La policía y el uso de la fuerza

Finalmente el juez a cargo del caso, pudo formalizar la investigación que se sigue contra un joven agente de policía, acusado de infligir maltrato físico y privación ilegal de la libertad contra una adolescente en las afueras de un colegio secundario de esta ciudad.
No es una tarea fácil la que le aguarda al magistrado. El hecho investigado es de una gravedad inusitada, ya que concentra en sí una serie de actos discriminatorios, tanto por la condición femenina de la víctima, como por su juventud y -acaso- por su extracción social.
En la filmación obtenida del hecho mediante una cámara de seguridad callejera, no se advertiría ningún gesto de parte de la víctima que pudiera justificar tamaña reacción del agente policial. La conducta de éste, por otra parte, resulta inexplicable ya que, por haber concurrido a esa escuela precisamente para obtener filmaciones de esa cámara por un delito anterior que investigaba, debía saber que sus actos estarían siendo, también, registrados en video.
Conforme los testimonios preliminares, además, la agresión física habría sido acompañada de una fuerte agresión verbal, de cuya articulación se desprendería una actitud discriminatoria no sólo contra la víctima, sino en general contra los jóvenes estudiantes allí presentes.
Es aquí donde, trascendiendo el caso particular, aparece un problema de carácter más general, que debería preocupar seriamente a las autoridades policiales y al gobierno pampeano.
Sea cual fuere la perspectiva de análisis -antropológica, sociológica, cultural- parece claro que en nuestra sociedad existe una hipótesis de conflicto entre la policía y los jóvenes en general, y los de extracción popular en particular. Es de la esencia de la juventud la presencia de un espíritu transgresor, que naturalmente se rebelará contra todo lo que represente la ley, el orden, el status quo... Abundan los manuales que informan sobre esta etapa particular en la evolución de la psiquis humana. Pero además de sentir un natural rechazo contra todo principio de autoridad, buena parte de la juventud percibe como injusta la criminalización de algunas conductas que concibe como parte de su libertad y de sus opciones culturales. El conflicto se manifiesta, claramente, en la vía pública: territorio y escenario de la disputa, particularmente en horarios nocturnos. La crónica periodística está repleta de disturbios generados a la salida de los locales bailables que, al intervenir la policía, lejos de aplacarse, terminan transformándose en verdaderas batallas campales.
A no dudarlo, los agentes policiales -muchas veces de la misma edad y extracción social que los transgresores- reciben provocaciones de parte de los jóvenes en la vía pública. Pero en este conflicto es fundamental tener en cuenta que no se trata de bandos equivalentes que disputan un territorio en litigio. De un lado están estos jóvenes cuya conducta podrá desafiar las normas, pero cuya protección y educación es una responsabilidad tanto de la familia, como de la sociedad y el Estado. Del otro lado, en cambio, está el brazo armado de la ley.
Nunca será demasiado el énfasis que se ponga en la necesidad de que las personas que el Estado contrata para imponer el orden jurídico -y a las que dota de armas de fuego para cumplir su misión- sean objeto de la más rigurosa selección y de la más dedicada formación y educación profesional. En esta formación no puede jamás escatimarse el acento puesto en la cuestión de la discriminación, un flagelo social que el Estado debe combatir, nunca fomentar.
Cuando les toca lidiar con jóvenes rebeldes -qué duda cabe- estas personas deben mostrar una templanza extraordinaria, que no todo el mundo posee. Una virtud rara, pero sin la cual, no se puede detentar el poder de la ley, y mucho menos, la fuerza pública.