La seguridad quedó en orsay

El gobierno de Cambiemos fue el que enarboló con más fuerza, entre todos sus pares desde el retorno de la democracia, el discurso duro de la seguridad. Fue el que más promesas formuló en la materia, el que más presupuesto invirtió y hasta llegó al extremo de buscar asesoramiento en el exterior -Estados Unidos e Israel- y reinstalar un paradigma que se pensaba superado: el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas que le competen a las fuerzas de seguridad. Todo ello acompañado por un endurecimiento de las posturas en relación con la protesta social y la política migratoria que se tradujeron de inmediato en desmesurados operativos de represión con tropas pertrechadas como si tuvieran que combatir con un ejército extranjero.
Las consecuencias no tardaron en llegar. La muerte de Santiago Maldonado en un operativo de la Gendarmería en Chubut y, poco después, la de Rafael Nahuel bajo una bala de la Prefectura, en Bariloche, marcaban la nueva tendencia represiva en la que también descollaban los casos de gatillo fácil. El más resonante fue el del policía Luis Chocobar ultimando por la espalda a un asaltante que escapaba, un ejemplo que luego se replicaría en el Conurbano bonaerense, Tucumán y otros sitios del país pero ya no con ladrones sino con personas “confundidas” como tales. Claro, el presidente de la Nación y la ministra de Seguridad habían elogiado a Chocobar, se habían fotografiado con él y lo habían elevado a la categoría de héroe justiciero.
En los últimos días volvieron a verse casos parecidos. Primero en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y luego en la periferia de la Ciudad de Córdoba se registraron dos muertos en incidentes con la policía, en ambos casos baleados por la espalda; los dos eran jóvenes de condición humilde y pertenecían a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); frente a los nuevos estándares es suficiente como para convertirse en un blanco móvil de una fuerza de “seguridad”.
Este fin de semana tuvo lugar un caso escandaloso de violencia en el fútbol en el marco del clásico Boca-Ríver en la ciudad de Buenos Aires. La agresión al ómnibus, que todo el mundo pudo ver repetido hasta el hartazgo por las pantallas de TV, dejó ver que se trató de una ineptitud garrafal en los responsables de garantizar la seguridad de deportistas y espectadores. Pocos días antes la ministra Patricia Bullrich había fanfarroneado ante el periodismo diciendo que la seguridad del espectáculo era poco menos que un juego de niños; por esos días el presidente había buscado sacar provecho político del show arengando a los clubes para que el partido se juegue con presencia de hinchada local y visitante. La idea afortunadamente no prosperó y hasta mereció serios reproches por la incursión del jefe del Ejecutivo nacional en un terreno del todo ajeno a su competencia.
La indignación popular ante semejante demostración de incompetencia fue tan grande que no tardaron en trabarse en fuertes acusaciones cruzadas los socios políticos de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires en búsqueda de salvar, cada cual, la ropa. Al percatarse del bochorno que estaban protagonizando, decidieron finalmente ponerse de acuerdo para echarle la culpa a… la violencia de los hinchas. Sí, se puede.
En vísperas de la Cumbre del G-20, y con un partido que sería televisado a decenas de países, todo el mundo está con los ojos puestos sobre la Argentina. Si no fuese tan grave sería gracioso que lo que más preocupa ahora es, justamente, la ausencia de seguridad frente a la impericia mostrada por las autoridades nacionales y de la Capital Federal. El gobierno que pretende convertirse en garante de la seguridad pública y no ahorra recursos económicos para armar hasta los dientes a las tropas entrenadas por asesores norteamericanos e israelíes quedó expuesto en toda su desnudez.