La devaluación del salario mínimo

Eduardo Lucita*
Nuevamente por noveno año consecutivo, se estableció el nivel del salario mínimo en el país y nuevamente como viene sucediendo período tras período ha levantado críticas tanto por el momento de su convocatoria, como por el nuevo monto acordado, como por la metodología utilizada.
No es un dato menor que acompañando el proceso de convenciones colectivas se haya reunido el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil en su noveno año consecutivo. Como tampoco lo es que año a año el monto que se aprueba haya mejorado en relación al salario promedio de la economía.

Representaciones recortadas.
Año a año el Consejo es convocado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS), está integrado por 32 delegados en representación de las cámaras patronales -industria, rurales, bancos, comercio- y de las centrales sindicales -CGT, CTA-.
Coherente con las resoluciones que viene adoptando el ministerio, que desconoce el congreso que reeligió como secretario general a Hugo Moyano en la CGT, y como la ahora conocida como CGT-Balcarce no realizó aún su congreso, convocó a los delegados anteriores, con lo que los que responden al sector moyanista no asistieron, para no convalidar ese desconocimiento oficial.
Asimismo no fueron invitados los representantes de la CTA-Secretaría Micheli, porque el ministerio desconoce el resultado electoral y oficialmente solo reconoce a la conducción anterior, Secretaría Yaski. Para completar el cuadro tampoco asistió la Federación Agraria. A pesar de estas ausencias el consejo tuvo las presencias necesarias para resolver.
Debe agregarse que el consejo debe discutir y acordar también el monto para el Seguro de Desempleo y la metodología para determinar la Canasta Básica. No hay información sobre que estos ítems hayan sido tratados.

Alcance limitado.
Es un dato conocido que el alcance del salario mínimo es muy limitado. Deja afuera a los trabajadores domésticos y rurales, que tienen regímenes laborales propios, también a los provinciales y municipales. Cubre a los trabajadores registrados amparados por convenciones colectivas, aunque es objetivo que en la gran mayoría de los casos sus mínimos de convenio superan ampliamente lo que finalmente aprueba el referido consejo. Sí tiene impacto para los trabajadores que están contratados en relación de dependencia bajo los términos de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT), algunos informes que circularon estos días aportan que el salario mínimo solo alcanzaría a menos de 120.000 trabajadores.
¿Cual es entonces su importancia? Para las patronales el interés se centra en mantener bajo control este monto, porque el mismo en condiciones de fuerte actividad económica y empleo puede arrastrar al alza el salario de los trabajadores no registrados. Es conocido que una gran mayoría de las empresas completan sus plantillas con trabajadores en esta condición, como también recurren al llamado “salario en gris”, esto es una parte en blanco y otra en negro. Por lo tanto un salario mínimo acotado les permite promediar el salario que pagan y disminuir la correspondiente masa salarial, aún cuando las paritarias sancionen salarios de convenio mayores. Para el gobierno porque políticamente avala incrementos del mínimo que están en línea con los aumentos de las paritarias pero que no afectan las tasas de ganancias de los capitalistas. Para los dirigentes sindicales presentes es solo un trámite y una foto.
Por el contrario para los trabajadores, si se considera al salario mínimo como parte necesaria de una política de ingresos, su importancia radica en que condiciona hacia arriba la estructura salarial fijando un piso a la misma, protege a las categorías más vulnerables y puede convertirse en una herramienta útil para cerrar la brecha de fragmentación en su interior.

Un debate que no fue.
En estas condiciones los planteos previos en torno al monto que debía alcanzar el mínimo salario oscilaban entre los 2.600 pesos propuestos por las representaciones patronales, los 2.900 pesos que sostenía la CTA-Secretaría Yaski con la anuencia del gobierno, y los 3000 pesos que tímidamente enunciaban algunos miembros de la CGT-Balcarce. Por fuera de este espacio la CGT-Azopardo reclamaba por un mínimo de 3.500 pesos y la CTA-Secretaría Michelli por 5.000 pesos.
Finalmente y luego de “una jornada de labor intensa” el incremento resuelto alcanza al 25 por ciento en dos tramos -2.670 pesos por los primeros seis meses y 2875 pesos para los segundos- lo que bien calculado arroja un porcentaje menor al 25, mientras que el monto es inferior a la canasta básica, estimada en unos 3.000 pesos si se sigue el IPC de algunas provincias o en 5000 pesos para la CTA-Michelli. Por lo que no solo es insuficiente sino que ha perdido su carácter de “vital”. Esto es nadie puede vivir dignamente hoy con ese ingreso.
No hay indicio alguno de que esto fuera el resultado de debates al interior del Consejo sino una imposición gubernamental. Una vez más son las patronales, en acuerdo con el gobierno nacional, las grandes beneficiarias y los dirigentes sindicales, cuyo papel solo ha sido el de una “claque”, que aceptaron esta imposición los que han quedado totalmente descolocados.

Mínimo devaluado.
El salario mínimo fue pensado para cumplir un rol ordenador y articulador de la sociedad salarial en el país. Sin embargo ese rol aparece hoy totalmente devaluado. No se trata solo de la insuficiencia del monto acordado sino algo más conceptual. Se trata del momento en que anualmente se lo sanciona y sobre que base de cálculo surge el monto del salario mínimo que se aprueba.
De acuerdo a su configuración original el Consejo del Salario, según su denominación restringida, que dadas las circunstancias no pareciera ser inocente, debiera fijar el nuevo monto con anterioridad a la convocatoria a paritarias para definir las nuevas Convenciones Colectivas. Sin embargo el procedimiento seguido todos estos años ha sido inverso. El MTySS ha convocado año tras año al Consejo una vez concluidas las negociaciones colectivas y este año no ha sido la excepción.
Incumplimientos
La Ley de Contratos de Trabajo (LCT) define el salario mínimo como “…la menor remuneración que debe percibir el trabajador en su jornada legal que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, vestir, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones…”. La Canasta Básica debe contener los atributos que señala la LCT, esto es satisfacer las necesidades del trabajador y su familia para una vida digna. De lo que se deduce debiera ser la referencia obligada para el cálculo del nuevo salario mínimo y vital.

Sin Canasta.
Sin embargo el Consejo no cumple con lo que le impone la ley, esto es calcular la Canasta Básica, no obstante que está prevista en su conformación una comisión específica, que hasta donde se conoce no se reúne nunca. ¿Cuales son entonces las referencias que se han tomado para elevar el salario mínimo? Aparentemente la inflación y el promedio de aumentos que surge de las últimas paritarias. El nuevo mínimo, bien computado, es inferior a estos indicadores de referencia.
Ya sea por el momento en que anualmente se calcula o por la ausencia de una base de cálculo objetiva, el salario mínimo no juega el papel de ordenador y articulador de la sociedad salarial en nuestro país y termina siendo funcional a la fragmentación existente hoy entre los trabajadores. De ahí que la lucha por el Salario Mínimo, Vital y Móvil tenga en la actualidad una importancia más que significativa.
*Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.