La batalla judicial por el petróleo

I - Una investigación periodística permitió descubrir que la provincia afronta desde hace dos años una batalla judicial contra la empresa petrolera que pretende incumplir el contrato que firmó hace más de una década para la extracción de ese recurso del área Medanito. La petrolera se comprometió entonces a pagar a un monto mensual que se calculó en base a una canasta de cotizaciones internacionales del barril que ahora no quiere respetar. Hace dos años, durante la anterior gestión, liquidó dos meses de acuerdo a una interpretación caprichosa del contrato que reducía el valor del crudo en detrimento de los intereses de los pampeanos. El gobierno de entonces inició inmediatamente la vía de apremio que se resolvió en primera instancia favorablemente para la provincia. No obstante luego la empresa apeló y la Cámara consideró que la provincia había incurrido en un error formal que invalidaba el apremio. El tema está ahora para que lo resuelva el Superior Tribunal de Justicia.
Lo extraño del caso es que, tanto la administración anterior que inició la causa, como la actual que la recibió, ocultaron al público la existencia del proceso judicial que ha sido con justeza calificado como el inicio de la "batalla judicial" por el petróleo. Una batalla a la que el gobierno le temía aunque sin decir por qué. Ahora -recién ahora- que los pampeanos se desayunan con el traspié judicial en segunda instancia y el juicio salió a la luz, se tienen elementos para entender en parte algunas de las recientes actitudes del gobierno. Desde el envío del proyecto afín a las pretensiones de la empresa, hasta la saludable decisión de hacer de esto una "política de estado" que involucre a la oposición tanto como al oficialismo.

II - La omisión de informar la causa judicial por el canon petrolero no permitió, entre otras cosas, que la ciudadanía pudiera poner en contexto el envío a la Cámara de Diputados del proyecto oficial para modificarle el contrato a la petrolera a la medida de sus pretensiones.
El envío de ese proyecto _ahora sabemos_ se hizo en medio de un litigio judicial que la empresa se ganó -o buscó, sospechamos ahora- porque consideraba que el gobierno le estaba cobrando de más. Aunque la petrolera lo hizo sin ningún fundamento legal porque estaba atada a un contrato al que no había renunciado, que el gobierno haya enviado ese proyecto tratando de legalizar esa ilegal pretensión empresaria, resulta una actitud contradictoria con el inicio de la vía de apremio realizada por la anterior gestión.
Porque mientras aquélla exigencia judicial a la empresa fue un acto de firmeza oficial, el envío del proyecto podría leerse ahora como una señal de debilidad oficial de quienes, creyendo que van a perder el juicio que aún no se perdió, acceden a las pretensiones de la empresa.
No sabemos cuál fue la intención de los asesores al recomendarle al gobernador enviar ese proyecto. Sea cual fuere, una cosa es cierta: su envío no solo es, como decimos, una muestra de debilidad de un gobierno que tiene un contrato firmado con una empresa que no tiene nada para justificar su pretensión, sino también, y esto puede ser más grave, un precedente que debilita la posición judicial oficial pese a la contundencia de un contrato firmado. Aún así se corre el riesgo de que el estado provincial caiga víctima de la "inseguridad jurídica", ese fantasma que agitaron durante años las empresas privadas pero que hoy vemos con temor, amenaza los intereses de la provincia.