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La regresión

Se veía venir. La decisión del gobierno provincial de retornar a la fase 1 en el conglomerado Santa Rosa-Toay y Macachín no sorprendió demasiado. Ya Catriló, la puerta por donde ingresó el Covid-19 a La Pampa, estaba bajo ese régimen por el elevado número de contagios y contactos estrechos.
La rapidez asombrosa de propagación de la enfermedad se sumó a la conducta negligente de una «minoría irresponsable» -tal la expresión que usó el gobernador ante el periodismo- para ponernos otra vez como al comienzo de esta odisea allá por el mes de marzo. Pero con un agravante: el virus tiene ahora circulación local y por lo tanto el escenario que se plantea es más sombrío.
Los primeros embates de la enfermedad fueron puntuales y comprendieron un número muy reducido de personas a las que inmediatamente se detectó y aisló. El primer caso se recuerda muy bien por el alto nivel de conciencia social del afectado que, apenas llegado del exterior, dio aviso a las autoridades sanitarias que tomaron los recaudos necesarios. Ese buen ejemplo no fue tomado en cuenta por quienes, ahora, mostraron un comportamiento opuesto: se expusieron voluntariamente al virus con salidas clandestinas de la provincia y al regresar no adoptaron medidas de cuidado. Para peor, tomaron contacto con gran cantidad de personas propagando el virus entre nosotros. Esto es lo que provoca, a la vez, consternación y enojo, pues el contagio no tuvo lugar por una actividad económica o sanitaria sino por violar la ley.
El número de contagiados, hisopados y contactos estrechos está siendo monitoreado muy de cerca por las autoridades sanitarias porque de su evolución depende la mayor o menor duración y severidad de las medidas preventivas. Es sabido que, mientras se espera el desarrollo de una vacuna -que ya está probándose en humanos-, la distancia social es la principal estrategia para contener la difusión de la enfermedad. Eso está probado aquí y en todo el mundo.
Con el regreso a la fase 1 se pretende limitar al máximo la circulación de personas en la vía pública y con ello contener la transmisión viral. La medida no es simpática para el gobierno ni para la sociedad, y menos todavía para las actividades económicas más afectadas como el comercio, la industria y los trabajadores independientes. La cohesión social está en tensión quizás como nunca antes en la historia moderna de esta provincia. El disgusto comprensible de los perjudicados va a buscar canales de expresión, lo cual no es negativo en sí mismo. Sí lo es si se traduce en conductas públicas agresivas o irresponsables con llamados a concentraciones de personas para manifestarse contra las medidas sanitarias.
El debate, que cobró mucha fuerza a nivel nacional y que hasta ahora seguíamos a través de los medios porteños, se instaló entre nosotros. Las voces interesadas que buscan confrontar, como términos antagónicos, a la salud pública y a la actividad económica no van a faltar. La responsabilidad social va estar en el centro de la escena política y tendremos la oportunidad de ver con qué niveles cuenta la sociedad pampeana. Por lo pronto, la denuncia que afecta a dos jueces y un fiscal obrará como testeo. Un funcionario del Poder Ejecutivo involucrado en el caso fue inmediatamente despedido por el gobernador. La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo actuará el Poder Judicial?