La Corte Suprema cuestionó la actuación de un fiscal cordobés

La medida se tomó por las irregularidades que se cometieron en la investigación de la muerte de un policía, a quien se estaba investigando por supuestos vínculos con el narcotráfico. Lo defendió el gobierno de De la Sota.
IRINA SANTESTEBAN
La causa de los “narcopolicías” en Córdoba, fue un duro golpe para el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, cuando a fines del año pasado el periodista Tomás Méndez denunció en su programa de televisión “ADN”, los vínculos de altos jefes policiales con el narcotráfico. Esas acusaciones dieron impulso a la investigación que llevaba adelante el fiscal federal Enrique Senestrari, quien ordenó la detención de una decena de policías, entre ellos Rafael Sosa, el jefe de la División Lucha contra el Narcotráfico, de la fuerza de seguridad de la provincia.
Semejante escándalo le costó al gobierno las renuncias del ministro de Seguridad, el ex comisario Alejo Paredes, de fuertes vínculos con el FBI, la DEA y el Mossad, y del jefe de Policía, Ramón Frías. Ambos funcionarios eran cuestionados desde hacía años por organismos de derechos humanos por la política represiva de la fuerza provincial.
A los pocos días de las detenciones, apareció muerto un uniformado, Juan Alós, quien estaba incluido en la investigación del fiscal Senestrari e incluso había sido convocado a declarar, y debía hacerlo el mismo día en que se lo encontró sin vida.

El caso.
En las cercanías del observatorio de Bosque Alegre, a unos 50 kilómetros de la capital, se encontró su auto y en su interior, Alós estaba muerto con un disparo en la cabeza. El fiscal Emilio Drazile, de Alta Gracia, fue quien intervino en primer término, y su accionar fue luego muy cuestionado por no seguir los protocolos en materia de preservación de la prueba. Drazile abrió el auto, apagó el motor, no esperó a la llegada de los expertos de Policía Judicial para actuar en la escena del hecho y luego entregó el auto a un jefe policial que ordenó lavar su interior, en una flagrante falta.
La viuda de Alós, la policía Roxana Luna, declaró a la prensa que su marido había visto el programa “ADN” y que le había dicho que “iba a decir todo lo que sabía” acerca de la investigación sobre los vínculos de algunos policías con el tráfico de drogas en la provincia.
Pese a que Senestrari pidió a Drazile que le remitiera las actuaciones porque consideró que tenían relación con la investigación que él lleva adelante en la causa de los “narcopolicías”, el fiscal provincial insistió en continuar con el expediente y a los pocos meses, cerró la causa por considerar que Alós se había “suicidado”.

Marcha atrás.
Al apelar esa resolución, Senestrari llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde ésta resolvió finalmente en consonancia con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ordenando que la causa por la muerte del efectivo Alós debe ser investigada por el fiscal federal, por tener relación con la causa que éste lleva adelante, y en la que se intenta determinar la vinculación de jefes policiales de la provincia con el narcotráfico.
La resolución de la CSJ es muy breve, pero remite al extenso dictamen de Gils Carbó, quien en abril había vertido términos durísimos para con la investigación de Drazile, expresando que “el contexto fáctico en que sucedió la muerte (de Alós) aconseja la profundización de la pesquisa hacia la hipótesis de un eventual homicidio”, como parte de “un eslabón más de los hechos de complicidad policial en el tráfico de estupefacientes”.
Para la máxima autoridad nacional de los fiscales, el funcionario judicial cordobés habría cometido varias irregularidades como la de aparecer en la ruta a las 4.30, en el lugar del hecho, apagar el motor y quitar las llaves del Renault Clío, en el que se encontraba el cuerpo sin vida del supuesto suicida. También cuestionó que el auto hubiera sido lavado por dentro, luego que Drazile lo entregara a un jefe policial.

Pedido de Jury.
Los legisladores del Frente Cívico de Córdoba, que lidera el senador Luis Juez, en conferencia de prensa, pidieron la destitución del fiscal Drazile por su participación en la causa Alós.
Liliana Montero y Ricardo Fonseca ya habían pedido el Jury del fiscal el año pasado, cuando se negó a remitir la causa a la Justicia Federal, e insistía con la hipótesis del “suicidio”.
El juecismo le adjudica al fiscal provincial una conducta “incompatible con la aptitud e idoneidad exigida para la correcta administración de Justicia” y consideran que su accionar fue ostensiblemente irregular, pues lo hizo “contrariando normas de investigación elementales; omitiendo cumplir con su obligación funcional de buscar la verdad real a través de la recolección de prueba y aplicar la ley, al tiempo que no respetó el criterio de valoración de la prueba basado en la sana crítica racional”.
Con estas duras declaraciones los legisladores juecistas consideran que Drazile está incurso en la causal de destitución por “mal desempeño” de sus funciones, al omitir “realizar actos conducentes a la averiguación de los hechos investigados, existiendo falta de correspondencia entre las constancias de autos y las conclusiones del fiscal”.
Afirman que el funcionario judicial no investigó debidamente el hecho y que insistentemente ha calificado el hecho como un “suicidio” cuando hay muchas pruebas y declaraciones que no condicen con dicha definición, y que hacen presuponer que las circunstancias de su muerte fueron, como mínimo, muy “sospechosas”.

Defensa corporativa.
Inmediatamente de conocida la resolución de la Corte, de manera categórica, el gobierno provincial y el Poder Judicial, salieron a defender la actuación del fiscal Drazile. En el caso de Oscar González, hoy legislador, pero al momento de la muerte de Alós, jefe de gabinete de De la Sota, es entendible, pues era parte de esa administración. Además, al poco tiempo tuvo que presentar su renuncia por el levantamiento policial del 3 y 4 de diciembre, cuando las fuerzas policiales de Córdoba se acuartelaron y dejaron a la población a merced de la delincuencia. Una de las hipótesis de los motivos de ese amotinamiento, además de los bajos salarios que percibían los agentes policiales, fue la probable “falta de caja” de la policía, ante el descabezamiento de los que actuaban en presuntos vínculos con los narcos.
Para la legisladora Montero, es “preocupante” la supuesta “connivencia” de la Justicia con el ocultamiento de lo ocurrido en torno a la muerte de Alós. El legislador socialista de Río Cuarto, Roberto Birri, quien también participó de la conferencia de prensa, expresó que el comportamiento de Drazile fue “absolutamente irregular”.
En el Poder Judicial, el recientemente designado fiscal general, Alejandro Moyano, y el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubio, también defendieron el comportamiento de Drazile y lo consideraron “correcto”. El fiscal Moyano se manifestó “sorprendido” por lo que consideró un “cambio de criterio” de la Corte Suprema acerca de la jurisdicción que le corresponde intervenir en caso de narcotráfico, y citó el antecedente de la causa conocida como la “ruta de la efedrina” en el triple crimen de General Rodríguez, donde la Corte Suprema dictaminó que ese hecho fuera investigado por la Justicia provincial bonaerense y no por el fuero federal.

Duros cuestionamientos.
En realidad, para los altos funcionarios de la justicia provincial de Córdoba debería ser preocupante, no tanto que el fallo de la CSJ haya variado su criterio respecto a qué jurisdicción le corresponde intervenir, en este caso, sino los duros cuestionamientos que tuvo el más alto Tribunal nacional sobre el accionar de un integrante del Poder Judicial provincial, nada menos que en un caso donde se investiga la vinculación de la policía provincial con el narcotráfico. Alós era un miembro de esa institución y estaba en la mira de esa investigación. El mismo día que Alós apareció muerto en su auto, en la jurisdicción del fiscal Drazile, estaba convocado a declarar ante Senestrari. Para cualquier investigador con alguna experiencia, todos estos hechos serían muy significativos, como para cerrar una causa bajo la carátula de “suicidio”.
Y si a esto se suma que el fiscal que interviene en el lugar del hecho, comete irregularidades en la investigación y en la preservación de la prueba, está claro que el dictamen de la procuradora general, avalada por el fallo de la Corte, es correcto en cuanto a que ordena que el seguimiento de esta causa debe quedar bajo la jurisdicción federal.
Más que defender a un funcionario judicial, que tendrá su oportunidad de hacerlo, si es que prospera el procedimiento del Jury, el Poder Judicial debe preocuparse porque su accionar no pueda ser tachado de “irregular”.

La otra realidad.
El gobernador De la Sota es uno de los que suscriben la reciente preocupación de algunos sectores políticos, como el massismo, y algunos dirigentes sindicales, por lo que consideran el principal mal de la Argentina: el narcotráfico y la inseguridad. Sin embargo, si sus funcionarios políticos y la justicia de su provincia, no demuestran gran interés por investigar las posibles vinculaciones de la policía provincial con el tráfico de drogas, aquélla declamada preocupación se transforma en un vacío slogan de campaña.
Mientras el mandatario recorre los canales de TV de Buenos Aires, publicitando supuestos logros de su gestión en Córdoba, la realidad provincial es otra, muy diferente. Por lo pronto, los jefes policiales siguen detenidos, y ahora la causa Alós será reabierta y pasará a formar parte de la investigación del fiscal Senestrari, algo que hasta el momento no querían que pasara ni los funcionarios del gobierno ni el Poder Judicial provincial.
El matutino La Voz del Interior, repitiendo el discurso delasotista, siempre descalificó al fiscal Senestrari como “kirchnerista” por haber participado en alguna reunión de “Justicia Legítima”. Más allá de las simpatías políticas, lo cierto es que el fiscal hizo un buen trabajo en la causa de los “narcopolicías” y se presume que ahora volverá a trabajar de ese modo con el caso Alós.