La politización creciente de un reclamo sectorial de los productores agropecuarios

A medida que escalaron su reclamo sectorial en contra de las retenciones, los dirigentes agropecuarios lo fueron politizando. Ahora ya no discuten sólo el impuesto a la soja sino el modelo agropecuario y aún más, el proyecto de país, con lock out.
EMILIO MARIN
Envalentonados por haber sido recibidos por dos gobernadores de provincias importantes como Córdoba y Santa Fe, y por los bloques legislativos de un variado arco político que va de la derecha al centro, la Comisión de Enlace lanzó el jueves una tercera etapa de su plan de protestas. La misma durará hasta el 25 de mayo, cuando piensan realizar una marcha federal hacia el Monumento a la Bandera en Rosario. Después verán.
Contradictoriamente con ese endurecimiento de sus medidas, en el mismo momento pidieron una urgente audiencia con la presidenta. Anticipando el rechazo a esa solicitud, el jefe de Gabinete declaró: “no puede ser que pidan audiencia y decreten un paro por tiempo indeterminado”.
Haber procedido de esa manera cuasi extorsiva, le costó a los ruralistas cierto alejamiento de los propios gobernadores que les habían abierto la puerta de sus despachos. Juan Schiaretti, de Córdoba, los había recibido el lunes 12 con pompa y circunstancia. Pero el jueves estaba cuestionando que hubieran mantenido el paro (léase lock out). Fue un error, dijo.
Otros mandatarios que venían coqueteando con la medida de fuerza, caso de Daniel Scioli, se detuvieron en el borde de la audiencia, posiblemente apremiados por el matrimonio Kirchner. El bonaerense no sólo no estuvo en la reunión con Carbap, delegándola en un funcionario, sino que luego cuestionó la continuidad del lock out.
Decretar una tercera fase de las hostilidades, con cortes de rutas en algunos casos totales durante varias horas para los camiones de diversa carga, como en Gualeguaychú, descolocó a sus responsables ante parte de la opinión pública. Sobre todo por dos cosas: la presidenta los había convocado a dialogar en el discurso del acto de Almagro, el día antes; y porque el pliego de reclamos enumerado el jueves en Santa Fe por Mario Llambías puso al tope las retenciones. Así quedó más claro que antes que estos dirigentes están bloqueando las rutas movidos ante todo por su decisión de no pagar las retenciones, un impuesto justo a la rentabilidad extraordinaria del negocio sojero.
Es lamentable que gobernadores como Schiaretti y Hermes Binner hubieran recibido a esa comitiva en condiciones de lock out. El socialista santafecino hasta les cedió el balcón de la Casa de Gobierno para que se dirigieran al público reunido en las adyacencias. En ese marco la Comisión de Enlace se sintió fortalecida como para dar otra vuelta de tuerca en sus elitistas exigencias al país.
La audiencia concedida por la oposición en el Congreso a la cúpula que dice representar al campo, era parte del juego de unos y otros. De los ruralistas, para mostrarse como parte de un armado nacional, con aliados. Y para los legisladores opositores, la reunión fue útil para ofrecer un frente anti K a los enojados dirigentes agropecuarios. Alfredo de Angeli celebró ver unida a “toda la oposición”, aunque hubo excepciones como los representantes del ARI Autónomo y Claudio Lozano.

La politización.

Por lo demás, era lógico que los macristas, los de Carrió, los radicales, los duhaldistas, los pocos menemistas y lamentablemente los socialistas se sumaran a la maniobra del susodicho “campo”.
Como expresión de esa novísima alianza, ruralistas y opositores acordaron juntar un millón de firmas para propiciar una ley que anule las retenciones. Esto fue ratificado entre las resoluciones de dos días después en Santa Fe. Una vez más quedó expuesto que la bandera central agropecuaria es el cese de las retenciones, secundada en un todo por el PRO, Coalición Cívica, UCR, PS, partidos provinciales y elementos marginales del PJ como el productor agropecuario Adolfo Rodríguez Saá. Carlos Reutemann no estuvo en la reunión porque la finalización de la cosecha de soja en su establecimiento de 5.000 hectáreas requería de su presencia para mejor controlar a sus empleados.
A medida que se fue profundizando el lock out desde mediados de marzo, la dirigencia agropecuaria politizó su accionar. En la carta pidiendo la audiencia a Cristina Fernández, por ejemplo, además de reclamar por las retenciones terminaban diciendo que quieren acordar la agenda agropecuaria de mediano y largo plazo. Todos los argentinos deberían poder opinar sobre esos tópicos, pero éstos no son materia de co-autoría o veto de la Sociedad Rural y sus aliados sino ante todo responsabilidad del gobierno elegido democráticamente. Una cosa es conversar, opinar, sugerir y proponer. Y otra muy diferente es lo que tienen en mente Luciano Miguens y su tropa, que quieren decidir o determinar o vetar.
En ese aspecto sonó adecuada la opinión de Carlos Kunkel, cuando imputó al sector pretender cogobernar por una vía no democrática, la del lock out.
En varios discursos pronunciados en Gualeguaychú y otros epicentros del conflicto, el titular de la Federación Agraria había planteado en días anteriores esa misma idea, de que quieren discutir el modelo agropecuario y construir “un nuevo modelo de país”. Será de su exclusiva incumbencia que Eduardo Buzzi esté en una empresa tan importante como esa de la mano de Miguens y Llambías, cuyas organizaciones no se han distinguido precisamente por aportar a la democracia y el patriotismo.
Y no es que la politización de un movimiento sectorial sea algo malo en sí mismo. Depende. Si se politiza algo como lo hizo Juan Carlos Blumberg, que disfrazado de padre del dolor quiso llevar agua al molino partidario de Mauricio Macri y Jorge Sobisch, entonces no será positivo. Por el pedigrí de Miguens y la mayoría de los ruralistas, su politización va en un sentido similar o peor. Pero están en su derecho de expresarse políticamente y formar un partido propio si no los seduce la oferta del PRO y Coalición Cívica, o bien de formar con éstas y otras agrupaciones de centro derecha un frente más amplio. Pueden hacerlo, tienen aliados políticos y mediáticos, buenas finanzas y cierto apoyo social en el centro del país, evidenciado en este lock out. Hasta sería preferible que creen el Partido Sojero Ganadero, se presenten a elecciones y dejen de cortar rutas embromando a los argentinos.

Una respuesta democrática.

La extorsión de los ruralistas precisa de una respuesta democrática. En esto hay acuerdo en general en las filas del gobierno y de numerosas expresiones políticas y sociales que acuerdan con las retenciones móviles a la exportación de soja. Aunque los medios se empeñen en presentar a la Sociedad Rural, CRA, FAA y Coninagro como el único “campo”, ese discurso único se vio fisurado por la aparición en escena de decenas de agrupaciones de campesinos pobres del Frente Nacional Campesino que están por fuera y en contra de ese andamiaje rural.
Centenares de intelectuales, además de celebrar el debate por una nueva ley de radiodifusión, también se han expresado en el mismo sentido democrático, lo que ha tenido escasa o nula difusión en medios como Clarín, “La Nación” y similares. Estos están siempre listos para llevar sus quejas a la SIP como si en Argentina de los Kirchner se los tratara peor que en Guantánamo o Abu Ghraib.
Agrupaciones piqueteras, en su mayoría kirchneristas como las conducidas por Luis D´Elía y Edgardo Depetris, pero otras no kirchneristas, más organismos de derechos humanos y obviamente el sindicato de Camioneros, están evaluando cómo reaccionar ante la continuidad del lock out.
Algunas propuestas consistían en armar piquetes populares a la vera de las rutas y difundir las verdades que la cresta agropecuaria niega, incluyendo la acusación de que buena parte de la venta de trigo y soja es hecha en negro. También se evaluaba la idea de ir a Gualeguaychú, a discutir con De Angeli en la ruta 14, lo que supone un riesgo político. Si van pocos les puede pasar como a Rubén Manusovich, de Fedecámaras, que fue patoteado y agredido por el energúmeno y sus chacareros; si van muchos los seudo piqueteros van a ponerse en víctimas y decir que fueron avasallados por “tropas de choque” del gobierno.
En estas asambleas de organizaciones sociales se debate qué hacer ante la provocación de quienes pusieron bandera de remate al país y ahora se camuflan con la escarapela y convoquen a un acto en el Monumento a la Bandera de Rosario. Hay quienes piensan en cortarles las rutas de acceso a esa ciudad desde la cero hora del 25 de mayo, para arruinarles ese acto fraudulento. D´Elía pidió ayer no concretar esos cortes contra el acto sojero.
Pero de todos modos en esta tercera etapa del lock out agropecuario crecen las posibilidades de un desmadre de los cortes de los productores o de una reacción de los afectados. Sobrevuela la idea de que pueden ocurrir hechos de violencia. Sería conveniente evitarlos a toda costa porque quienes están en la defensa de su propia rentabilidad son vulnerables en toda discusión civilizada y calma. No habría que darles la posibilidad de que a su montaje del “pobre campo que trabaja” y que es “robado por el gobierno para mantener vagos”, le sumen el rol de “víctimas de la violencia gubernamental”.
Los violentos están en el lock out. Luciano Miguens, si fuera honesto, tendría que presentarse el 27 de mayo en Córdoba como testigo del general Luciano B. Menéndez, que ese día comenzará a ser enjuiciado por el terrorismo de Estado.