Las dudas detrás del fuego y la muerte

La muerte de diez bomberos y rescatistas -nueve en el lugar del hecho y uno días después a raíz de las heridas recibidas- ocurrida en ocasión de un incendio registrado en un depósito de documentación perteneciente a una compañía multinacional llamada Iron Mountain, va a necesitar una profunda investigación, y producir respuestas mucho más claras que las que se han ensayado hasta ahora.
Tal como lo han adelantado varios funcionarios competentes, existen fuertes indicios que el incendio que se llevó esas diez vidas, fue intencional, y como tal, habría tenido como objetivo el hacer desaparecer documentación necesaria para la investigación de la conducta de varias compañías -bancos, petroleras, compañías de seguros- investigadas por el Estado argentino. Por si no fuera bastante delito ocultar pruebas de una pesquisa oficial, el saldo de vidas perdidas lo agrava aún más.
En el galpón, cuyo destino era el acopio de documentos -como tal, material inflamable- no funcionaron correctamente ni el sistema de alarma, ni el sistema de regadores anti-incendio. Se sospecha además que los focos de inicio del fuego fueron más de uno, y que los equipos de seguridad habrían sido deliberadamente desactivados.
No es la primera vez que este tipo de incidentes ocurre en instalaciones de Iron Mountain. En los últimos 17 años la empresa, que se dedica al archivo, gestión y destrucción de archivos de empresas de diferentes rubros, ha sufrido siete incendios en sus instalaciones, en diferentes partes del mundo. Uno de los últimos, verificado en Londres en 2007, fue investigado por el cuerpo de bomberos local, que llegó a la convicción de que el siniestro fue intencional. Curiosamente, las fallas detectadas fueron las mismas que en el edificio de Barracas: desactivación de las alarmas y del sistema de apagado de incendios.
No es un dato menor que uno de los principales accionistas de esta multinacional sea el fondo buitre NML Elliott Capital Management, de notoria conducta agresiva hacia nuestro país, al punto que fue uno de los responsables del ilegal embargo a la Fragata Libertad.
Como es sabido, la legislación argentina obliga a las empresas en general, y en particular a las que cotizan en bolsa u operan en el rubro financiero, a conservar sus archivos contables durante un plazo de diez años. Con el pretexto de que dicha documentación es muy voluminosa, existen estas compañías tercerizadas que se encargan, como servicio logístico, de acopiarla y mantenerla disponible por cualquier necesidad futura que hubiera.
A la luz de estos hechos, cabría preguntarse si el “servicio” aquí contratado no habría sido, más que la conservación de documentos, su destrucción “accidental”. Lamentablemente, no sería el primer caso en nuestro país: la investigación de la voladura de la fábrica militar de Río III, ocurrida durante la década del ’90, concluyó en que ese siniestro fatal también tuvo como objetivo el encubrimiento de otros delitos.
Como se ve, la sangre derramada y la gran cantidad de dudas sembradas, exigen una investigación a fondo, que determine claramente las responsabilidades del caso. Entre las cuales no sería menor -una vez más- la de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la que recae la carga de habilitar e inspeccionar periódicamente este tipo de establecimientos, altamente peligrosos, y más aún si se instalan en la zona más poblada del país.