La violencia de género continúa a pesar de las conquistas femeninas

Un 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en República Dominicana las hermanas Mirabal, conocidas militantes contra la dictadura de Rafael Trujillo y conocidas luego como "las Mariposas".
IRINA SANTESTEBAN
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas brutalmente por los sicarios del dictador dominicano Rafael Trujillo y en homenaje a su lucha por la libertad y la democracia, todos los 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres, fecha que fue establecida por primera vez en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Bogotá, Colombia, en 1981.
Tiempo después, en 1994, se realiza en Brasil la "Convención de Belem do Pará", jalón importantísimo en la historia del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Allí se sanciona la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Estados que la suscribieron reconocen que la "violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades". La violencia de género, para la Convención de Belem do Pará, constituye una "ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres".

Libre de violencia.
La Argentina ratificó la Convención y la incorporó a su legislación interna en 1996, con lo cual se ha comprometido a cumplir y hacer cumplir sus normas. Estas dicen que "toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado" y que tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos. En el caso de las mujeres, estos derechos comprenden, entre otros: el respeto a su vida; a su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad de su persona y a la protección de su familia; el derecho a la igualdad de protección ante la ley; a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; a vivir libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Todos estos conceptos fueron recogidos en la ley 26.485, sancionada en marzo de 2009 y que entró en vigencia en todo el país el 14 de abril de ese año. Sin embargo, a pesar de los elogios que ha recibido esta ley por las normas progresistas que contiene, y cuyo análisis ya hemos hecho en esta columna, las cifras de la violencia de género todavía demuestran que falta mucho para que la misma haya cumplido su cometido.

Cifras alarmantes.
Tomando los datos que difunden las organizaciones sociales que denuncian la violencia contra las mujeres en Argentina, así como páginas de temática feminista, las cifras son alarmantes.
Es que por las características de la violencia de género, que ocurre generalmente en las relaciones intrafamiliares y que se desarrolla con la complicidad de muchos actores, las cifras de los casos de violencia y los femicidios, son sólo aproximaciones al problema.
El femicidio es "el asesinato de mujeres a manos de varones motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas". Las cifras que difunde la organización no gubernamental "La Casa del Encuentro", que entre otras temáticas también lucha contra la trata de personas, dice que en 2008 hubo 207 femicidios y en 2009, 231, en este último caso, contando mujeres y niñas. En los primeros seis meses de 2010, suman 126 los casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o cónyuges.
Según registros de la ONU, en el mundo, una de cada tres mujeres tiene serias probabilidades de ser maltratada en algún momento de su vida.

Tres por uno.
La página de Internet "Periodismo Social", al realizar un relevamiento por provincias, informa que en Catamarca, se realizan un promedio de seis denuncias diarias de violencia contra las mujeres, más de dos mil al año (datos de 2007). Los hechos de violencia doméstica representan un 72 por ciento de los delitos contra las personas, pero en muchos casos las causas no avanzan porque las mujeres suelen retractarse de las denuncias, presionadas por la familia y a veces hasta por las mismas autoridades policiales o judiciales, con el argumento de "no perjudicar" a su esposo o compañero.
Si tenemos en cuenta que los especialistas en violencia de género estiman que por cada hecho denunciado ocurren, como mínimo, otros tres que no se denuncian ni se conocen, queda clara la gravedad de este problema. En el 90 por ciento de los hechos denunciados, el agresor es la propia pareja de la víctima.
Una de las provincias con más casos de violencia de género es Tucumán, donde se asistieron en 2008, 1.300 denuncias de mujeres, víctimas de violencia, y en la mayoría de los casos, siendo el agresor su pareja o cónyuge. En ese año, los casos se incrementaron un 30 por ciento respecto a 2007.
En Mendoza, también se quejan las organizaciones sociales que no existen cifras confiables sobre el número de casos de violencia de género. Según la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Aída Kemelmajer (hoy jubilada), la principal falla del sistema de prevención y erradicación de la violencia de género radica en la "falta de coordinación entre los distintos organismos y la falta de programas" que den solución a este tema.
Según un grupo de profesionales de salud mental de los Tribunales de Familia de Mendoza, en los rasgos de personalidad de las mujeres inmersas en círculos violentos predominan las características depresivas y una baja autoestima, como rasgos psicológicos sobresalientes. También la pasividad, baja autoestima, inseguridad, dependencia emocional, sentimientos de temor e indefensión vinculados a la pareja, entre otros. Estos rasgos, sumados a la falta de políticas públicas que lleguen efectivamente a todas las mujeres víctimas, dificultan la salida del círculo de violencia.

Todavía falta mucho.
Por todo lo expuesto la sanción de la ley 26.485 ha sido realmente un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres para evitar y erradicar la violencia de género.
Pero si no hay una voluntad política por parte de los organismos del Estado encargados de llevar adelante esas directivas legales, que se traduzcan en redes sociales, con profesionales para atender a las víctimas, con refugios para proteger a las mujeres que deben salir de sus casas, con posibilidades de tener un trabajo para no depender económicamente de la pareja o cónyuge que ejerce la violencia sobre ellas. Y si no se educa a los niños y jóvenes, a que no se pueden arreglar las discusiones con empujones, ni con pellizcones, ni mucho menos con trompadas o agresiones más graves, desde la escuela y aún antes, como diría Nicolás Guillén, no será posible luchar eficazmente contra la violencia de género.