Los cuadernos también involucran a la familia presidencial

EL CAMBIO INESPERADO DE BONADIO

Cuando el juez Bonadío amplió la investigación hasta el año 2003 las empresas del Grupo Macri pasaron a estar bajo la lupa a partir del testimonios de “arrepentidos”.
Franco Mizrahi
El juez federal Claudio Bonadio definió un cambio en el espacio temporal que abarca la investigación de los cuadernos, se contradijo a sí mismo con apenas cinco días de diferencia, e involucró en la supuesta “escena del crimen” al actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, algo que había evitado hacer al comienzo de la pesquisa.
Empujado por las circunstancias y las pruebas, el polémico Bonadio finalmente amplió los delitos a investigar al 2003, cuando en un principio el marco a analizar se extendía arbitrariamente del 2008 al 2015. Se tomó de eso, por ejemplo, para volver a citar a una indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta modificación afectó a la familia Macri. Y la actual senadora se encargó de recordarlo en su segunda citación en este caso, el 3 de septiembre pasado.
En el primer informe que envió al Centro de Información Judicial (CIJ), que publicó el 24 de agosto este portal administrado por el ahora expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Bonadio acotaba la causa sobre presuntos sobornos en la obra pública al período 2008-2015. Con ese movimiento, tanto Franco como Mauricio Macri quedaban a salvo de cualquier acusación que impactase sobre la constructora de la familia, Iecsa. Es que en 2007 la firma pasó a manos del primo Angelo Calcaterra, imputado en esta causa y en la del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que es uno de los capítulos nacionales del Lava Jato brasilero.

La vida te da sorpresas.
La decisión de Bonadio de excluir a los Macri provocó tal bochorno -algunas fuentes judiciales llegaron a sostener que ponía en riesgo toda la causa-, que el magistrado recapituló y expandió su marco de análisis. Lo hizo cuando la crisis económica comenzó a impactar cada vez más fuerte al gobierno de Cambiemos. Por caso, la citación de CFK coincidió con la escalada del dólar, que coqueteó por encima de los 40 pesos.
En el mismo movimiento, dos declaraciones indagatorias volvieron a ganar relevancia. Se trata de dos testimonios que hicieron referencia a delitos previos al 2008: los del expresidente de la Cámara de la Construcción y titular de Esuco, Carlos Wagner, y del ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo, Claudio Uberti, quien dejó su cargo de funcionario en 2007. Ambos buscaron ampararse en la polémica figura del “arrepentido”, que comenzó a aplicarse en casos de corrupción en noviembre de 2016.
El primero con su declaración indagatoria del 10 de agosto pasado dejó expuesto al resto de los empresarios imputados que se habían aferrado, al inicio de la pesquisa, a la figura del arrepentido pero no habían dicho la verdad -o toda la verdad- sino que se habían victimizado y asegurado que lejos de pagar coimas habían realizado aportes de campaña para el kirchnerismo, extorsionados por el gobierno de entonces.
Uno de los ejecutivos que se aferró a esa tesis fue el primo del presidente, Angelo Calcaterra. Al comienzo de la causa, Bonadio apañó esa estrategia y fue dejando en libertad a cada uno de los imputados que decidía transformarse en esa especie de “falso” colaborador al confirmar lo que decían los cuadernos pero desvirtuar el origen y el destino del dinero.

Un ranking revelador.
Wagner aseguró que en 2004 el ministro de Planificación Federal Julio De Vido le pidió ser el garante de la cartelización de la obra pública, que incluía a distintas firmas. “Entre varias de las empresas que recuerdo de ese momento puedo nombrar Perales Aguiar; Vial Agro; Biancalant; Losi; Fontana Micastro; Marcalba; Iecsa; Chediack; Equimac; Coarco; Cartellone; Vialco. Algunas son estas”, dijo el ejecutivo.
Iecsa, en el momento referenciado por Wagner, estaba en manos de la familia Macri, ya que su controlante era Sideco Americana. Por ejemplo, sus balances eran firmados por Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica de la Nación. Recién en 2007, los Macri le vendieron la constructora a Calcaterra. Al encapsular los supuestos delitos a partir de 2008, Bonadio había favorecido a la familia presidencial. Pero al abrir el juego, volvió a dejar expuesta a la familia Macri.
En agosto de 2015, el entonces ministro De Vido difundió un ranking con las empresas que mayores contratos de obra pública lograron durante el kirchnerismo. El podio de esa lista está integrado por Techint, Electroingeniería y, en tercer lugar, Iecsa. Si bien las primeras dos están involucradas en el caso de los cuadernos (o fotocopias) de Centeno, ninguna fue mencionada por Wagner. Es decir, de la mesa de contratistas que describió el ex titular de la Cámara de la Construcción, la más importante era Iecsa. Cartellone, por ejemplo, figuraba octava en aquella nómina.

Otros nombres.
Otro testimonio que provoca nerviosismo en la Casa Rosada es el del arrepentido Claudio Uberti quien se refirió a las supuestas coimas que recaudaba de los concesionarios viales. El ex funcionario dijo al ser indagado en la causa de los cuadernos que era enviado por Néstor Kirchner a recolectar sobornos mensuales de 150 mil dólares entre cada uno de esos actores. Con su testimonio se puede abrir una nueva puerta, que en un principio el magistrado decidió dejar cerrada cuando circunscribió el caso desde el 2008.
Entre los grandes jugadores del sector se encuentra la empresa que explota el Acceso Norte, Autopistas del Sol (AuSol) de la que Sideco Americana, propiedad de los Macri, formó parte en un consorcio. Se desprendió de sus acciones el año pasado.
Por citar tan solo dos ejemplos: al 2006 Luis Freixas Pinto y Javier González Fraga integraban el directorio de AuSol. Actualmente, ambos están relacionados con el gobierno. El primero es el presidente del Correo Argentino y el segundo del Banco Nación. (Extractado de Nuestras Voces).