miércoles, 16 octubre 2019
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«La privatización de la política»

Esta expresión pertenece a Fernando «Pino» Solanas y fue pronunciada cuando dio su voto negativo al proyecto, finalmente aprobado en el Senado, que habilita a las empresas privadas intervenir en la financiación de las campañas electorales. Su compañera de bancada, Magdalena Odarda, que también se opuso, expresó que la iniciativa está promoviendo «la cooptación del poder político por parte del poder económico». El bloque kirchnerista sumó su desacuerdo y se retiró del recinto a la hora de la votación por lo cual la aprobación del proyecto de Cambiemos corrió por cuenta del oficialismo y del peronismo «dialoguista» que comanda Miguel Pichetto.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, en una iniciativa largamente acariciada por el macrismo porque implica la habilitación legal a una fuente de financiamiento que siempre, aquí y en el mundo, benefició a las expresiones políticas de la derecha.
Este mismo debate tuvo lugar hace una década en Estados Unidos en donde el Partido Republicano logró vencer al Demócrata en el Congreso con un proyecto similar. Esa avanzada conservadora llegó incluso a la Corte Suprema en donde con una estricta mayoría de cinco votos contra cuatro, el sector más conservador estableció la constitucionalidad de la ley que permite a las corporaciones económicas aportar dinero en las campañas electorales. Esa sentencia que respaldó el cambio en la legislación despertó el enojo del entonces presidente Barak Obama quien afirmó que con la nueva norma «el poder económico va a terminar secuestrando a la democracia» en su país.
El mismo retroceso institucional está ahora dando sus primeros pasos en Argentina. Y desconcierta el hecho de que las fuerzas políticas que se dicen populares como el peronismo y el radicalismo se hayan convertido en dóciles instrumentos de un espacio que, como el macrismo, representa los intereses de la elite económico-financiera.
En el debate del Senado, el denominado peronismo «racional» volvió a mostrarse funcional a este gobierno conservador, que no logra explicar las groseras irregularidades en el financiamiento de sus campañas electorales de 2015 y 2017. En la causa por los «aportantes truchos» que se tramita en la Justicia, un periodista de La Nación relató que hubo «bolsos con dinero» y que el hoy Presidente de la Nación le pidió a los empresarios que aporten «el 1 por ciento de sus ganancias» en efectivo y en negro, porque bajo su gobierno sus compañías «van a aumentar su valor».
La actual legislación permite el aporte de particulares a los partidos políticos, de ahí que no haya impedimentos para que un empresario, a título personal y al igual que un trabajador o un jubilado, realice una donación económica al espacio político de su preferencia. Muy diferente es el caso de las compañías, porque éstas no son sujetos políticos como las personas sino sociedades con fines de lucro. La senadora Odarda advirtió: «si una campaña es financiada por la Barrick Gold, Monsanto, el JP Morgan o Bayer, van a buscar algo a cambio, porque no ponen dinero por puro amor a la democracia». Y Solanas completó: «el voto y los dirigentes serán rehenes de la corporación que financie su partido».
Lo que hoy logró el macrismo en el Senado es convalidar un sistema de aportes económicos que ya vienen recibiendo del mundo empresarial. Pero hasta ahora debieron hacerlo con dinero en efectivo y en negro porque la ley invalida esas donaciones. Esa y no otra es la verdadera razón por la cual el dinero recibido no estuvo bancarizado.
Algunas voces han advertido que son muchos los países que están recorriendo el camino inverso en virtud de los fuertes condicionamientos que las grandes compañías imponen con sus aportes a los partidos políticos. En Argentina, en tanto, avanza este cambio retrógrado y peligroso.