La marcha por Nisman

Los que convocaron a la marcha del miércoles tienen buenas razones para estar contentos. Grandes columnas de personas se vieron en Buenos Aires y las ciudades más grandes del país. En nuestra provincia el aporte no fue menor para su modesta escala demográfica, especialmente en General Pico, que casi duplicó en número a los manifestantes que salieron en Santa Rosa.
A un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la marcha estuvo teñida de un inocultable tono opositor al gobierno nacional. Su lanzamiento, por parte de un grupo de fiscales que representan el ala conservadora de la Justicia, recibió el inmediato apoyo de casi todo el arco político enfrentado con la Casa Rosada. Por no hablar de la enorme constelación de medios opositores, encabezados por el Grupo Clarín que está comprometido abiertamente en una frenética campaña de desestabilización.
Siempre el reclamo de “justicia” ha movilizado a multitudes. Sobran los ejemplos. Esta vez no tenía por qué ser diferente. Es la muerte de un fiscal, nada menos, la que hoy provoca inquietud en la sociedad argentina. Quién puede oponerse a que se descubran sus causas y sus responsables, si los hay. Es imposible no coincidir con esa demanda.
Lo que resulta muy extraño es que sean integrantes del Poder Judicial los que aparecieron convocando a la movilización. De ahí la incongruencia de concentrar el reclamo frente a la Casa Rosada y no ante el palacio de los tribunales, cuando es sabido que en el sistema republicano no es Poder Ejecutivo el responsable de impartir justicia.
Todas las movilizaciones que reclaman, precisamente, “justicia” tienen una víctima como bandera y ésta no fue la excepción. Pero el dolor que provoca la muerte de una persona y la solidaridad hacia el padecimiento de su familia, no debería prestarse a manipulación, como lo han hecho los grandes medios porteños y no pocos dirigentes políticos, sociales y empresariales oportunistas. Una cosa es condolerse ante una muerte y otra, muy distinta, hacer del fallecido un estandarte de la justicia.
Nisman estuvo muy lejos de ser esto último. Encabezó durante diez años una unidad fiscal que cuenta con más de setenta personas y un presupuesto millonario para investigar el atentado a la AMIA sin lograr ningún avance. Hasta el propio juez de la causa lo criticó por ese fracaso. Los familiares de las víctimas lo denunciaron más de una vez por su inacción. Está demostrada su estrecha relación con la embajada de EE.UU. adonde reportaba y recibía instrucciones de los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes. En lugar de concentrarse en dilucidar el atentado se desvió hacia el encubrimiento, que está siendo investigado por otros fiscales y jueces y cuyo juicio comienza en pocos meses más. El documento con que acusó nada menos que a la presidenta y su canciller es más un manifiesto político que un texto jurídico, sin pruebas de la comisión de delitos y desmentido por los hechos: las alertas rojas no se bajaron, no se compró petróleo a Irán, no aumentó el comercio con ese país, el memorándum fue aprobado por el Congreso de la Nación…
En su exultante tapa de ayer, Clarín destacó que en la marcha estuvieron “políticos opositores, intelectuales y empresarios”. Toda una definición. Omitió las ausencias, que hablan tanto como las presencias: los familiares de las víctimas (fuertes críticos de los fiscales convocantes, como también de la dirigencia de la DAIA y la AMIA), la juventud, los organismos de derechos humanos, las clases populares, los sectores de la izquierda… El perfil promedio de los manifestantes que se vieron en Buenos Aires coincidió, en líneas generales, con los participantes de los cacerolazos opositores. El alineamiento de partidos políticos, medios de comunicación, sectores empresariales, representantes judiciales, de la comunidad judía, etc., estuvo a tono con esa pertenencia.
La movilización es un derecho indiscutible de la ciudadanía. Y en un año electoral puede ser también una tentación para un arco opositor incapaz de convocar multitudes.