La Justicia de la conquista del desierto

Otra desilusión bajó del altar de la Justicia. Esta vez el emisario de las malas nuevas fue el juez federal Gustavo Lleral quien cerró la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sobreseyó al único imputado, el gendarme Emmanuel Echazú, y dictaminó que “nadie fue penalmente responsable” del hecho.
Si bien tanto la familia como las organizaciones defensoras de los derechos humanos no guardaban muchas expectativas en la resolución del magistrado, quien siempre estuvo lejos de mostrar ecuanimidad en el desarrollo de las investigaciones, la noticia provocó enorme malestar. Ante la prensa los familiares expresaron su indignación y, además, informaron que el juez, al comunicarle el fallo a la madre de Santiago, se justificó diciendo que estaba siendo “apretado”. La denuncia es muy grave como para ignorarla, más allá de que seguramente la sentencia va a ser apelada.
En el gobierno y los medios oficialistas hubo festejos, degradando la definición poco menos que a una competencia deportiva. “Hoy logramos dar un paso más hacia la Argentina de la ley y la verdad”, dijo eufórica la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En cambio uno de los abogados querellantes no dudó en hablar de un “fallo político, una ofrenda al gobierno”.
Para el juez Santiago Maldonado se ahogó solo, y casi voluntariamente. Decidió ignorar el hecho de que el lugar estaba saturado de gendarmes que entraron a la Pu Lof de Cushamen sin autorización judicial, por lo tanto en colisión con la ley, disparando balas de goma a mansalva, golpeando a los mapuches y destruyendo sus enseres. Es decir, que la muerte se produjera en medio del violento operativo de una fuerza de seguridad, y a causa de ella, no tuvo para el juez ninguna consecuencia penal. Que el gendarme Echazú regresara del río con el rostro ensangrentado, como lo muestra una fotografía, no tuvo relevancia para el el juez.
Muchos elementos probatorios presentados por las querellas fueron desestimados por el magistrado que prefirió concentrarse en los “testimonios de diseño” de los gendarmes. La expresión la acuñó un periodista -que investigó como pocos el caso- en referencia a los enviados del Ministerio de Seguridad que hablaron con los gendarmes antes de su citación judicial y coordinaron ostensiblemente sus declaraciones.
En este punto no puede olvidarse que la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel sigue impune. La causa avanza a paso de tortuga y, a más de un año de su homicidio, no hay un solo detenido a pesar de que está comprobado de que fue muerto por la espalda por una bala de la Prefectura.
La justicia de clase falló otra vez a pedir de boca de los que piensan que no todos son iguales ante la ley, que en la sociedad hay réprobos y elegidos y que los de abajo no tienen que molestar a los de arriba a pesar de que sufran necesidades extremas o reclamen un modesto solar para vivir dentro del enorme territorio que les fuera arrebatado a sus ancestros. Sigue siendo la (in)Justicia de la conquista del desierto, la que demoniza a los pueblos indígenas cuando estos se atreven a levantar alguna reivindicación. Al vencido, ni derechos, dice a plena voz la señora a la que se le cayó la venda.