Los límites del modelo

Las imágenes del desalojo policial a los ocupantes de tierras en Guernica lastimó los ojos. Hondo dolor causó ese despliegue de violencia estatal -lanzado contra los que habían resuelto quedarse a resistir-, decidido a partir de la orden de un juez que ni siquiera se despeinó y que tuvo una gran platea que lo aplaudió.
El repudio se extendió entre los organismos defensores de los derechos humanos y las fuerzas políticas de izquierda que imputaron al gobierno bonaerense la responsabilidad de reprimir la ocupación. Las escenas de las máquinas tirando abajo las chozas precarias de nylon y maderas, de los policías disparando gases y balas de goma, y llevando por la fuerza a los que resistían disparan infinidad de preguntas sobre la democracia que tenemos, el sistema constitucional que «nos ampara» -como dice Serrat- y las leyes que nos gobiernan con un aparato judicial que muy pocas veces, o nunca, usa vendas como lo muestra la imagen simbólica de la Justicia.
Una parte de los argentinos reaccionó con indignación. Otra parte sacó a relucir su indiferencia, como lo hace siempre ante este tipo de hechos. Y una tercera, identificada con la derecha, aplaudió a rabiar. Desconocer esta realidad de la sociedad argentina puede llevar a cometer errores de apreciación a la hora de intentar un análisis sobre las condiciones de fondo que gravitaron y posibilitaron este acto de violencia institucional.
El gobierno bonaerense sostuvo que más del 80 por ciento de las familias aceptaron retirarse pacíficamente de la tierra que ocupaban para recibir distinto tipo de ayuda. La prensa porteña lo castigó duro por «entregarle dinero a los usurpadores» y denunció, como toda la derecha, un «ataque a la propiedad privada» mientras que del derecho «a una vivienda digna», que también figura en la Constitución, no dijo nada. De paso, hay que recordar que el macrismo es la fuerza mayoritaria en el Senado bonaerense.
Otras preguntas que incomodan: ¿No había otra forma, no violenta, de sacar a los que quedaban en la toma? Hay muchos barrios privados y countries que figuran como baldíos o tierras rurales y evaden impuestos en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se toman medidas drásticas también con ellos? ¿No puede usarse el mecanismo de la expropiación para hacer un banco de tierras destinado a viviendas sociales como decidió la Legislatura pampeana?
Es, indudablemente, un tema de fondo, un tema que nos define como sociedad en este sistema capitalista en el cual vivimos. Si en Guernica se hubieran reunido una gran multitud para defender la toma las cosas habrían sido distintas. Pero eso no ocurrió. (Lo mismo puede decirse para lo que sucedió en Entre Ríos).
En la cordillera patagónica un magnate inglés -amigo personal del expresidente Macri- amuralló un lago, considerado patrimonio público, y desafía desde hace muchos años decisiones de la Justicia sin que ningún juez ni gobernador envíe la policía a desalojarlo. Incluso construyó un aeródromo en zona de frontera. Pero contra él no hay indignación de los grandes medios, ni de las clases medias, ni siquiera de la clase política que debiera defender los intereses nacionales.