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Los de siempre

Una nueva ofensiva de los grandes grupos empresarios de las comunicaciones pesa sobre la cabeza del movimiento cooperativo pampeano. Esta vez es Telecom, la multinacional que ahora es socia del Grupo Clarín, la que avisó que viene por el uso de las columnas. Esa preciada infraestructura fue financiada por las propias entidades solidarias, que es lo mismo que decir: por todos los pampeanos. Y lo que pretenden estas aves rapaces es utilizarlas por centavos mientras extraen enormes ganancias con ellas.
El problema no es nuevo. Los santarroseños recuerdan muy bien el conflicto que mantuvo la CPE con la entonces monopólica Cablevisión por el mismo motivo: la negativa a reconocer que debía pagar un precio razonable -en lugar del subsidio que graciosamente recibía desde hacía mucho tiempo- por el uso de la infraestructura que se había puesto a su disposición.
Esa vocación por el atropello es característica de estas grandes corporaciones que han logrado encontrar, también en nuestros pagos, impensados aliados en las autoridades locales, tanto provinciales como municipales. La última controversia, que tuvo lugar por el uso del espacio público para las antenas de la telefonía celular, es otra muestra de cómo han sabido operar y las puertas que encontraron abiertas, en nuestro medio, para hacerlo.
Hoy el panorama es distinto porque en el poder político pampeano hay una actitud diferente, que prioriza la asociación entre el Estado y las cooperativas. Esto que es novedoso en el partido oficialista ha pasado a constituir un activo de gran relevancia para el desarrollo provincial. La superación de la desconfianza mutua que se impuso durante décadas en nuestra provincia es una muestra de madurez política de ambas partes y significa, sin duda alguna, tranquilidad para los pampeanos.
Esta embestida no va a ser sencilla de neutralizar. El principal aliado que tienen estas grandes empresas es nada menos que el gobierno nacional y su política decididamente promercado y neoliberal. La solidez de la trama que sepan tejer en conjunto Estado y cooperativas será esencial para enfrentar la nueva embestida.

Doctrina mortal
La masacre de San Miguel del Monte revela con toda crudeza las consecuencias de la «doctrina Bullrich». Si bien la muerte de los tres adolescentes y del joven de 22 años ocurrió por la intervención de una fuerza policial provincial -la Bonaerense- y no de un cuerpo armado dependiente de Nación, la «filosofía» que está en la base de este accionar es la misma y baja desde lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional cuyo color político comparte el gobierno de La Plata.
El macrismo, con su armadura mediática, está haciendo denodados esfuerzos por presentar este nuevo caso de gatillo fácil como una tragedia producto de la fatalidad o de un «error» de los policías homicidas. Busca esquivar la evidente responsabilidad política que le cabe por haber impuesto en el país una concepción autoritaria de la seguridad pública. Los antecedentes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o el policía Luis Chocobar son los ejemplos más conocidos pero no los únicos. Muchos otros casos similares, sin tanta repercusión mediática, se sucedieron en el país en los últimos tres años y todos ellos bajo el mismo formato represivo.
La cúpula del poder político se esforzó por imponerle a la sociedad un régimen policial, que antepone la sospecha por sobre el principio de inocencia, y el uso de la fuerza desmedida, y en no pocas ocasiones letal, como única vía para enfrentar tanto al delito como a la protesta social. Muchas voces de advertencia se levantaron pero el gobierno decidió hacer oídos sordos y seguir a paso redoblado con su cruzada belicosa.
Este nuevo asesinato de inocentes no es fruto de la incompetencia o de una acción equivocada, es la consecuencia directa y esperable de una forma de gobernar mediante el uso de la violencia y el miedo.