La policía no puede tener "presunción de verdad"
Lunes 04 de marzo 2024

La policía no puede tener "presunción de verdad"

Redacción 21/02/2018 - 01.44.hs

Felicitar a un policía procesado por el uso "excesivo" de la fuerza, demuestra la intención del gobierno nacional de avanzar en políticas represivas, que no reducen la delincuencia y constituyen un peligro para la seguridad de la ciudadanía.
IRINA SANTESTEBAN
Apoyándose en una agresiva campaña a favor de una política criminal de aumento de las penas y "tolerancia cero", como forma de combatir la inseguridad ciudadana, desde el gobierno del PRO-Cambiemos se intenta convalidar cualquier acción violenta e ilegítima de las fuerzas de seguridad.

 

Chocobar procesado.
El policía Luis Chocobar fue recibido y felicitado por el presidente Mauricio Macri por haber ultimado por la espalda a un joven que escapaba luego de asaltar con violencia a un turista. El agente estaba procesado por un juez, por "exceso en la legítima defensa".
Luego, la Sala IV de la Cámara del Crimen convalidó el procesamiento modificando la calificación legal por la de "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber".
Esta resolución de segunda instancia no era esperada por el gobierno, que pretende disciplinar al Poder Judicial en torno a sus políticas, ya sea en materia económica, laboral o punitiva. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se pavoneó en una conferencia de prensa, como promotora de un "cambio" en las "interpretaciones judiciales" que -según su opinión- perjudican a las fuerzas de seguridad. Para Bullrich, "hay un cambio de filosofía a favor de las víctimas y de la policía que cuida a la gente", y dijo que ahora las fuerzas de seguridad van a gozar de la "presunción de verdad", es decir, lo que dice la policía debe ser tenido, prima facie, por verídico.

 

Fusilar por las dudas.
En una columna de opinión en Infobae (18/02/2018), el ex juez federal Eduardo Gerome opinó que Chocobar había actuado bien al matar al ladrón que escapaba, porque así evitó nuevos crímenes violentos, que seguramente iba a cometer en un futuro.
Gerome fue defensor del brigadier Omar Graffigna en el primer juicio a las Juntas Militares, del ingeniero Horacio Santos, que persiguió y mató a dos ladrones que le habían sustraído un pasacasete de su auto, y del ex agente de la DINA chilena, Arancibia Clavel, acusado de haber asesinado en Buenos Aires al general Carlos Prats, ex jefe del ejército durante el gobierno de Salvador Allende en el país trasandino.
Con esos antecedentes, el penalista se muestra en sintonía con Macri y Bullrich, al criticar a los jueces de la Cámara Federal porque al confirmar el procesamiento de Chocobar "pensaron solamente en el delincuente y no en las víctimas". Para justificar la muerte del delincuente, Gerome dijo que si éste hubiera escapado, seguramente "volvería a atacar a víctimas desprevenidas, con lo que hubiéramos tenido que lamentar entonces más muertos o heridos".
Estas declaraciones incitan a la violencia, porque defienden las "ejecuciones preventivas" en manos de las fuerzas de seguridad, que son las que tienen el monopolio de la fuerza pública en un Estado. Sin embargo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, está más ocupado en denunciar al ex miembro de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, por haber expresado que "desea" que Macri se vaya lo más pronto posible.

 

Matriz represiva.
La Argentina tiene una historia de la que aprender, en relación al accionar de las fuerzas de seguridad, si tenemos en cuenta que fueron un brazo activo de la represión ilegal durante la dictadura militar y la vigencia del terrorismo de Estado.
Recuperada la democracia, aunque no sean las mismas fuerzas de seguridad de aquellos años, los frecuentes casos de "gatillo fácil", las torturas en comisarías y en los lugares de encierro, la brutalidad policial en los procedimientos, los autoacuartelamientos con las calles libres para robar, los casos de corrupción y de ligazón con el narcotráfico, etc., nos dicen que estamos muy lejos de tener una fuerza respetuosa de los Derechos Humanos. Y sin respeto a los derechos y garantías de los que gozan todos los ciudadanos, no puede hablarse de "protección", porque disparar para evitar que se fugue un supuesto delincuente, con desprecio del peligro que supone para otros ciudadanos que puedan hallarse en medio de ese tiroteo, no es "cumplir con el deber", como pretende la ministra.
Hasta en su formación inicial, los agentes penitenciarios son educados en medio de la brutalidad y las vejaciones, como se demostró con los hechos recientes ocurridos en La Rioja, en la escuela de cadetes, cuando un joven falleció a consecuencia del entrenamiento salvaje al que fue sometido junto a sus compañeros, de los cuales una docena de ellos debió ser internada.

 

Contra el garantismo.
Ya en 2004 el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg encabezó una cruzada nacional para reformar las leyes en un sentido más punitivista, endureciendo las penas en una pretendida "tolerancia cero" hacia la delincuencia, pero centrando el accionar represivo en la persecución de los jóvenes de las barriadas humildes. Esas reformas no trajeron una disminución en los índices de inseguridad, y provocaron un desorden legislativo en materia criminal, que luego se intentó destrabar cuando Zaffaroni ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e impulsó una reforma integral del Código Penal, que no prosperó por la resistencia de los sectores defensores de la "mano dura", que la calificaron como un "exceso de garantismo".
El presidente de la Nación, para referirse críticamente al fallo de la Cámara Federal sobre el caso Chocobar, dijo que "seguramente Zaffaroni los llamó (a los jueces) para felicitarlos".

 

"Gatillo fácil" y amenazas.
En estos días, en Córdoba se está realizando el juicio oral contra un ex jefe de Policía, por haber amenazado a un periodista, cuando éste cubría un caso de "gatillo fácil".
El acusado es el comisario retirado Juan Carlos Suárez, quien fuera jefe de policía durante el gobierno de José Manuel De la Sota, desde diciembre de 2013 (luego del amotinamiento de los uniformados, que tuvo prácticamente sitiada a la ciudad capital durante una noche en la que se produjeron más de un centenar de saqueos) hasta mediados de 2015.
Los hechos ocurrieron en julio de 2014, cuando un móvil policial persiguió, en un barrio muy humilde de la zona norte de la ciudad de Córdoba, a dos jóvenes que iban en moto a comprar una gaseosa. Los policías les dispararon, hiriendo a uno y asesinando al otro, "Güere" Pellico, para luego "plantarles" un arma y simular un enfrentamiento. Los familiares de los jóvenes denunciaron esta maniobra y el periodista Dante Leguizamón, de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, se hizo eco de esa denuncia. El jefe de policía lo amenazó y presionó a las autoridades de los SRT para que cesaran con las acusaciones a la policía, a pesar que ya había tomado estado público que se trataba de una ejecución y no un enfrentamiento. En una conversación telefónica, Suárez le dijo a Leguizamón, en tono amenazante, que "se iba a encargar" de él, si continuaba con el caso.
Por el asesinato del joven Pellico, los dos policías fueron condenados a prisión perpetua, y hoy Suárez está siendo juzgado en la Cámara Sexta del Crimen por las amenazas a Leguizamón.

 

Demagogia punitiva.
Así calificó el penalista Ricardo Gil Lavedra al intento del gobierno de volver a la "mano dura" en materia penal. Para este ex camarista, que integró el tribunal que condenó a los comandantes militares en el primer Juicio a las Juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y que es el director del programa Justicia 2020 que impulsa el Ministerio de Justicia, es necesario imponer "límites" a las fuerzas de seguridad en el empleo de armas de fuego.
Justo lo contrario a lo que afirma la ministra Bullrich para quien el policía que dispara persiguiendo a los delincuentes, está cumpliendo con su deber, y no hay que condenarlos porque "están trabajando".
Para Gil Lavedra, la solución de este problema (la inseguridad) no puede sostenerse con el viejo y demagógico argumento de que la mayor punición de los delitos y el otorgamiento de más facultades a la policía mejoran la seguridad".
En una columna publicada por el diario "La Nación" el pasado 14/02, expresó que "presumir de modo absoluto que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional". Añadió que para cumplir su tarea de prevenir los delitos, hacerlos cesar y aprehender a sus autores, puede hacer uso de la fuerza, incluso de armas de fuego de poder letal, pero esta fuerza "no puede ser utilizada en forma discrecional ni ilimitada". Y citando las normas de la ley de seguridad interior, sancionada durante el gobierno de Alfonsín, "la fuerza se usa sólo cuando sea estrictamente necesario y las armas de fuego constituyen una medida extrema en caso de resistencia armada o de peligro para la vida y de que no pueda detenerse al delincuente con medidas menos graves".
No son declaraciones de Zaffaroni, el "cuco garantista" que tanto ataca el macrismo, sino de un funcionario de este gobierno.

 

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