La Corte ante la renuncia de Fayt

Con la renuncia del más antiguo de sus miembros, se cierra con una nota discordante el que fuera el período más estable, extenso y progresista en la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le corresponderá al próximo gobierno recomponer -y, de hecho, reformular- el diezmado tribunal, cuya continuidad fue brutalmente truncada por la muerte de dos de sus miembros, la renuncia de otros dos, y la actitud obcecada y antidemocrática de la oposición política.
Nunca hubo una Corte que se mantuviera durante tanto tiempo con la misma formación. Tampoco hay recuerdo de una conformación que, como ésta, haya producido tal número de avances progresistas con sus fallos, incluyendo la consolidación de la libertad de prensa, la desincriminación del consumo de estupefacientes, y en general, la ampliación de derechos individuales para los ciudadanos. Para no hablar de su moderna concepción de los derechos de segunda y tercera generación, como los de los jubilados, o la cuestión del medio ambiente.
Sin embargo, este fin de ciclo deja el sabor amargo de comprobar que, una vez más, se repite el círculo vicioso político según el cual, la conformación de la Corte resulta un mero reflejo de las relaciones y tensiones políticas coyunturales. Lo ideal hubiera sido que -como ocurre en los países con tradiciones de estabilidad institucional más extensas y consolidadas del planeta- el más alto tribunal judicial representara una continuidad, que no de otra cosa se trata la “seguridad jurídica” que con tanto fervor reclaman los empresarios.
El ciudadano argentino se encuentra, ahora, no sólo frente a la incertidumbre de quién encabezará el próximo gobierno, y de si se mantendrán las conquistas sociales y el crecimiento económico logrado; tampoco sabe si el futuro tribunal supremo no experimentará un giro hacia la derecha que pueda poner en riesgo o dar marcha atrás en la conquista de derechos individuales básicos por los que se luchó durante décadas.
Le cabe a la oposición política -que integran varias fuerzas con tradición y discurso institucionalistas- la vergüenza de haber repetido una vez más este ciclo pernicioso, por el mero capricho de no permitir al actual Poder Ejecutivo Nacional el ejercicio de su básica potestad constitucional de proponer los miembros de la Corte para su tratamiento y eventual aprobación o rechazo en el Senado. Esta actitud arbitraria no sólo ha resentido seriamente el trabajo del tribunal, sino que carece de todo fundamento empírico, ya que si algo no se puede reprochar a las autoridades del actual ciclo político, es haber designado ministros adictos en la cúpula del Poder Judicial.
Párrafo aparte merece el ministro que acaba de renunciar, cuya destacada -aunque dispar- trayectoria se ve empañada por sus últimos actos institucionales. La palabra “cuidado” viene a la mente: un juez está para cuidar los derechos de los ciudadanos; una persona de 97 años no puede cuidar a nadie, está para ser cuidada. La actitud de disponer que su renuncia tenga efecto recién al día siguiente de terminar el mandato de la actual presidente, revela a las claras una actitud de confrontación, de desafío, de chicaneo burocrático, impropias de un juez que debería mantenerse en todo momento por encima de esas innecesarias provocaciones políticas.
En momentos de incertidumbre como éste que nos vuelve a regalar la inmadura clase política argentina, es bueno recordar de dónde venimos. Cómo era el tribunal superior nacional antes de la conformación que acaba de desbaratarse: una Corte integrada por algunos ministros genuflexos, otros con antecedentes fascistas, otros directamente mediocres, varios de los cuales terminaron justamente destituidos por su mal desempeño. Es de esperar -y de exigir- que no se retroceda a ese ominoso pasado.