La crisis carcelaria a punto de estallar

Esta semana explotó públicamente una situación que venía de arrastre. Y que conlleva varias aristas preocupantes por sus derivaciones. Fue la denuncia de dos jueces provinciales sobre la situación de hacinamiento que viven los presos pampeanos y que ha provocado una crisis carcelaria en la provincia que, a todas luces, es de una magnitud antes no vista. En sus resoluciones, que fueron varias entre septiembre del año pasado y febrero, luego de cada visita a la alcaidía santarroseña, dieron cuenta de las "condiciones inhumanas y degradantes" en la que viven los alojados en las celdas de la provincia. En el racconto de los hechos, se detallaban las advertencias que habían realizado los magistrados en todo ese lapso y cómo empeoraba la problemática en cada recorrido. Y se reclamaban medidas urgentes al ministerio correspondiente.
Los jueces también precisaron cómo ha ido en aumento la cantidad de detenidos en los últimos años y señalaban el punto neurálgico de toda esta situación: la decisión del Servicio Penitenciario Federal de no aceptar el ingreso de condenados locales en la Unidad Penal 4. Una decisión que viene de arrastre desde hace varios años pero que acrecentó las consecuencias para las cárceles provinciales desde que la Defensoría General de la provincia presentara en 2013 un amparo para que los presos pampeanos alojados en penales de otros puntos del país fueran "repatriados". El SPF decidió desde entonces, ante la saturación de sus pabellones, no aceptar nuevos ingresos, lo que hizo que se comenzaran a acumular los detenidos en las celdas de la provincia.
La denuncia de los magistrados estuvo acompañada, además, por filmaciones y fotografías de algunos lugares de la alcaidía donde se observan las paupérrimas condiciones de alojamiento. En estos documentos se puede observar quince presos conviviendo en cuatro pequeñas celdas, uno durmiendo al lado de las cajas que contienen las llaves de luz y otros tres compartiendo un mínimo espacio en lo que sería la despensa. Pero también se adjuntaron estadísticas provinciales sobre cantidad de presos en celdas de alcaidías y comisarías. Los datos indican que los detenidos aumentan el 20 por ciento por año, y que la cifra no se frena.
La negativa del SPF a recibir nuevos presos locales ha desembocado en una disputa institucional entre el gobierno provincial y el organismo penitenciario que por ahora no tiene solución, a pesar de la gravedad de la situación. En ese sentido, cabe una reflexión de los jueces: "Es necesario destacar que los ciudadanos pampeanos, con nuestros impuestos hemos contribuido en sumas millonarias para remodelar la U4 local, con el compromiso, por parte de la institución federal de reservar 300 plazas para condenados pampeanos. Conclusión: el SPF nunca cumplió con el acuerdo".
Finalmente, se debe señalar, y alertar, que una problemática de estas características puede desembocar en un estallido de violencia de quienes deben padecer, más allá de su condena, condiciones de vida inhumanas. Todo está planteado para que en un ambiente de hacinamiento, los conflictos se produzcan con las nefastas consecuencias que tienen cuando se dan al interior de los penales. Por ahora, las características de la provincia, hacen que esto se pueda contener. Todo es cuestión de tiempo.