La megacausa La Perla entra en su etapa final

EN CORDOBA

Es el juicio más importante del interior del país, por la cantidad de víctimas y hechos, en el que se juzga a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “La Perla” y “Campo de la Ribera”.
IRINA SANTESTEBAN
Las causas en las que se investiga, juzga y eventualmente condena los crímenes cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado en nuestro país, siguen su curso. Son una política de Estado, que fue posible gracias a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín-, y los indultos de Carlos Menem, medida tomada por el ex presidente Néstor Kirchner y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la actualidad, bajo la órbita de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, cuyo titular es el fiscal Jorge Auat, es la que se ocupa de llevar los datos y la organización de estos juicios.
Hasta la fecha, sobre un total de 526 juicios, 156 se encuentran ya con sentencia, 244 en la etapa de instrucción, 113 con decreto de elevación a juicio oral y 13 son las causas que hoy se encuentran en pleno debate oral.
En Córdoba, se trata del octavo juicio que se realiza para juzgar a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, que en la dictadura se encontraba bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez. Este militar había recibido el pasado jueves, en La Rioja, su condena número 13, y se espera que la de Córdoba sea la número 14.

Cinco meses de alegatos.
En el día de ayer concluyó la etapa de los alegatos, que había comenzado en noviembre con los abogados querellantes, la mayoría integrantes de organismos de derechos humanos, y continuó luego con los fiscales.
En este juicio, llamado “Megacausa La Perla” por haber sido éste el mayor centro clandestino de detención del interior del país, luego de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires), hay 45 acusados. En realidad había más pero algunos fallecieron durante el transcurso de las audiencias, que comenzaron el 4 de diciembre de 2012.
La de ayer fue la audiencia número 327, por la que pasaron 581 testigos y en la que se incluyeron 716 víctimas, de la cuales 279 están desaparecidas, 71 fueron asesinadas y sus cuerpos fueron recuperados, mientras que 13 fueron muertas luego de sesiones de torturas. También se juzga la sustracción de un menor, el nieto de Sonia Torres, la presidenta de la filial local de Abuelas de Plaza de Mayo. Sonia estaba presente ayer en la audiencia, como lo estuvo en la mayoría de 326 anteriores.

Fiscales.
El equipo de la Fiscalía se integró con tres jóvenes funcionarios judiciales. Encabezado por Facundo Trotta, se integró con Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz, y tuvo a su cargo la exposición de los hechos, en base a las pruebas recolectadas, entre ellas los 581 testimonios. La tarea fue titánica, porque debieron ordenar las declaraciones testimoniales, sin repetir los hechos, pero respetando las particularidades de cada caso, porque cada testigo tenía cosas importantes para aportar a la causa.
Facundo Trotta comenzó a trabajar en esta causa como ayudante de Carlos Gonella y a los pocos días debió reemplazarlo cuando aquél asumió como titular de la Procelac (Procuraduría del Lavado de Activos).
Virginia Miguel Carmona, proviene de la Justicia Federal de Villa María y se incorporó a la causa en junio de 2013.
A ella le tocó hablar, en la audiencia de ayer, de los vejámenes y delitos sexuales cometidos contra las detenidas y también, en ocasiones, contra detenidos varones. En su alegato pidió que estos crímenes sean diferenciados de los tormentos, y expresó que no tener en cuenta esta especificidad de los delitos de índole sexual sería una manera de invisibilizarlos, como lamentablemente ocurriera durante muchos años. “Los delitos contra la integridad sexual provocan un daño tan profundo que perdura en el tiempo, tal como lo relataron aquí las víctimas”, expresó la fiscal Miguel Carmona y se refirió a la cultura patriarcal y machista predominante en nuestra sociedad, que también se dio en los CCD. “Hemos comprobado que se ha violentado a las mujeres en el D2, en La Perla, La Ribera y demás campos de concentración y exterminio” y pidió que se tome conciencia de la gravedad de estos hechos y no se invisibilice lo padecido por las mujeres secuestradas.
Su alegato arrancó un fuerte aplauso del numeroso público, que no se aplacó pese a que el titular del tribunal, Jaime Díaz Gavier, reclamó silencio.
Rafael Vehils Ruiz es el tercer integrante del equipo de fiscales, quien se incorporó a la causa en diciembre de 2014, proveniente de Catamarca, provincia en la que había participado de los juicios por lesa humanidad allí desarrollados, y también en La Rioja.

Presos, pero en la casa.
El acusado principal, Menéndez, se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria, como muchos de los militares que están siendo juzgados en causas similares. Pero ayer, Vehils Ruiz, en el final del alegato, expresó que este beneficio no se otorga automáticamente, sino sólo cuando el estado de salud del detenido así lo justifica y cuando se acredita que requiere un tratamiento médico que no es posible brindar en el establecimiento carcelario en el que se encuentra.
Por ello, pidió al Tribunal que, al dictar sentencia, ordene nuevas juntas médicas en hospitales nacionales para analizar la situación o la enfermedad de quienes se encuentran beneficiados con la prisión domiciliaria. Solicitó que se revoquen todas las excarcelaciones y se dispongan las detenciones de los acusados que se encuentran en libertad. Es que para el fiscal, la elevada condena, aunque no se encuentre firme, aumenta la peligrosidad de fuga del detenido y entorpecimiento de la Justicia, y ese fue el fundamento del pedido de revocatoria del beneficio. Nuevamente esta parte del alegato de la Fiscalía fue aplaudida por el público, ya que la detención domiciliaria es considerada como una suerte de impunidad.

El tribunal.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa (este último en calidad de juez sustituto), tendrá a su cargo la elaboración de la sentencia, la que se espera para el mes de agosto. Antes deben escucharse los alegatos de la defensa de los acusados, que pidieron un lapso de 10 días para comenzar.
La próxima audiencia será el 17 de mayo, y se espera que los defensores pidan la absolución de sus representados. Éstos nunca admitieron su responsabilidad, negaron los hechos y los tormentos, y las pocas veces que han intervenido, lo han hecho para justificar la actuación de las fuerzas de seguridad y los militares en el contexto de “una guerra”.

Penas y delitos.
Los acusados son 45, y para 35 de ellos el fiscal Trotta pidió prisión perpetua. Para los 10 restantes, solicitó condenas de entre 3 y 25 años de prisión.
Para justificar las penas solicitadas para los 45 acusados, la Fiscalía los hizo responsables por los delitos de privación ilegítima de libertad, allanamiento ilegal, usurpación, robo calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, sustracción de menores y tormentos seguidos de muerte.
Trotta mencionó entre otros procedimientos ilegales el allanamiento y usurpación de las empresas Mackentor (construcción), Horcem (caños de cemento) y Edisa (embotelladora del Interior, de la gaseosa Neuss), que eran propiedad del ingeniero Natalio Kejner.
Uno de los condenados a prisión perpetua es Carlos “el Tucán” Yanicelli, quien fuera el tercer hombre en la jerarquía de la Policía de la provincia de Córdoba, durante la gobernación de Ramón Bautista Mestre (1994-1999). Había llegado a ese alto puesto por designación de Oscar Aguad, hoy ministro de Comunicaciones del gobierno de Mauricio Macri, a pesar de sus antecedentes como integrante de la temible D-2 durante la dictadura.

“Hasta cuándo?”.
El final del alegato del fiscal Trotta fue conmovedor. Reflexionó sobre lo que opina una porción de la población, minoritaria, en relación a estos juicios por delitos de lesa humanidad. Se refirió a que esas personas se preguntan: “¿Hasta cuándo?”. Y afirmó: “Yo les voy a contestar esta cuestión. ¿Hasta cuándo? Hasta que se logre el juicio a los socios y cómplices civiles del genocidio. Hasta que se encuentre al nieto de Sonia Torres y todos los chicos que buscan las Abuelas. Y hasta que se ubiquen los restos de los 30.000 desaparecidos”.
Hubo una ovación para ese fiscal y sus dos colegas. Los familiares de los desaparecidos y los sobrevivientes, muchos de los cuales habían sido testigos, agradecían y aplaudían. El agradecimiento se extendía también a los abogados de las querellas. Todo el público pertenecía a este sector damnificado; porque el área reservada para los familiares de los genocidas juzgados también había sido ocupada por la gente de los pañuelos blancos y fotos de los desaparecidos. Los parientes de Menéndez y los demás acusados, hoy condenados, habían faltado a la cita, como siempre. De los 45, sólo cuatro estuvieron sentados en sus lugares, entre ellos, Padován, el resto no se hizo presente.
La audiencia terminó con el público que se retiraba, cantando “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Se fueron sabiendo que el 17 de mayo se verán de nuevo, en la reanudación de las audiencias.