La impunidad para el “brazo civil”

A 39 años del golpe cívico-militar que inaugurara el terrorismo de Estado en su máxima expresión, los argentinos pueden sentir la enorme satisfacción de ver juzgados y condenados -o en vías de serlo- a los principales responsables de los miles de asesinatos, desapariciones, torturas, secuestros y apropiaciones de bebés cometidos en la última dictadura. Argentina es el único país del mundo que ha llevado a cabo el largo y trabajoso proceso de juzgar y condenar las secuelas sangrientas de una dictadura con tanta determinación y minuciosidad. Otros países -pocos- han juzgado solo a algunos de sus victimarios, y la mayoría resolvió echar un manto de olvido y dejar impunes a los criminales.
Este logro extraordinario de la sociedad argentina, alcanzado básicamente por la determinación de dos gobiernos: el alfonsinista de los ochenta y el kirchnerista de los últimos años, está siendo parcialmente empañado a la hora de sentar en el banquillo de los acusados a la pata civil de la dictadura. Hoy nadie puede dudar de que el golpe del 24 de marzo de 1976 no fue exclusivamente militar; la componente civil de ese alzamiento contra la Constitución Nacional fue decisiva. Fueron civiles los que implementaron el plan económico que endeudó el país, demolió buena parte del aparato productivo y destrozó la legislación y los derechos laborales. El sesgo elitista que benefició a una minoría de poderosos y perjudicó a la mayoría de los que viven de un salario fue planificado y ejecutado por sectores civiles que representaban los intereses de las grandes corporaciones económicas nacionales y extranjeras. En muchos casos esos planes se ejecutaron cometiendo delitos: mediante la apropiación de bienes del Estado o de terceros a través del uso de la fuerza, o directamente propiciando asesinatos y desapariciones de personas, por lo general sindicalistas y trabajadores.
Esa participación delictiva de dirigentes y empresarios civiles en complicidad con los militares está siendo juzgada en varios tribunales del país. Pero, a diferencia de lo que sucedió con los uniformados, estas causas no están mostrando avances. Muchos jueces y fiscales vienen demorando las investigaciones y dejando vencer los plazos procesales. Otros sobreseen o dictan faltas de méritos con notable celeridad y sin profundizar en el análisis de las pruebas o las acusaciones. Los casos Ledesma, Papel Prensa o Massot son los más conocidos pero no los únicos.
Pareciera una reacción de clase de no pocos integrantes del Poder Judicial que no se atreven a juzgar al poder económico. No tienen frente a sí a militares octogenarios retirados sino a grandes empresarios que representan el “poder real”, y ante ellos se inclinan jueces y fiscales sin mostrar la misma dureza que se imponen ante los delincuentes corrientes que son pobres o marginales. Eso sí, muchos no vacilaron en encabezar la marcha del 18 F en reclamo de “justicia” bajo el lema “yo soy Nisman” y se mostraron ante las cámaras de televisión como los paladines de la rectitud judicial. Pero a pesar de esa grotesca puesta en escena, lo cierto es que revelan un accionar corporativo y habilitan el brulote que les imputa un funcionamiento digno de un “partido judicial”. Esos magistrados, que tienen sueldos altísimos y siguen arrogándose el privilegio -entre otros- de no pagar el impuesto a las ganancias, emiten un mensaje muy claro: la justicia no es la misma para todos; no es la misma para los poderosos que para los débiles.
Este nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar, debería servir para reflexionar sobre la Justicia que todavía tenemos. Es un poder que muestra no pocos resabios aristocráticos, es el único que siguió funcionando normalmente bajo los golpes de Estado, y no termina de asimilarse como los otros dos a las exigencias crecientes del sistema democrático.