Los mismos buitres reaparecen otra vez

El Fondo Monetario Internacional requeriría reformas estructurales que serían absolutamente contrarias a la coalición social del próximo gobierno. ¿Se puede ensayar otro camino?
POR FRANCISCO CANTAMUTTO Y AYELÉN ÁLVAREZ
Otra vez la Argentina se enfrenta a un problema de endeudamiento severo. Y otra vez reaparecen viejos conocidos: los Fondos Buitre. Sirve reiterar, se trata de agentes del sistema financiero internacional que obtienen ganancias extraordinarias con la compra de títulos de economías en default (o a punto de), para luego litigar contra el país emisor en todas las jurisdicciones posibles, reclamando el valor completo más intereses, con lobby político, judicial, financiero y mediático.

Timba reloaded.
La alianza Cambiemos retomó los viejos preceptos de la valorización financiera, que tenía como condición sine qua non el acuerdo con los Fondos Buitre para acceder al mercado internacional de capitales. Así, el país batió récords internacionales de toma de deuda: 96.600 millones de dólares de nueva deuda pública, con un fuerte cambio en la proporción contraída en moneda extranjera (llegando al 77% del total) y un aumento insostenible en relación al PBI (80% a mitad de 2019 y estimado en 90% para el tercer trimestre). Se pagaron tasas exorbitantes con emisión de títulos a largo plazo (bono a 100 años de Caputo) y de plazos cortos a medianos como Letes o Botes. El BCRA aportó su cuota de atracción de "inversores" con bonos a muy corto plazo (primero Lebacs, luego Leliqs), con altas tasas de interés en pesos (alcanzaron el 86%), que permitieron que la Argentina se consagrara como la cúspide mundial del carry trade. Esta deuda no fue utilizada para solucionar problemas estructurales del país, sino que financió la fuga de capitales, cuya irracional lógica acabó en una nueva crisis en 2018.
Esta fue la excusa para recurrir, tras década y media, a un nuevo préstamo del FMI. El organismo aprobó un rescate total por 57.000 millones de dólares, excepcional e inédito, ya que supone un gran exceso de la cuota de Argentina en el organismo, y expuso a la entidad financiera con el 60% de su cartera en manos de un deudor. Además de estas anomalías, el Fondo otorgó préstamos, desde junio de 2018 hasta agosto de 2019, para financiar fuga y corridas cambiarias, lo que contradice su propia normativa. Cuando la derrota de Macri quedó asegurada en las PASO de agosto, el organismo cerró la canilla. Había apostado al caballo perdedor.

De nuevo, viejos conocidos.
Aún con la mencionada ayuda, el gobierno de Cambiemos, presa de su trampa, defaulteó su propia deuda. La Argentina y su pueblo heredan un alto nivel de condicionamiento económico financiero en el marco de una crisis social profunda. Lidiar con el cancerbero del sistema financiero mundial, ávido por obtener resultados de su apuesta, y como condición para negociar con los acreedores privados de los 62.000 millones de deuda en dólares a vencer en el próximo mandato, será tarea titánica.
Y como la historia tiene repeticiones de tragedia, conocemos ya la llegada de viejos conocidos a la fiesta.
Como una trama atascada, vuelven viejos actores a la carga, energizados por las necesidades de financiamiento del país. ¿Podrá el gobierno de Alberto Fernández cumplir su promesa de priorizar los bolsillos de la gente por encima de estos intereses? El costo, sabemos, es un conflicto que puede durar décadas: ¿está dispuesto el Frente de Todos a ir de nuevo a esta batalla, o elegirá la estrategia avellanedesca de Cambiemos? El margen parece angostarse no solo por los montos, sino por la persistencia del entramado institucional y de actores.

Del anterior default al pago total.
Del default de diciembre de 2001 hasta 2005, Argentina atravesó un tortuoso camino hasta obtener el primer canje de deuda, acordando con el 76,07% de los acreedores (2005), y posteriormente a través de la reapertura de canje en 2010 alcanzando al 92,4% de los acreedores.
El gobierno buscó alternativas en la jurisdicción local y apoyo a nivel internacional, hasta logró que en el marco de la ONU se estableciera una serie de recomendaciones para reestructuraciones de deudas soberanas. Nada de esto alcanzó.
El gobierno de Cambiemos cambió de estrategia, y en cuatro meses resolvió un litigio de más de 15 años. Finalmente el 30 de marzo de 2016 se aprobó, con apoyo de parte de la oposición en el Congreso, la ley N° 27.249, que permitió el pago de los holdouts, derogando las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Además del pago en efectivo de 11.864 millones de dólares antes del 14 de abril, y habilitó al Gobierno a endeudarse por un total de 15.500 millones. Quedaba así inaugurada la fiesta de la timba financiera.

Ensayando otro camino.
Dado el margen de negociación, conviene no descartar ninguna salida de antemano. Para extender plazos, el FMI requeriría reformas estructurales, contrarias a gran parte de la coalición social de apoyo del próximo gobierno. Pagarle en plazo exigiría una cantidad de dólares que equivale a todo el actual superávit comercial expandido al mandato de cuatro años. No quedaría nada para nadie más, habiendo dos tercios más de deuda que resolver. A las claras, esto no es viable.
Sin ánimo exhaustivo, proponemos algunas ideas para lo que sigue.
Continuar un único punto de la estrategia final del actual gobierno: reperfilar vencimientos de manera compulsiva hasta dar con una solución definitiva. Reconocer la inversión de roles por el tamaño de la deuda: la deuda es tan grande, que un default puede perjudicar tanto o más al acreedor, esto especialmente respecto al FMI.
Destacamos la viabilidad y necesidad de una auditoría completa de la deuda, recuperando el fallo del ex juez Jorge Ballestero. Para ir por este camino, la auditoría debería incorporar elementos económicos y sociales más generales, que permitan comprender el entramado de consecuencias del endeudamiento: para esto, la Argentina cuenta con un gran acervo de investigaciones académicas de respaldo. La auditoría sería además un instrumento de sensibilización para concientizar y movilizar la sociedad.
¿Es acaso pensable que la voluntad -por buena que fuera- de algunos técnicos y pocos políticos podrá más contra la presión de los acreedores, que la fuerza de un pueblo movilizado? Las recientes experiencias de Haití o Ecuador parecen indicar lo contrario. (El Cohete a la Luna).