La reducción salarial es parte del plan económico de ajuste

El éxito del programa económico en marcha requiere una caída sustancial del salario de los trabajadores. La profundización de la ola de despidos y situaciones de crisis es parte de este proceso regresivo.
La enorme transferencia de recursos a partir de las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno nacional (devaluación y eliminación de retenciones a las exportaciones) sumada a un fuerte ajuste fiscal a través de medidas como la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, requieren como contracara un recorte de la porción del ingreso nacional que reciben los trabajadores.
La estrategia ha sido explicitada por el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, quien declaró públicamente: "cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo". En otras palabras, se vuelve a insistir con el viejo chantaje de aceptar reducciones salariales como una supuesta condición para proteger los puestos de trabajo.

 

Disciplinar.
Esta posición encubre dos situaciones. Por un lado, que la economía argentina funciona desde hace muchos años sobre la base de una amplia mayoría de trabajadores que perciben ingresos bajos; por el otro, que los empleadores ya han comenzado a efectuar despidos con anterioridad al inicio de las negociaciones salariales.
En otras palabras el gobierno pretende que los trabajadores acepten pacíficamente una reducción en sus salarios, aún cuando éstos ya se encuentran en niveles muy bajos, y amenaza con potenciales despidos que en realidad ya han comenzado, y que no tienen tanta relación con el costo salarial sino más bien con el objetivo de disciplinar al conjunto de los trabajadores y debilitar su capacidad de lucha y organización, situación a la cual deben agregarse los avances en la represión y criminalización de la protesta social.

 

Bajos ingresos.
La economía argentina funciona desde hace muchos años con salarios estructuralmente bajos. De acuerdo a la última información oficial disponible, correspondiente al segundo trimestre de 2015, el 50 por ciento de los ocupados percibía, de su ocupación principal, un ingreso inferior a 6.500 pesos mensuales, situación que afecta en gran medida a trabajadores no registrados, trabajadores del sector público provincial y municipal, y cuentapropistas, cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo, vital y móvil.
La situación de bajos ingresos también alcanza a los trabajadores registrados que se encuentran ubicados en las escalas iniciales de los convenios colectivos de trabajo. Si se considera el 80 por ciento de los ocupados totales, el ingreso mensual es inferior a 10 mil pesos. Estos niveles de ingresos contrastan con el costo de una canasta básica de bienes y servicios que, al mes de diciembre de 2014 ascendía a 12.229 pesos para una familia de cuatro personas (Junta Interna ATE-Indec).

 

Razonamiento falaz.
Estos datos revelan que en los últimos años se consolidó una estructura de ingresos con una amplia mayoría de trabajadores con ingresos insuficientes para cubrir una canasta básica familiar. Por ello las familias deben procurar ingresos adicionales, ya sea a través de la incorporación de una mayor cantidad de sus integrantes al mercado de trabajo (cónyuges, hijos, hermanos, etc), de la percepción de ingresos por otras vías (jubilaciones y pensiones, políticas de transferencia de ingresos, etc). En otras palabras: muchos trabajadores que cobran poco.
En este contexto se pretende contener los incrementos salariales y profundizar aún más una tendencia a la baja cuyos orígenes se remontan hasta el año 2013, sosteniendo que, de lo contrario, se pondrían en riesgo los puestos de trabajo. La falacia de este razonamiento queda clara al verificar que los ingresos de los trabajadores ya están en niveles históricamente bajos, sin que exista razón para sostener que es necesario bajarlos aún más para mantener los actuales niveles de empleo.

 

Perjudicados y beneficiados.
Esto no implica negar que existen sectores con dificultades para sostener sus niveles de actividad (pequeños productores y sectores ligados al mercado interno). Sin embargo, estas dificultades están lejos de originarse en la existencia de altos salarios. Por el contrario, se trata de sectores cuyo nivel de actividad depende del tamaño del mercado interno, que está directamente relacionado con el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Para estos sectores una mayor caída salarial agravará el problema, y generará condiciones para un debilitamiento del empleo, es decir, una situación exactamente inversa a la planteada por el ministro de Hacienda.
Sin embargo, sí es cierto que una caída salarial beneficiará a otros empleadores. En particular, aquellas empresas ligadas al mercado externo (grandes productores agropecuarios) o sectores no vinculados a la evolución del mercado interno (finanzas) tendrán una reducción en sus costos que se sumará a la inmensa transferencia de recursos a partir de las primeras medidas económicas implementadas por el gobierno. En otras palabras: devaluación de la moneda, eliminación de las retenciones a las exportaciones, relanzamiento del ciclo de endeudamiento público, disminución del salario real y represión de la protesta social constituyen manifestaciones coherentes de un mismo plan económico que ya ha sido puesto en marcha.

 

Debilitar paritarias.
La reducción del salario real de los trabajadores constituye un objetivo del gobierno y de las principales cámaras. No es un objetivo nuevo, ha estado presente con mayor o menor intensidad desde hace varios años. Desde entonces, la principal resistencia a esta avanzada ha provenido de los trabajadores y las organizaciones sindicales. En tal sentido, la negociación colectiva ha operado en los últimos años como una herramienta defensiva para evitar un deterioro aún mayor del salario real y, en algunos casos, para obtener mejoras de distinto nivel.
El debilitamiento de esta herramienta constituye un elemento necesario para el cumplimiento de los objetivos del plan económico. La profundización de la ola de despidos y situaciones de crisis es parte de este proceso, que se origina no tanto en la existencia de dificultades económicas puntuales o sectoriales, sino en la necesidad de infundir temor en los trabajadores para debilitar su capacidad de acción y para que acepten sin mayores conflictos una reducción de los salarios.

 

Señal a los privados.
El Estado cumple una función clave en este proceso y en las últimas semanas ha enviado una señal muy fuerte al sector privado a partir de la implementación de despidos y desvinculaciones a nivel nacional, provincial y municipal. En el Estado nacional la gran mayoría de las desvinculaciones se realizaron a través de la decisión de no renovar contratos temporales o de asistencia técnica, cuya proliferación en los últimos años da cuenta de la existencia de fuertes niveles de precarización contractual. Esta situación ha facilitado notablemente el accionar de las nuevas autoridades, demostrando la situación de vulnerabilidad normativa en la que se han venido desempeñando miles de trabajadores del sector público.
Cabe detenerse sobre este punto, por cuanto la precariedad contractual es funcional al temor y, por ende, a la arbitrariedad patronal. En tal sentido, las nuevas autoridades están lejos tener la intención de despedir a la totalidad de sus trabajadores, pero sí van a valerse de un terreno sembrado por la gestión anterior que les permite intentar aterrorizar a muchos empleados con la pérdida de su puesto de trabajo.

 

Arbitrariedad.
En el sector público el poder patronal se expresa con toda su crueldad cuando la continuidad laboral (es decir, la renovación o no de un vínculo contractual temporal) depende del puro arbitrio del funcionario de turno. En este punto no ha habido ruptura a partir del 10 de diciembre, sino una fuerte continuidad, la precariedad ha sido y sigue siendo la regla. Por su parte, también debe destacarse la situación de los trabajadores municipales, que desde hace varios años presentan altos niveles de conflictividad laboral ligados en muchos casos a situaciones de precariedad contractual y a la falta de renovación de contratos.
En el contexto actual el avance del Estado contra los trabajadores del sector público constituye una señal inequívoca para los empleadores del sector privado. Por un lado, como legitimación de los despidos ya implementados; por el otro, como una invitación a impulsar mayores ajustes en las dotaciones de trabajadores y limitar los incrementos salariales. Tan solo en los meses de diciembre y enero se registraron despidos en empresas correspondientes a actividades económicas muy disímiles y que dan cuenta de un avance significativo sobre la posición de los trabajadores.

 

Falso dilema.
A diferencia de lo sostenido por el Ministro de Hacienda, no han sido los reclamos salariales de los trabajadores el origen de estos despidos. Más bien parece ser todo lo contrario. Han sido los empleadores quienes han dado inicio la ronda de negociación salarial a través del incremento de los despidos, en tanto herramienta para infundir temor y, de esta manera, debilitar la posición negociadora de los trabajadores y las organizaciones sindicales.
Aceptar la existencia de un dilema entre salarios y puestos de trabajo constituye dar por válidos los términos del chantaje que intentan imponer el gobierno y las cámaras patronales, aceptando al mismo tiempo la reducción del salario real que ya tuvo lugar en los últimos meses. El objetivo del nuevo gobierno apunta a atemorizar al conjunto de los trabajadores del sector público, y al mismo tiempo enviar una señal a los empleadores y trabajadores del sector privado.
Observatorio del Derecho Social.
Realidad Económica (IADE).