Los dinosaurios vivos, de los que preguntaba Susana

LA SEMANA POLÍTICA

En las reuniones en el Senado para debatir el proyecto de interrupción del embarazo se pudo comprobar que aún hay algunos dinosaurios vivos. Y que cobran subsidios del Estado, como el ejemplar “dinoalbino”.
EMILIO MARÍN
Van seis reuniones de las tres comisiones del Senado para recabar opiniones de especialistas en torno al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El miércoles de esta semana habrá dictamen en esas comisiones y el 8 de agosto se votará en la Cámara.
Debe ser por eso, que se aproxima el final de esta etapa histórica de discusiones, que la postura hasta ahora perdidosa, mal llamada de las “dos vidas”, ha extremado sus opiniones e incurrido en barbaridades que atrasan siglos.
Tal la exposición del doctor Albino el martes 24, furioso contra el derecho de las mujeres a abortar. No sólo se opuso al proyecto que ya tiene media sanción sino que también desaconsejó el uso de preservativos. Mintió con que el virus del SIDA atraviesa la porcelana y por lo tanto también los vulgarmente llamados condones. Confundía así peras con berenjenas, porque esos virus no atraviesan porcelanas esmaltadas sino sólo las porosas, y mucho menos el látex, excepto que se rompa por algún motivo.
Ese médico falseaba las cosas porque arrastraba la debilidad medieval frente a la ciencia. Hay que sentirse en posición muy vulnerable, en política, para deformar así las cosas. El “dinoalbino” mintió porque se sentía en riesgo de extinción frente a la marea verde de plazas y calles de los últimos años, desde mucho antes que se habilitara el debate en Diputados creyendo que la postura del aborto perdería la votación.
Los dinosaurios de verdad comían lo que tomaban de la naturaleza antes de extinguirse hace 65 millones de años. Los vivos, como Albino, comen de la mano del Estado nacional con subsidios por 121 millones de pesos (56 millones el año pasado).
Ese fósil viviente no es el mayor detractor del aborto. Las comisiones del Episcopado católico han llamado a su feligresía a manifestarse masivamente en estos días. En algunos casos la jerarquía de la Iglesia, como el arzobispado de Córdoba, ha comunicado que una democracia que no respeta toda la vida “se convierte en dictadura”.
Esa es una hipócrita defensa de la vida. Es la institución que regenteada por monseñor Raúl F. Primatesta supo cultivar las mejores relaciones y apoyos recíprocos con la dictadura militar-cívica que en el distrito encabezaba el genocida Luciano B. Menéndez.

Los empresarios.

Los dueños de clínicas privadas (léase “Salud Sociedad Anónima”) han aportado a ese púlpito sus peticiones de quedar exentos de cumplir con la ley, si llegara a votarse, invocando “objeción de conciencia” empresaria. Muchos de ellos son médicos que practican el aborto y cobran miles de pesos a mujeres de clase media y alta.
Hay que añadir la presión de los colegios de abogados que pidieron a los senadores votar en contra del aborto y advirtieron que si el mismo es aprobado habrá acciones de inconstitucionalidad.
Así las cosas, con semejante poder de fuego, ahora los pronósticos son pesimistas sobre el resultado del 8 en la Cámara Alta.
Otras maniobras del bando medievalista han sido más oblicuas, como el proyecto de introducirle modificaciones al proyecto, para que deba regresar en revisión a Diputados. Así, como mínimo, ganarían tiempo, y de máxima, que pudiera haber una votación adversa a la del 14 de junio pasado. Una de esas correcciones quiere permitir a las clínicas privadas la “objeción de conciencia”, para limitar el número de establecimientos que deban realizar abortos. Otra, reducir el embarazo de 14 semanas a 12 como límite para permitir esas interrupciones, cuando en Holanda se permite hasta dentro de las 18 semanas.
No es por abrir el paraguas antes que llueva el 8 de agosto, pero aunque estos sectores reaccionarios de la política, el empresariado y el púlpito se salieran con la suya, aún en ese caso la suya sería una victoria pírrica. O un pequeño triunfo parlamentaria que no los salvará de la goleada sufrida en la calle, los medios y la batalla de ideas en la sociedad en general y ni hablar en el espectro femenino, que debería tener voto triple en esta cuestión.
A ese nivel los detractores del aborto han perdido la partida. No podrán abortar que la cuestión del aborto regrese una y otra vez a la agenda parlamentaria y en algún momento, ahora o en un futuro inmediato, se apruebe allí también. Ese será el momento en que la vida, la ciencia y la verdad se pongan finalmente de acuerdo con la ley. La otra postura atrasa siglos; en algún momento caerá por el peso dinosáurico y machirulo, enredado en las sotanas y el doble discurso de corporaciones empresarias y de legisladores.
El resultado favorable a ese derecho de las mujeres se ve venir, al margen del voto en lo inmediato, porque aglutina a un amplio espectro social, que corta transversalmente a los partidos e incluye a una pequeña porción de la derecha del PRO-Cambiemos.
En contraste, hay otras causas donde el sentido de clase es bien cortante y exclusivo. Por ejemplo, la tribuna de ayer en la 132° Exposición Rural de Palermo, con su presidente Daniel Pelegrina reclamando no pagar más impuestos y exigiendo siga la rebaja de retenciones a la soja. Esa tribuna sojera-ganadera y exportadora, a la que rindió tributo la vicepresidenta Gabriela Michetti como una obediente cabañera, es un local partidario macrista. No hay allí transversalidad ni pluralismo. Pastan en esa Rural muchos dinosaurios machos y hembras aunque no compiten por las cucardas de gran campeón.

No todo es trucho.

Pese a las previsibles demoras de la justicia, donde hay al menos tres causas abiertas, lo de los aportistas truchos del PRO sigue su curso y concita más interés público.
Eso es así al margen del blindaje de Clarín y el silencio atronador de Mauricio Macri y María E. Vidal, más implicada porque las denuncias hicieron centro en las truchadas en la provincia que ella gobierna y donde es la titular del PRO.
El presidente ha esquivado toda declaración, diciendo que no va a opinar hasta que la justicia se expida, algo que contradice toda su actuación en casos que tienen alguna similitud por englobar asuntos de presunta corrupción. Lo suyo es obvio: si es un expediente que alude al gobierno anterior, opina, prejuzga y hasta condena a los posibles implicados. Si es relativo al PRO, hace mutis y obliga a que los demás funcionarios cierren la boca.
La gobernadora, por su parte, actuó en manera parecida a su jefe político, pues siendo presidenta del partido en el distrito, se limitó a cesar a la contadora que firmó las rendiciones de las planillas de aportes. De autocrítica propia, cero. Más aún, a periodistas amigas le dejó trascender que no culpa al “fuego amigo” sino a los kirchneristas que se habrían llevado padrones de beneficiarios de planes sociales para usarlos en su contra. Una falsedad vidalista: los centenares de aportes truchos corresponden a afiliados y seudos afiliados de su organización, y los aportes realizados, que llegarían hasta 80 millones de pesos, fueron todos a engrosar la caja del PRO.
El kirchnerismo no tuvo nada que ver con esa maniobra. Más aún, sus dirigentes han declarado, sin ser desmentidos por la justicia electoral, que el 97 por ciento de sus aportes para la campaña de 2017 fue bancarizado. En cambio, lo que analiza la justicia e involucra al oficialismo, fue toda plata en mano, cash. Y eso abre la firme hipótesis de que se estaba matando dos pájaros de solo un tiro macrista: lavado de dinero y aporte a la victoria del PRO en esas legislativas, que ahora abarcan también a las elecciones de 2015.
En ese último caso, la ola de corrupción involucraría directa y personalmente a Mauricio Macri.
Hay que sacar conclusiones de este affaire, pero no limitarlo a los aportistas fue fueron falsificados, con pequeñas sumas, y a los candidatos del PRO que figuraron con aportes que tampoco hicieron, un poco más altos, desde 13.000 hasta 30.000 pesos o un poco más. Esto de por sí es un escándalo, y ojalá que el fiscal Jorge Di Lello y el juez Sebastián Casanello, que tienen algunas de las causas tras la excelente investigación de Juan Amorín en El Destape, tomen buenas y rápidas decisiones.
Pero en estos días se han conocido otras informaciones que pegan sobre la dudosa credibilidad macrista, publicadas por un medio bien oficialista como “La Nación”. Se refiere a los aportes millonarios de empresas para el PRO, en 2017, algunas de las cuales fueron favorecidas por contratos con el gobierno. La investigación de Iván Ruiz y Maia Jastreblansky, publicada el 21 de julio, afirma que “Pro recibió $155 millones de grandes firmas y empresarios en 2017. Son las donaciones que obtuvo el partido de Mauricio Macri durante 2017, por fuera de la campaña electoral; el campo, el gran aportante”.
Entre otros figuran Aceitera General Deheza, Molino Cañuelas, Oleaginosa Moreno, la planta agroindustrial Renova y Vicentín; una docena de frigoríficos, Aluar, Banco Galicia, Eduardo Costantini, Cencosud y por supuesto Farmacity, del vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
Que la lista de los pequeños aportistas truchos no desvíe la vista de estos truchos grandes de apariencia legal.