Sabado 23 de marzo 2024

La seguridad y una ley vetada

Redacción 20/04/2015 - 04.05.hs

El problema de la seguridad pública es muy complejo y arduo y, su tratamiento serio exige dejar de lado las simplificaciones, la demagogia y los golpes de efecto mediático.
Parece muy difícil de lograr, especialmente en tiempos preelectorales en que la política es ganada por la guerra de posiciones en que se embarcan los partidos y los dirigentes que salen a buscar el voto de la ciudadanía. Son tiempos en que aparecen con abundancia las promesas de soluciones rápidas hasta para problemas que exigen tratamientos y estudios serios. Como todo está sometido a la dictadura del marketing electoral, es frecuente escuchar a candidatos prometer bajar impuestos, eliminar retenciones, aumentar salarios, mejorar la salud y la educación, fomentar el empleo, etcétera, sin decir absolutamente nada de las medidas concretas que producirán semejantes alegrías simultáneamente en todos los sectores sociales.
Uno de esos temas que ocupa un lugar de privilegio en las agendas electorales y es abordado con una liviandad que estremece es el de la seguridad. Las promesas de mano dura, de sacar más policías y patrulleros a la calle, de aumentar las penas son las que más se escuchan. A tono con el discurso que exige la televisión en tiempos en que las pantallas han acaparado gran parte del debate político: respuestas rápidas, sencillas, fáciles de digerir por las grandes audiencias.
Cuando en nuestra provincia aparece una ley votada por unanimidad por todos los bloques de la Legislatura que busca, nada menos, atacar el grave problema de la reincidencia delictiva, el Poder Ejecutivo la veta sin explicaciones ni preocuparse por enviar un proyecto alternativo que busque confrontar ideas para poner en debate y mejorar el que rechaza.
Los diputados proponen la creación de un ente que reemplace al viejo Patronato de Liberados, que siempre tuvo grandes dificultades para funcionar, a fin de abordar este delicado problema con una perspectiva más amplia y que involucre a varias áreas del Estado. La delincuencia y, dentro de ella, la reincidencia es un grave problema social que no puede abordarse desde la mirada exclusivamente punitiva o jurídico-policial. La ley dinamitada por el gobernador dispone la creación de un ente multidisciplinario con integrantes de los ministerios de Bienestar Social, de Salud, de Educación, de Gobierno, del STJ, de la Legislatura, jueces de ejecución penal y otros organismos.
Es alentador que ante esta negativa respuesta del Centro Cívico ya se hable de volver a tratar el tema en la Legislatura. La unanimidad que se logró en la aprobación de la norma permite pronosticar que se obtendrá sin muchas dificultades la mayoría especial que se requiere para vencer un veto.
El Poder Ejecutivo ni siquiera explicó las razones del veto aunque no faltan quienes ven detrás de la medida la interna en el justicialismo. Sería la peor de las razones que se pudieran esgrimir pues mostraría que hasta una cuestión tan relevante como la de la seguridad pública quedó enredada en las escenas de pugilato que nos ofrece a diario el PJ. Que no serían tan graves si, en los ratos libres, no tuvieran que gobernar.

 


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