Los alegatos contra el terror

En la primera jornada de los alegatos en el juicio de la Subzona 14 II se escucharon definiciones concluyentes con relación al accionar del terrorismo de Estado, sus alcances, sus colaboradores civiles, su basamento doctrinario y sus responsables locales. Se trata de la segunda parte del juicio que investiga lo sucedido con 234 víctimas de la represión desatada durante 1975 y 1982.
Uno de los ejes de las exposiciones fue la falta de arrepentimiento de los acusados quienes no solo alegaron que las víctimas mintieron cuando testificaron ante el tribunal sobre sus horrendas experiencias bajo las torturas, los abusos y las detenciones arbitrarias sino que llegaron al extremo de decir que se pusieron de acuerdo para hacerlo. Uno de los abogados fue lapidario cuando advirtió que “es imposible” que 170 personas se confabulen para tramar lo que los exmilitares y expolicías pretenden.
La “construcción del enemigo” fue otro capítulo esclarecedor para comprender cómo funcionó la matriz de la represión. Entre los perseguidos figuraban preferentemente dirigentes y militantes políticos, gremiales, sociales y religiosos, un sector de la población que fue objeto con particular saña del accionar represivo. La calificación de “subversivo” operó para lograr la estigmatización social de las víctimas y facilitar el desenvolvimiento de las “fuerzas de tareas”.
No fue otra cosa que la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional de origen francés que Estados Unidos perfeccionó e introdujo en América Latina mediante la Escuela de las Américas en donde “capacitaron” a las fuerzas armadas de todo el continente. La mención expresa al Plan Cóndor en los alegatos obedece a su estrecha relación con esta doctrina pues se trató de las tareas de coordinación de las actividades de los servicios de inteligencia latinoamericanos para capturar e intercambiar prisioneros políticos por fuera de los circuitos legales.
La pata civil de la dictadura también estuvo presente en la exposición de los abogados. El plan del terrorismo de Estado no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de la estructura del Poder Judicial, ni de infinidad de colaboradores e informantes que señalaban a los “blancos” sobre los cuales después actuaban los represores. Tampoco faltaron “instituciones intermedias y asociaciones de producción” que en su conjunto fueron estrechos colaboradores del poder militar y contribuyeron a mejorar el feo rostro de aquel régimen ominoso.
Otro aspecto que abordaron los expositores fue el comienzo de la acción represiva en 1975 bajo el gobierno civil que finalmente derrocaría la primera junta militar el 24 de marzo del año siguiente. En aquel año fueron numerosos los operativos que se llevaron a cabo en La Pampa con detenciones masivas y aplicación de tormentos a docentes y estudiantes de la Universidad como también a médicos del muy castigado sistema provincial de salud y militantes políticos y sociales.
Por la extensión de la causa, la cantidad de víctimas y victimarios los alegatos continuarán en los próximos días, aunque lo escuchado hasta ahora alcanza y sobra para dimensionar el terror que vivió la sociedad pampeana en aquellos años oscuros.