sábado, 21 septiembre 2019
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La inseminación artificial del odio

Como no tiene un solo logro económico para mostrar, el macrismo va a ser alarde de su creatividad marketinera para introducir temas que entretengan a la sociedad y la enfrasquen en discusiones que eviten hablar de la caída brutal de salarios y jubilaciones, la inflación galopante, el aumento de la desocupación, el cierre de fábricas o el descenso del consumo entre tantas otras calamidades que derramó sobre la mayoría de los argentinos.
Por esa razón empezó este año electoral con anuncios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al diario Clarín en exclusiva: un proyecto para bajar la edad de inimputabilidad de los menores a 15 años, otro para la expulsión exprés de extranjeros del país y, por el mismo precio, la adquisición de pistolas Taser para las fuerzas federales.
Aclaración imprescindible: que sean anuncios distractivos no implica que se trate de ocurrencias arbitrarias o ideas tomadas al pasar. Nada de eso, las tres iniciativas están en perfecta sintonía con la ideología del gobierno y apuntan a exacerbar la confrontación con el kirchnerismo -su principal adversario electoral- por afuera del territorio de la economía.
Pero también esta estrategia made in Durán Barba viene a atender un reclamo difuso aunque persistente, que se escucha en todas las clases sociales, con relación a la «falta de seguridad». Esta suerte de sordo clamor es fogoneado por los grandes medios de comunicación aliados del gobierno que tuvieron en el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil un estímulo adicional para intensificar sus campañas en favor del endurecimiento de las políticas represivas.
En este caldo de cultivo flotan no pocos dirigentes oportunistas que militan en el «opoficialismo» -una oposición devaluada y funcional al gobierno- que buscan disimular la carencia de caudal electoral propio con discursos estentóreos que alimentan la xenofobia, la demonización de los «pibes chorros» y, como solución final, la mano dura.
Cabalgando sobre esta suerte de «bolsonorización» de la política argentina es que las usinas marketineras del gobierno se proponen eliminar del debate electoral el descalabro económico en que está sumido el país. Es fácil de entender. Les resulta mucho más redituable agitar el fantasma de la delincuencia juvenil y propiciar como chivos expiatorios a los chicos de las villas que hablar del último informe de Unicef que reveló que el 48 por ciento de la niñez argentina cayó en la pobreza. O debatir si la presencia del Estado en los sectores de la población más vulnerable y que pasa más necesidades -y que ha venido aumentando considerablemente en los últimos tres años-, tiene que servir para asegurar condiciones dignas de vivienda, trabajo, salud y educación o para meter bala y descargas eléctricas de alto voltaje ante lo que genera la ausencia de esos derechos.
El discurso belicoso del macrismo es desmentido por las estadísticas relativas a los delitos cometidos por menores o por extranjeros. Los especialistas más respetados y las organizaciones que se dedican a estas problemáticas advirtieron que la exacerbación de la vía represiva no tiene relación alguna con la real magnitud del problema y, además, implica la violación de los derechos más elementales.
Algunos le recordaron al gobierno que, en lugar de terminar con la pobreza como había prometido, con sus políticas económicas no para de aumentarla. También que está cerrando escuelas y con ello afectando la posibilidad de inserción laboral y crecimiento personal de los jóvenes. Pero no son razones que entienda el macrismo enfrascado como está en su cruzada represiva, azuzando prejuicios, inventando enemigos para embarrar el debate y sacar ventaja de un clima de época que ha dejado ver que la inseminación artificial del odio puede rendir frutos electorales.