La corporación política

I – La semana que hoy termina vio cómo, finalmente, primó la actitud corporativa y los diputados radicales salieron en bloque a respaldar a su par Silvia Petitti a pesar de su difícil situación y de haber incurrido en desprolijidades que podrían encuadrarse como delitos al emitir decenas de cheques sin fondos por una muy elevada suma de dinero.
Desde hace varios días los diputados radicales son inhallables para los periodistas de este y otros medios. Se trata de una conducta inusual en legisladores y dirigentes políticos para quienes una de las mayores preocupaciones -muy atendibles- es comunicar sus actos a la población a través de los medios. Pero luego del escueto comunicado de prensa emitido el martes en donde en bloque expresan su respaldo a su cuestionada colega, nadie se atrevió a dar la cara ante un micrófono o una cámara. Ni siquiera para responder lo que todos advierten en el ambiente político lugareño, que la sostuvieron en el cargo porque su renuncia o licenciamiento habilitaría el ingreso de una mujer del Fregén y, por lo tanto, la UCR vería perder una banca.
Así, un mezquino cálculo político se impuso sobre una cuestión de fondo: la transparencia en las actuaciones de las mujeres y los hombres públicos. Ese tema, precisamente, no habría estado ausente en las ásperas discusiones internas que desembocaron más tarde en el emblocamiento de todos los legisladores de la UCR, porque la ley obliga a quienes asumen un cargo en el Estado a presentar una declaración jurada de bienes en donde deben especificarse no sólo sus activos sino también sus pasivos, es decir, sus deudas. Y es muy sabia la ley en ese punto. No sólo se pueden incrementar en forma irregular los activos de un funcionario a su paso por el Estado (hay ejemplos de sobra en nuestra provincia y hasta condenas por enriquecimiento ilícito); sino también se pueden evaporar las deudas, lo cual configura un accionar tan condenable como el caso anterior. Por eso, como ya dijo este diario, la situación irregular de la legisladora piquense -que fue expuesta por, nada menos, el Banco Central- la torna muy vulnerable y la expone innecesariamente a la sospecha pública. ¿No hubiera sido más transparente una renuncia o, al menos, una licencia para arreglar su entuerto y sólo después regresar a su cargo una vez que sus cuentas y su situación bancaria -y legal- estuvieran resueltas y definitivamente aclaradas?
Pero ello no ocurrió; los diputados radicales prefirieron la defensa corporativa de su colega, derrochar caudal político y aparecer, ante una ciudadanía pampeana ávida de gestos éticos y ejemplificadores, como exponentes de lo que ellos mismos -obedeciendo a una vieja y saludable tradición de la UCR- siempre cuestionaron y condenaron al anteponer el interés particular por sobre el general. En este punto, precisamente, está la razón por la cual no hubo nadie del bloque que quisiera dar la cara para afrontar un mínimo cuestionario periodístico.

II – Un duro golpe recibió la lucha de los empleados estatales por sus reivindicaciones y el pase de los trabajadores que revisten en la Ley 2343 al régimen laboral de la Ley 643. El vicegobernador de la provincia informó que ninguno de ellos mostró el mínimo interés por capacitarse. Ni siquiera uno solo, entre miles, consideró el beneficio del ofrecimiento de becas, a cargo del Estado, para poder mejorar el nivel de instrucción y, por lo tanto, la aptitud para un mejor desempeño laboral. Ese desinterés, esa desidia, es la peor contrapropaganda frente al reclamo gremial y de los mismos implicados, y no hace más que fomentar entre la población que no vive del Estado un discurso descalificador que, en este caso, encuentra un justificativo evidente.
Es de aguardar, tanto de parte de las autoridades provinciales como de la dirigencia gremial, una urgente e intensa campaña educativa y de esclarecimiento entre estos empleados a fin de que tomen conciencia de que la voluntad del Estado para que conserven sus puestos de trabajo y que incluso puedan mejorar sus condiciones laborales bajo el sistema de la Ley 643, es un esfuerzo colectivo que hacen todos los pampeanos que sostienen con sus aportes el tesoro público, de donde salen los dineros que alimentan sus salarios.

III – Otro capítulo de la larga odisea de las niñas D. y S. se registró esta semana. La primera de ellas regresó con la familia que la crió y educó desde que fuera entregada por su madre biológica. La medida de la jueza interviniente contradice a la titular del Juzgado de la Familia y el Menor que la había extraído de ese hogar para entregarla a otro. Ahora se produce el ansiado regreso pero con un muy alto costo: la familia de crianza denunció que la niña volvió con un agudo cuadro de alteración nerviosa. Semejantes turbulencias en la vida de la pequeña no son gratuitas y hoy está sufriendo las consecuencias. ¿Quién se hará cargo de la violencia institucional que se ejerció sobre ella? ¿Habrá consecuencias para la jueza responsable de tomar decisiones tan desacertadas como perjudiciales?