La runfla del 4G y el proyecto de Empatel

I - En la semana los pampeanos tuvimos oportunidad de conocer, por parte de uno de sus actores principales, el drama de las dificultades que atraviesan las cooperativas pampeanas para lograr entrar, de pleno derecho, como prestadoras del servicio de telefonía móvil. Un empresario que hizo profesión de fe macrista y apoyó al presidente antes y después de su llegada al poder, lo acaba de denunciar por el uso extorsivo de la justicia. El empresario, dueño de América TV, cuya esposa no dudada en decir al aire en sus canales que Mauricio y Juliana eran una pareja "blanca, pura" que iba a barrer la "mugre" kirchnerista de la Casa Rosada, explicó en uno de sus programas otrora hiperoficialista y ahora panquequeado, con lujo de detalle, como Macri cuando asumió como presidente, le pidió que le entregara "su" frecuencia de telefonía celular 4G para dársela a Clarín y, como se negaba, le armó una causa judicial como la que le armaron a los directivos de C5N.

II - A diferencia de los dueños de C5N, el empresario ahora denunciante le dio a Macri lo que éste le pedía y, a cambio, el presidente instruyó al Procurador para que no siguiera impulsando la denuncia que le había armado en contra del empresario díscolo. Más allá de las reflexiones que merece que un propietario de medios de comunicación haya ocultado a la ciudadanía semejante delito que involucraba nada menos que al presidente de la República, a los pampeanos nos confirma las sospechas sobre la trama de intereses inconfesables que se mueven detrás del negocio de las comunicaciones. Lo que cuenta el empresario es lo mismo que contaron otros dueños de medios de comunicación que hoy están presos con causas armadas y da una visión, desde adentro de esa runfla, de cómo es el mecanismo que el macrismo armó para maniobrar el otorgamiento de frecuencias a sus amigos y privar de ellas, entre otros, al movimiento cooperativo pampeano. En realidad, lo explicó luego la abogada Graciana Peñafort, la frecuencia que el empresario de América reivindica como propia le fue quitada por falta de pago correspondiente durante el kirchnerismo (de allí se explica su odio hacia ese gobierno) y le fue otorgada, por ley de noviembre de 2015, a Arsat y entre otras, a las cooperativas.

III - El gobernador electo acaba de recordarlo por estas horas al denunciar que esas frecuencias que son el motivo de la grave acusación contra el presidente son las que La Pampa reclama legalmente para iniciar su proyecto de prestación de servicios de celulares estatal-cooperativo. Ese proyecto pampeano tiene como eje a la empresa Empatel que, asociada al movimiento cooperativo, conforma un modelo único en el país para la prestación de servicios de comunicaciones en manos del Estado y de los usuarios que las grandes corporaciones, y los gobiernos asociados a ellos como el macrismo, que hoy manejan monopólicamente esos servicios, ven como un peligroso precedente en un país como la Argentina donde, hasta hace algunos años, la telefonía era un monopolio estatal a través de la recordada Entel.

IV - En la semana, la denuncia de vecinos por la utilización peligrosa de agroquímicos en Miguel Riglos le costó el cargo al titular de Agricultura, la autoridad de aplicación en estos casos. La actitud del desaprensivo productor que fumigaba presuntamente con 2,4D al lado del pueblo, más aún, cerca de la planta potabilizadora de agua, movilizó al vecindario y abrió nuevamente el debate sobre el uso de los agroquímicos y el papel del Estado para regular y controlar que ese uso no afecte la salud de la población. La Pampa ha mostrado voluntad de avanzar sobre ese necesario marco regulatorio al prohibir meses atrás la circulación de maquinaria involucrada en la tarea de fumigación y el almacenamiento de agroquímicos en los centros urbanos y, más recientemente, al prohibir una de las variedades del 2,4D más volátiles. Pero esa voluntad política no se tradujo en este caso en un actuar diligente de la autoridad de aplicación, la dirección de Agricultura que, admitió su titular, carece de un protocolo de intervención para estos casos. La renuncia del director confirmó que el tema del uso de los agroquímicos, y su impacto en el ambiente y la salud, es monitoreado directamente desde los más altos niveles del poder político de la provincia, pero contrastó con el extraño silencio de buena parte del espectro político (La Pampa tiene un senador oriundo de la localidad fumigada) y de buena parte del periodismo lugareño que hizo un curioso mutis. (LVS)