Las omisiones que hablan por sí solas

Presentar un proyecto de reformas para el Poder Judicial y no hablar de los avances que tuvo Argentina en defensa de los Derechos Humanos, en los últimos años, no puede ser considerada como una "descuidada omisión".
IRINA SANTESTEBAN
Los juicios que se realizan en Argentina desde 2007 para condenar a los responsables del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar-cívica, han colocado a la Argentina a la vanguardia en reconocimiento de los Derechos Humanos. Sin embargo, en la presentación del Proyecto Justicia 2020, ni el presidente Mauricio Macri ni el ministro de Justicia Germán Garavano, se refirieron a ese importantísimo avance. Más imperdonable fue la omisión por parte del coordinador del Proyecto, Ricardo Gil Lavedra, porque él formó parte de la Cámara Federal que en 1985 juzgó por primera vez a las tres Juntas militares responsables de los asesinatos y desapariciones cometidas por el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Argentina, un ejemplo a imitar.
Así está considerado nuestro país en el mundo, por el juzgamiento de los responsables de crímenes del terrorismo de Estado, cometidos por militares y civiles durante la dictadura que se adueñó del poder el 24 de marzo de 1976, y aún al menos un año antes.
El avance que constituyó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos presidenciales de Carlos Menem, que dieron paso a decenas de procesos judiciales y centenares de condenas, es hoy valorado en los principales foros internacionales.
Ni en la región latinoamericana, donde las dictaduras militares y las violaciones a los más elementales derechos ciudadanos, políticos y de las personas, fueron moneda corriente durante décadas; ni en otras regiones del mundo donde se produjeron genocidios y guerras, se ha dado el proceso que aquí fue posibilitado gracias a la anulación de las llamadas "leyes del Perdón".
Y para eso, hubo también una clara voluntad política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se apoyaron en la experiencia de décadas de lucha de los organismos de Derechos Humanos. Así, se abrió un proceso que hoy puede mostrar a 688 militares y civiles condenados por los crímenes de lesa humanidad.

Gestos elocuentes.
El gobierno de Macri no ha sido hipócrita en este terreno, pues nunca tuvo siquiera relación con los organismos de Derechos Humanos, nacidos producto de la persecución política en los años ´70, ni siquiera con aquellos que surgieron en la etapa democrática para combatir los abusos policiales, el "gatillo fácil" y la represión de las fuerzas de seguridad.
Durante sus dos mandatos como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el hoy Presidente dio muestras más que elocuentes de que no fueron los Derechos Humanos una prioridad de su gestión. Por ello, y aduciendo "problemas de agenda" es que se demoró casi dos meses en recibir a las Abuelas de Plaza de Mayo, una institución respetada en todo el planeta, y cuya presidenta, Estela Barnes de Carlotto, incluso ha sido candidateada en diferentes oportunidades para el Premio Nobel de la Paz. La búsqueda de los nietos nacidos en cautiverio durante la dictadura militar, y el haber encontrado a 119, en los casi 40 años de vida que tiene la organización, hablan por sí solos de la trayectoria de las Abuelas.
Y cuando finalmente se produjo la reunión entre las Abuelas y el gobierno macrista, la misma fue más protocolar que otra cosa por la parte oficial. Carlotto entregó un documento importante, que no fue respondido.
A principios de mayo, la organización presidida por Carlotto, denunció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba tomando medidas que desmantelaban áreas de su ministerio, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos. La denuncia estaba referida a la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), que fuera creado por iniciativa de las Abuelas para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, y que permiten la identificación de jóvenes nacidos en cautiverio y privados de su identidad.
Para Carlotto "esta área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad" (El Ciudadano, 9/05/2016). La titular de Abuelas consideró a esa decisión como "un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente", y pidió al gobierno que diera marcha atrás con la medida.

Con la pando sí.
A pesar que desde el gobierno se quiso mantener en secreto la reunión, hace dos semanas se conoció que el ministro Garavano se reunió con Cecilia Pando, esposa de un militar y defensora de los genocidas. Ella preside una organización llamada "Familiares y Amigos de Presos Políticos en Argentina", ha sido una activa defensora de lo actuado por la dictadura militar y llegó a justificar la apropiación de niños, en un reportaje televisivo.
Hace algunos años fue "escrachada" por las cámaras de televisión cuando le hacía una seña de degüello al entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ya fallecido, en momentos en que se leía una sentencia contra militares en uno de los juicios por el terrorismo de Estado.
El diario Página 12 fue el que hizo conocer esta reunión cuasi secreta, y la propia Pando reconoció su encuentro con Garavano. A pesar que no tiene ningún familiar preso, desde el gobierno dijeron que la reunión fue para escuchar sus quejas por las condiciones de detenciones de los procesados y condenados por delitos considerados de lesa humanidad.
Ese reclamo es una cachetada para los demás presos que en nuestro país sufren condiciones denigrantes en un sistema penitenciario que ha recibido innumerables reproches de organismos internacionales, por el hacinamiento y las violaciones a los derechos de las personas privadas de su libertad.
Actualmente, muchos de los represores detenidos gozan de arresto domiciliario, beneficio otorgado sin mucho control por los tribunales que tienen a su cargo esas detenciones. Para los presos comunes, incluso para mujeres con niños pequeños, se hace muy difícil obtener esas medidas especiales de detención, que las leyes penitenciarias otorgan para toda la población carcelaria. Sin embargo, los militares y civiles procesados y condenados, han ido obteniendo esos beneficios, a pesar que en ocasiones los organismos de derechos humanos han denunciado que los detenidos no respetan las condiciones de arresto domiciliario.
El encuentro con Garavano tuvo lugar en la sede del Ministerio de Justicia, y allí Pando denunció lo que ella considera "condiciones inhumanas de detención", una metáfora siniestra para quienes están procesados y/o condenados por haber secuestrado, torturado, desaparecido y asesinado a miles de argentinos, y haberlos mantenido por meses, en centros clandestinos de detención.

"Como los nazis".
Pando dijo que de la reunión había participado también el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hecho que fue negado por funcionarios de esa secretaría, y repreguntada, aquélla desmintió su presencia.
Para el abogado Pablo Llonto, el haber recibido a la representante de una organización que defiende a los genocidas, "merece nuestro mayor repudio porque es una vergüenza que el ministro de Justicia reciba a un símbolo de la defensa del terrorismo de Estado y del genocidio, a una provocadora, que se ha expresado en contra de los organismos de derechos humanos y además a alguien que no fue a hablar por un familiar sino en nombre de un organismo o una asociación que reivindica el terrorismo de Estado". Para Llonto, si se trasladara el escenario "y por un momento nos fuéramos a Alemania, es como si allí viésemos que algunas de las instituciones dedicadas a las políticas del Nunca Más, a la lucha contra lo que fue el Holocausto, empezaran a recibir a los representantes de los nazis" (Página/12, 11/05/2016).
Para Llonto los represores tienen derecho a quejarse, pero no corresponde tratar esos reclamos en el área encargada de la defensa de los derechos humanos, justamente porque ellos están presos por haberlos violado.

Derechos humanos en Justicia 2020.
El proyecto Justicia 2020, presentado por Macri y Garavano en el Centro Cultural Néstor Kirchner el pasado 10 de mayo, tiene 7 ejes temáticos, a los que se invita a los ciudadanos a participar a través de Internet. Esos ejes son: Institucional; Penal; Civil; Justicia y Comunidad; Gestión; Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
Entre los objetivos a alcanzar en el eje Derechos Humanos, menciona: garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios y grupos en situación de vulnerabilidad; profundizar políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación; fomentar el diálogo y la cooperación internacional e intercultural; generar y consolidar una educación y formación ciudadana en Derechos Humanos; establecer mecanismos de acción rápida al detectar situaciones que vulneren, afecten o pongan en riesgo los Derechos Humanos; promover políticas de prevención contra la violencia institucional y establecer estándares para las fuerzas de seguridad en esta materia; establecer mecanismos de monitoreo de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Todos ellos objetivos muy loables, que habrá que ver si realmente forman parte de las prioridades de un gobierno que, en sus primeros meses, tomó medidas que no favorecieron precisamente a los sectores más vulnerables, sino a los grupos económicos más poderosos del país, muchos de ellos poderosas trasnacionales.