La trascendencia de un juicio

El juicio a los policías que se rebelaron en diciembre de 2013 permite recordar aquellas aciagas jornadas y revivir, a través de los testimonios, los violentos episodios que tuvieron lugar en Santa Rosa.
En verdad lo que sucedió en nuestra capital fue un reflejo inmediato de lo que había comenzado unos días antes en Córdoba y luego se extendió por 21 provincias más. Sólo la Capital Federal Santiago del Estero y Santa Cruz se vieron libres de los alzamientos, lo cual da una idea de la enorme magnitud que alcanzó la rebelión policial en todo el territorio nacional. Por esos días de tanta tensión el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunciaba públicamente que se trataba de "una acción orquestada y manipulada para someter al poder político". Hoy, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, no parece difícil coincidir con esas expresiones, sobre todo cuando se recuerda el saldo trágico de una veintena de muertes, dos mil negocios saqueados y una estimación por parte de varias cámaras empresariales de casi 600 millones de pesos en pérdidas.
El fiscal general a cargo de la acusación calificó a la revuelta de "violenta" y "hostil" y enfatizó que los policías al alzarse contra la autoridad dejaron "desprotegida" a la ciudad en un "contexto nacional con reclamos similares en otras provincias". Al día siguiente, al brindar su testimonio, el entonces jefe de la policía pampeana coincidió con el cuadro de gravedad que trazó la fiscalía al recordar que "no fue una irrupción pacífica" y que, con la toma de la Jefatura, el Cecom y la Dirección de Comunicaciones, los sediciosos lograron interrumpir la línea 101 de emergencias lo cual, en los hechos, significó crear en la ciudad una zona liberada para la actividad delictiva. Entre otras cosas recordó también que con mucho esfuerzo logró evitarse una situación de saqueo en uno de los supermercados de la ciudad. Por su parte, el testimonio de quien fuera gobernador en esas horas apuntó en la misma dirección. Dijo que se sintió extorsionado por los cabecillas de la rebelión y que la capital pampeana quedó "desprotegida e indefensa".
Aumento salarial, mejoramiento de las condiciones laborales y el descabezamiento de la cúpula de la fuerza fueron las banderas que alzaron los policías autoacuartelados. Si bien los dos primeros reclamos pudieron haber tenido sustento, lo que surge como inexcusable es la forma violenta empleada por los sediciosos para llevar a cabo sus planteos. Una fuerza civil, armada por el Estado para combatir el delito, no puede dirigir su poder de fuego contra las autoridades legítimas. El uso de la violencia armada para respaldar un reclamo sectorial no puede tolerarse en el marco de la institucionalidad. De ahí que este juicio adquiera una gran trascendencia pues se trata, nada menos, de demostrar la capacidad de defensa que tiene la sociedad amparada por su Constitución.
En la historia de nuestro país abundan los alzamientos armados contra los gobiernos legítimos. Es un pasado al que nadie quiere volver. La inmensa mayoría de la sociedad argentina eligió la vía democrática para vivir y dirimir sus conflictos.