Los mismos jueces que promovieron el beneficio del “dos por uno” a los represores de la dictadura militar -Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti- son los que llegaron a un acuerdo ahora para sacarlo a Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Para los analistas que siguen de cerca la actividad del máximo tribunal del país se trató de un “golpe de palacio” que contó con el visto bueno de la Casa Rosada. Su objetivo fue encumbrar a un hombre propio del presidente ante algunos gestos poco corteses -por así decir- de Lorenzetti y, de paso, enviar una señal de fortaleza en momentos en que el gobierno nacional hace agua por varios flancos. Faltaba muy poco para que finalizara el mandato del juez derrocado -a fin de año- por lo cual esta puesta en escena, es evidente, vino a cumplir con ese propósito.

Mucho más que un cambio de nombres

Para los pampeanos el nombre de Rosenkrantz no es desconocido porque fue el único miembro de la Corte que cuestionó la validez argumental de la presentación de nuestra provincia en el nuevo juicio contra Mendoza por el robo del río Atuel. Para el flamante presidente de la CSJ La Pampa no demostró con suficiente elocuencia el daño ambiental provocado por el corte del río. Su afinidad con la provincia cuyana tuvo así una primera manifestación en esta controversia.
Pero a nivel nacional es más conocido por haber aceptado asumir a su cargo sin la intervención del Senado. Ese traspié inicial, que compartió con su colega Rosatti, mereció un fuerte rechazo de todo el arco político opositor y así fue que la Cámara Alta intervino para analizar ambos pliegos, en cuyo trámite su nombre recibió más de 1.400 objeciones, entre ellos los de todos los organismos defensores de los derechos humanos. Tal prevención demostró ser justificada cuando poco después Rosenkrantz promovía -con el respaldo de dos cortesanos- el ominoso “dos por uno” para los genocidas que fue frenado por el Congreso a partir de una gigantesca movilización popular.
Otro episodio que sorprendió al tiempo de su nombramiento fue la eliminación del nombre de sus clientes que figuraban en el sitio web de su estudio jurídico. La operación no pasó desapercibida y permitió conocer que las víctimas del “delete” eran las más grandes corporaciones económicas del país. Entre ellas el Grupo Clarín, al que Rosenkrantz representó en su batalla judicial para eludir el alcance de la Ley de Medios Audiovisuales. Quizás este perfil de abogado de las grandes empresas que litigan contra el Estado -hay muchos otros casos en el currículum del juez- fue lo que llevó a un senador a cuestionarlo porque “no tiene antecedentes de defender el interés público sino solo los intereses privados”.
No fue la única crítica que recibió en su nuevo rol pues su mano también estuvo presente en una resolución de la Corte del año pasado cuando en un caso de libertad de expresión modificó la jurisprudencia al resolver que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son de cumplimiento obligatorio.
“Es la primera vez que llega a la presidencia de la Corte un representante del poder económico más concentrado”, sintetizó un dirigente político. Imposible no darle la razón.