La justicia bajo la lupa, por las demoras en causas de derechos humanos

Aunque los tres poderes están involucrados en las demoras en juzgar causas de delitos de lesa humanidad, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre la justicia. El caso Astiz fue el último detonante.
EMILIO MARÍN
En las últimas semanas pareció que los tres poderes del Estado jugaban al “gran bonete” pues jueces, legisladores y ministros buscaban zafar de la responsabilidad del retraso en causas por violaciones a los derechos humanos.
El supremo Carlos Fayt echó la culpa a los legisladores y le devolvieron el guante los oficialistas Carlos Kunkel y Diana Conti. En nombre del Ejecutivo dio su opinión el ministro Aníbal Fernández, negando que el gobierno tuviera alguna autocrítica que hacer.
Cada uno de ellos tiene una parte de responsabilidad. Y no sólo los actuales ocupantes de posiciones expectables en el Congreso, los tribunales y Balcarce 50, sino muy especialmente los que estuvieron allí con anterioridad. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de Raúl Alfonsín, y los indultos de Carlos Menem, no se dictaron precisamente con ánimo de hacer justicia sino de blindar a los acusados de crímenes aberrantes.
Pero desde 2003 a la fecha también hay cosas que revisar, si bien fue loable la anulación de las mencionadas leyes en agosto de ese año. ¿O no sabía el entonces presidente Néstor Kirchner y posteriormente Cristina Fernández que Casación Penal tenía cajoneada durante cuatro años la causa ESMA? ¿Por qué Kunkel y Conti, con actuación en el Consejo de la Magistratura, no pidieron antes el juicio político al titular de esa cámara, Alfredo Bisordi?
Una lectura desapasionada del intríngulis jurídico y político arroja más críticas a la justicia, el órgano que debía actuar en estos casos. Es de su competencia directa, y desde hace cinco agostos no tiene el impedimento de aquellas normas y decretos dictados bajo el chantaje “carapintada”.
Algunas causas se elevaron a juicio, pero sobre 281 de ex militares procesados y detenidos en todo el país, la estadística registra apenas 9 condenados. Puede que esos números hayan quedado desactualizados, pero a lo sumo habrá 15 o 20 condenados. O sea menos del diez por ciento de los detenidos, que por el transcurso del tiempo, más las apelaciones y recursos interpuestos por sus defensas, y con la abierta ayuda de ciertos jueces y camaristas, están en condiciones de pedir -como Alfredo Astiz y otros chacales de la ESMA- la libertad por haberse excedido el tiempo de prisión preventiva.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación estimó que uno de los motivos de la demora, no el único, eran los jueces de afinidad ideológica con la dictadura. El titular de la Asociación de Magistrados salió a negar eso y jurar que “ningún juez simpatiza con represores”. Ojalá fuera así, pero no es así. Hebe Bonafini, al concluir la marcha Nº 1.600 de los jueves, aseguró que hay 400 jueces que vienen de la dictadura, aunque no todos ellos simpatizan con el terrorismo de Estado. Pero que los hay, los hay. Ahora la Corte estudia una acordada para acelerar la elevación a juicio de las causas más resonantes, como ESMA y I Cuerpo de Ejército. Era hora.

Nada les viene bien.
A la presidenta y sus colaboradores se les pegó la expresión “plus” para denominar a sus numerosas iniciativas que supuestamente amortiguarían los efectos de la crisis económica internacional.
Así se conoció el programa “Petróleo plus”, “gas plus” y en los últimos días de diciembre al “maíz plus” y el “trigo plus”, cuando la jefa de Estado anunció medidas para el campo.
Además de informar que habría una baja de las retenciones a tales granos, se anotició que habría impulso a los feed-lots (alimentos en corral) para terneros y una baja de retenciones para frutas y hortalizas.
El resultado fue previsible. El 23 de diciembre Alfredo de Angeli y sus huestes procedieron a cortar en siete lugares las rutas de Entre Ríos y luego fue como invitado de lujo a los programas de TV porteña, como personaje del año. Para el energúmeno de Gualeguaychú las medidas de la presidenta no sirven y en un arranque de sinceridad dijo a cámara que se debían anular todas las retenciones. Este punto de vista lo ocultó durante el largo conflicto, donde solamente los representantes de la Sociedad Rural y CRA se atrevían a decir que el programa suyo era “retenciones cero”.
Desde el 5 de enero los ruralistas van a analizar si cortan nuevamente las rutas o no. Eduardo Buzzi le dijo a su admiradora Magdalena Ruiz Guiñazú que van a hacer todo lo posible para no cortar. Pero el titular de la FAA está corrido por derecha por De Angeli, quien ya debutó con los cortes en la ruta 14, de modo que no puede quedarse atrás. De lo contrario perderá la interna en esa federación que hoy no representa más a los chacareros sino más bien a los rentistas sojeros. Los verdaderos campesinos se perjudicaron con el resultado del lock out.
Buzzi y su rival interno, lo mismo que sus compañeros de ruta Hugo Biolcati (SRA) y Mario Llambías (CRA), bien podrían enfilar sus esfuerzos a fortalecer el grupo parlamentario que los representa. Hace diez días se formó un interbloque con diputados del PRO, CC, UCR, cobistas y duhaldistas, que trata de liderar Felipe Solá.
En vez de cortar el tránsito, el abastecimiento y el turismo, la Mesa de Enlace podría poner más atención al funcionamiento de ese interbloque. Y afianzarlo para que en las legislativas de 2009 entren más representantes sojeros al Congreso. Uno que lo entendió fue Arturo Navarro, ex presidente de las golpistas Carbap y CRA, cooptado por Elisa Carrió y Patricia Bullrich para la Coalición Cívica.
En vez de alentarlos en esta dirección hay medios de comunicación que a los ruralistas les clavan espuelas en las verijas para que salgan disparados a las rutas, como animales salvajes. Es el sentido del editorial de ayer de “La Nación” donde se presenta un panorama tan confiscatorio que a los productores les iría “su suerte, la de sus familias y propiedades”. Se acusa al gobierno de “discriminatorio” porque dejó a la soja fuera de la promoción. Sin disimulos, el vocero de la Sociedad Rural poco menos que hace votos para que 2009 sea tan confrontativo entre “el campo” y el gobierno nacional como el año que ahora culmina.

El gordo Valor.
El gobierno está culminando las sesiones ordinarias con las victorias del pase a control estatal de los fondos previsionales y la declaración de utilidad pública de Aerolíneas y Austral. Esta última medida fue publicada el 24 de diciembre en el Boletín Oficial, como un regalo navideño.
Aunque la voluntad del kirchnerismo no está tallada en el estatismo por principios, puede haber otras privadas que terminen en la órbita del Estado. Habrá que seguir de cerca qué ocurre con la Transportadora de Gas del Norte (TGN) porque esta controlada por Techint se declaró en default y no piensa pagar sus obligaciones en dólares. Quizás termine jugando en el team estatal junto al Correo, las dos aéreas, Aysa y otras ex privatizadas que emprendieron el largo camino a casa, por distintos motivos.
De todas maneras, aún si la transportadora recala en el ministerio que conduce Julio de Vido, esa no será la señal de que en Buenos Aires habita un gobierno estatista a ultranza. Sin embargo esa es la crítica que los medios más permeables al capital financiero local y trasnacional le hacen a la presidenta argentina.
Los mismos intereses que fabricaron la fabulosa crisis internacional y que admiten que George Bush y otros presidentes de grandes potencias dispongan de sumas millonarias para el salvataje de compañías y bancos, aquí son híper críticos del estatismo y el proteccionismo. Los editoriales del británico The Economist deploran estas medidas defensivas porque supuestamente agravarán la crisis mundial y asustarán a los capitales de inversión.
No es fácil hallar otros ejemplos tan palmarios de la desfachatez ideológica de esos medios, amplificados entre nosotros por los diarios de la SIP y el Grupo de las Américas.
Esas críticas -en lo referido al gobierno argentino- son totalmente exageradas porque Cristina Fernández no está pensando en pedir la afiliación al movimiento de Hugo Chávez en el continente, la Alternativa Bolivariana de las Américas. Al menos por ahora su intención es ofrecer un nuevo cronograma de pagos de la deuda externa para 2009, que garantice a los acreedores la cobranza de casi 20.000 millones de dólares. El anuncio de esos giros incluiría también a las facturas pendientes con el Club de París y los bonistas que quedaron afuera del canje en 2005.
Si estas promesas se llevan a cabo, concretando los anuncios de setiembre pasado, los acreedores externos podrán brindar por un mejor 2009.
Estas concesiones que afectan la soberanía es lo que cabe cuestionar al gobierno, y no, como hace Carrió, comparar a Néstor Kirchner con Luis “Gordo” Valor. Si el patagónico fuera tan delincuente como lo afirma livianamente la ex funcionaria de la dictadura militar en Chaco, entonces sería mucho peor que el ex asaltante de blindados. Asaltar un país, se sabe, es más grave que vaciar un banco.
Los kirchneristas harían bien en no descender a ese juego sucio, de denuncia y contradenuncia. Deberían limitarse a mandar a TVR una foto de Carrió y otra de Valor, teñido de rubio, para el risible bloque de los parecidos.