La libre expresión, animal en extinción

La libertad de expresión, ese insumo básico del debate público, ese ecosistema fundamental para la democracia, se encuentra gravemente contaminada. Una combinación de avances tecnológicos, acrecentamiento de la desigualdad económica, y las cada vez más impunes maniobras de la derecha política, han llevado este derecho constitucional a ser, crecientemente, un arma de los poderosos en contra de los oprimidos. Exactamente el efecto contrario del que se buscaba al implementarla.

Utopía.
A mediados de los años ’80, con la democracia recién recuperada, no fueron pocos quienes -desde un liberalismo político bien entendido- dedicaron su vida a luchar por la ampliación de este derecho fundamental, que ya estaba en la constitución de 1853, pero nunca había tenido vigencia plena. La asunción, acaso utópica, era que cuanto más amplia fuera la protección a la libre expresión, mayor sería la calidad del sistema democrático.
En aquel entonces, la lucha principal se libraba en casos donde funcionarios del gobierno (jueces incluídos) buscaban imponer la censura previa a la prensa; o casos donde los funcionarios o personas de conducta dudosa buscaban enriquecerse cuando eran puestos a la luz por noticias incriminantes; marginalmente, también, la lucha incluía los casos en los que el gobierno usaba la publicidad oficial en forma discriminatoria contra algunos medios independientes.
Más de treinta años después, casi podría afirmarse que todas estas batallas han sido virtualmente ganadas. Hace años que no se da un caso importante de censura previa. El acceso a la información pública viene siendo garantizado por los jueces. La posibilidad de encarcelar periodistas por injurias ha desaparecido. Las demandas económicas por noticias controversiales muy raramente proceden. Y aunque la pauta publicitaria oficial sigue siendo manejada arbitrariamente, la jurisprudencia ya ha condenado estas malas prácticas políticas.

¿Y entonces?
Algo pasó de los ’80 a esta parte. Ese algo se llama Internet, una herramienta formidable para la comunicación universal. Internet es la responsable, entre otras cosas, de que la censura hoy sea virtualmente imposible, ya que la información oculta siempre termina filtrándose por algún sitio web.
El efecto democratizador de la red permitió que, en forma creciente, fueran los propios ciudadanos los que produjeran y difundieran contenidos informativos, tarea que antes estaba casi exclusivamente en manos de los periodistas profesionales.
Según Umberto Eco, las redes sociales de internet permitieron opinar a una “legión de idiotas” sin fundamento alguno, cuyas opiniones se terminan equiparando con la de referentes culturales y políticos de fuste… los que terminan por retirarse de esos foros tóxicos.
Sin embargo, lo más grave de las redes sociales -al menos, como se ha permitido que operen hasta ahora- es el anonimato: la libertad de expresión es un derecho humano, que como tal conlleva una responsabilidad: implica que sea una persona reconocible quien la sostenga. En un foro donde abundan falsas identidades, agitadores políticos pagos, y hasta computadoras que se ocupan de multiplicar mensajes más o menos falsos, con fines partidarios y comerciales, la responsabilidad desaparece.

Tenebroso.
El gobierno nacional argentino, que acaba de dejar en la calle a 357 periodistas profesionales de la agencia oficial de noticias (Télam) mantiene al mismo tiempo, desembozadamente, a un ejército de “trolls” -como son llamados en la jerga estos personajes anónimos a los que se le paga para agitar las redes sociales-. Estos mercenarios se encargan no sólo de influenciar a los potenciales votantes y de enturbiar el debate, sino que también, con sus habilidades informáticas, cumplen un verdadero rol de espías contra políticos opositores y contra la intimidad de los usuarios de Facebook o Tweeter: todo pagado con nuestros impuestos.
El gobierno ni tiene necesidad de censurar las noticias que no le convienen: basta con poluir el ambiente con noticias falsas, que terminan por relativizar -entre los menos informados- casos gravísimos como los funcionarios que lavaron activos en el exterior, o mantuvieron relaciones incompatibles con empresas contratistas del Estado, o están siendo investigados por narcotráfico.
Todo esto ocurre con la inocultable complicidad de los jueces, que no sólo investigan sesgadamente los casos de corrupción, sino que hasta colaboran con estas maniobras de des-información, como lo prueba la filtración de escuchas telefónicas a dirigentes opositores. Hay una explicación para esta conducta: la afinidad ideológica y de clase.
El debate público hoy parece estar definiéndose en las redes sociales, donde gana quien tiene el dinero suficiente para pagar la mayor cantidad posible de “trolls” y “bots”. Y todo esto ocurre en nombre de la libre expresión, ya que, como dijo el sofista juez estadounidense Samuel Alito, las corporaciones tienen derecho a expresarse, y sólo puedo hacerlo a través del dinero: “El dinero es expresión”. Y viceversa.
Si después de tres décadas de lucha, la tan preciada libertad de expresión termina siendo una mercancía mas, que los ricos pueden comprar y acaparar, habrá que pensar en cambiarle el nombre a nuestro sistema de gobierno.

PETRONIO