La inflación muestra quién tiene poder

LA DISPUTA POR EL INGRESO

Los asalariados no pueden por sí solos aumentar el valor de sus ingresos en cambio las grandes compañías
sí, debido a una relación de fuerzas muy asimétrica.
JULIO C. GAMBINA
¿Pueden los trabajadores y trabajadoras aumentar el precio de la fuerza de trabajo, o lo que es lo mismo el salario? Solo pueden si acumulan suficiente poder para enfrentar a las patronales, sean del sector público o del privado. Algo similar ocurre con las jubiladas y jubilados, tanto como las y los perceptores de planes sociales, o aquellos empresarios cuyo destino se liga al consumo de éstos.
Los que sí tienen poder para aumentar son las petroleras, los especuladores, los grandes exportadores, las privatizadas de servicios públicos. Es así desde que las petroleras dolarizaron sus precios y acordaron con el gobierno la actualización recurrente de sus precios. Contra una inflación de 32,4% acumulada desde enero a septiembre, los combustibles subieron cerca del doble.
No hay duda que es una de las partes que se reconocen entre los ganadores de la política económica del gobierno Macri. Resulta la misma consideración para las privatizadas de servicios públicos, con actualizaciones tarifarias en el último año por encima del 50%, contra una inflación anual del 40,5%.

Cuestión de poder.
Los especuladores cuentan en su haber un cambio en la cotización del dólar del orden del 130% en lo que va del año; una tasa de referencia del BCRA por encima de la inflación acumulada (40,50%) e incluso de la esperada (48-50%). El BCRA estableció una tasa no menor a 60% hasta diciembre próximo y paga por las colocaciones bancarias vía Leliq, Letras de Liquidez que solo pueden adquirir los bancos, casi el 74%.
El incremento en la cotización de las divisas, 1 dólar a 37,50 pesos, mejora la rentabilidad de los grandes exportadores del campo, la minería, la industria o los servicios. También vale registrar el beneficio para los acreedores de la deuda pública, beneficiados con elevadas tasas de interés y riguroso cumplimiento de pagos, ya que el ajuste fiscal no incluye al gasto financiero.
El déficit cero remite al gasto fiscal primario, o sea, antes de pagar intereses. Estos están a la cabeza del compromiso de pago, por lo que el resto de los gastos se someten al ajuste, que ahora ya no es gradual, sino de shock y se manifiesta en la ley de Presupuesto.
La inflación es una cuestión de poder. Están los que pueden imponer precios y los que no, lo que supone una disputa por el ingreso.
Si consideramos el contexto de recesión, caída del producto, inducida por la política monetaria del BCRA y del gobierno Macri, ocurre una merma en simultáneo de los recursos a distribuir en el conjunto de la población. La caída prevista por el Gobierno es de -2,4% del Producto para el 2018 y del -0,5 para el 2019. Para el FMI es -2,6% para 2018 y -1,6% para 2019. La Cepal señala en una evaluación más pesimista que será del -2,8% y del -1,8% para el presente y siguiente año. Sea una u otra cifra, ninguna augura una mejora de los ingresos y con ello la aceleración de la disputa por el mismo y el conflicto social desplegado.

Disputa de hegemonía.
Ocurren dos fenómenos en simultáneo. Uno se procesa entre los sectores empresarios, incluso entre aquellos que son parte de la cúpula empresarial, y en otro plano, entre aquellos y el conjunto de la sociedad de ingresos fijos y reducidos.
Los primeros disputan entre sí, vía cambios en los precios relativos (unos aumentan más que otros), y en conjunto subordinan a la mayoría social al poder de la concentración y centralización de la economía. En el 2001 se manifestaba entre quienes pretendían avanzar hacia la dolarización, caso de las privatizadas de servicios públicos, o quienes pugnaban por la devaluación para hacer competitiva la producción local. Hoy pretenden recomponer precios aceleradamente, el caso de las privatizadas es evidente, tanto como de los exportadores. Se trata de la disputa recurrente por la hegemonía del orden económico en la Argentina, como disputa de largo aliento que no termina de consolidarse.
Al poder oligárquico asociado al capital externo se le disputó la hegemonía en tiempos de industrialización sustitutiva desde las primeras décadas del siglo XX. Con la crisis de los ’70 y la solución aperturista derivada de las políticas hegemónicas en tiempos de dictadura genocida y luego en los ’90, se habilitó la revancha neoconservadora para restaurar posiciones perdidas en el poder.
Se trata de un fenómeno local en el marco de la evolución del sistema mundial en tiempos de globalización, los 80/90 del siglo pasado, por lo que se destaca el papel del capital externo, que actuó en todos los ámbitos de la actividad económica, primaria, secundaria, terciaria, para subordinar el orden socioeconómico a la lógica de la transnacionalización.
La deuda externa y especialmente pública, creciente desde los tiempos de la dictadura, constituyó un mecanismo privilegiado para asegurar la profundización de la dependencia al capital foráneo.

Nuevo orden.
El tema en cuestión es gravísimo, ya que el macrismo es un nuevo intento político por resolver la cuestión del poder a favor de las fracciones de la burguesía transnacional que actúa en el país. Para triunfar necesitan disciplinar la capacidad de lucha, resistencia y organización de los sectores populares, con larga tradición y fortaleza en el logro de derechos sociales, sindicales y laborales, colectivos e individuales.
La capacidad de disciplinar a trabajadoras y trabajadores se puede lograr con la eliminación de derechos y por eso resulta estratégica la reforma regresiva de la legislación laboral y previsional, generando en simultáneo la posibilidad de recomponer la tasa de ganancia. Es por eso que se proponen derrotar estratégicamente a trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones para desde allí estabilizar el poder en la cúpula.
Asistimos a un nuevo tiempo histórico, donde se procesan reestructuraciones de las relaciones sociales capitalistas, especialmente entre el capital y el trabajo, contra los derechos laborales. Es una tarea que también potencia y profundiza una reforma reaccionaria del Estado para sostener la demanda de mayor ganancias del capital concentrado y promoviendo la subordinación de la Argentina al sistema mundial, atrayendo inversiones y facilitando la movilidad y libertad de circulación del capital. (Rebelión).