de ingresos y precios? Las
consecuencias de ese dilema condiciona nuestra vida.
JULIO C. GAMBINA
El alza de los precios minoristas de marzo alcanzó al 2,3% según el Indec y anualizado ya supera el dato del 2017. Sigue preocupando el tarifazo de servicios públicos, pero ahora se suma el problema de la inflación núcleo, o sea, aquellos precios más allá de los regulados.
El pronóstico para abril no es halagüeño y en el primer semestre del año se puede consumir el límite del 15% establecido por las metas de inflación del BCRA que ahora anticipa una perspectiva de precios ascendiendo por encima del 20% y que la calle ya establece en torno al 25%.
Ya sabemos que la inflación afecta a la población de menores ingresos, sin capacidad de defender salarios, jubilaciones o subsidios de planes sociales, deteriorando la capacidad de compra de sus entornos familiares y alertando sobre problemas del consumo que afectan al comercio y con ello a la producción que abastece las redes de distribución de bienes y servicios.

Pelea por el ingreso.
Quienes son propietarios de medios de producción, optan si pueden por incrementar los precios que ofertan en el mercado. No todos pueden hacerlo. En sectores desregulados, por ejemplo, verdulerías, peluquerías, negocios de barrio o servicios especializados todo depende de la capacidad de pago de la clientela. En realidad, algo similar ocurre con los prestadores de servicios públicos, donde la opción de no pagar puede generalizarse y deteriorar la recaudación y rentabilidad de las empresas. Algo que ya ocurre en grandes centros comerciales por la menor capacidad de compra de sus consumidores. Es el caso de Carrefour, que aprovecha la volteada para reestructurar las relaciones laborales modificando el convenio colectivo y afectando a la baja el ingreso de sus trabajadores.
Los que viven de la venta de la fuerza de trabajo, activos o pasivos, empleados o desempleados, enfrentan el dilema de adecuar sus gastos a los menguados ingresos o disputar renta nacional a los propietarios de medios de producción. Es la lucha de clases hubiésemos dicho en otro tiempo, que se manifiesta como disputa por la distribución del ingreso o renta nacional si acudimos al lenguaje técnico de la macroeconomía.
Unos viven de la propiedad de los medios de producción y otros de la venta de la fuerza de trabajo. Ambos tributan al Estado y desde allí se genera un segundo momento en la distribución del ingreso nacional vía gasto público, e incluso en la perspectiva de la inversión pública se define el destinario de la apropiación secundaria, vía Estado, de la riqueza socialmente generada. Remitimos en este último caso al destino en educación, salud, infraestructura u orientación de recursos públicos de carácter improductivo que a modo de ejemplo sintetizamos en el gasto militar sin existir hipótesis de conflicto.

Los dos polos.
El ingreso a distribuir es una magnitud disputada por unos y otros y, en ese sentido, la política económica no es neutral. Por eso se destaca la voluntad oficial y empresaria de contener la demanda de actualización de ingresos de trabajadoras y trabajadores al límite del imaginario 15% establecido como deseo oficialista de la evolución de precios para 2018. En el otro rincón se procesan las formas del reclamo social por defender la capacidad de compra de amplios sectores de menores ingresos.
Ya hay iniciativas de no pago de servicios y de protestas callejeras, como la coalición que convoca a la marcha contra el tarifazo de la electricidad para los próximos 18 y 19 de abril. Pero es también el conflicto de los docentes de todos los niveles por actualizar salarios. Ahí está la incógnita sobre la política cotidiana, la lucha por los consensos políticos y la cotidianeidad del devenir en la Argentina. ¿Podrán empresarios y gobierno disciplinar el conflicto social e imponer su política de ingresos y precios?
En el otro polo y más allá de estrategias diferenciadas de acumulación de poder propio, el interrogante apunta a saber si podrá desplegarse una amplia unidad de acción de sindicatos, movimientos sociales, territoriales o sectoriales, para el logro de objetivos concretos en la mejora por la apropiación del ingreso. Estamos aludiendo a amplios sectores sociales perjudicados por la desigual apropiación del producto social del trabajo.
Son incógnitas de nuestro tiempo y por eso hay presión por derecha sobre el gobierno para endurecer sus políticas y dejar de lado un discurso que remite al gradualismo y aplicar políticas de shock. Tanto como de quienes exigen superar el divisionismo de estrategias particulares de acumulación de poder político para pensar más integradamente y con efectividad en la discusión por la apropiación del producto social del trabajo.

¿Quién vence?
Para el bloque social en el poder existen diferentes formas de encarar la etapa y ya pensando en la renovación presidencial del 2019. Ocurre algo similar entre quienes pretenden cambiar la orientación política en el próximo turno presidencial. Algunos solo pretenden modificar el gestor, sin modificar el rumbo y otros, muy divididos aún, proponen pensar en una lógica contraria de beneficiarios y perjudicados de la política económica.
Resulta así un entramado diverso de intereses y propuestas que pugnan por ganar conciencia social y consolidar una perspectiva relativa a la organización económica de nuestra sociedad, con un determinado modelo productivo y de desarrollo. No es un tema menor y las consecuencias sociales de quién vence a quién condiciona nuestra vida cotidiana. (Extractado de Rebelión).