Los “superpoderes” en la mira del PJ

La protesta social que viene ganando las calles por los brutales tarifazos parece que también llegará con sus repercusiones al Congreso de la Nación. Ya había ejercido influencia en los otros dos poderes; en el Ejecutivo promoviendo una módica revisión de los exorbitantes niveles aplicados inicialmente, y en el Judicial con el freno a la medida aplicada en muchos tribunales del país y la intervención de la propia Corte Suprema de Justicia.
Ahora un diputado nacional pampeano confirmó que en el seno de los representantes del justicialismo avanza la idea de terminar con los denominados “superpoderes”. Se trata de una delegación legislativa al Ejecutivo que le permite ampliar sus facultades a la hora de redireccionar recursos económicos fijados en el presupuesto. Es una práctica que se remonta al menemismo y que sobrevivió, con algunas vicisitudes, en todos los gobiernos hasta quedar plasmada en una ley del año 2005.
La posibilidad de cambiar esa norma y recuperar las atribuciones concedidas en el manejo del presupuesto, es una discusión que está madurando en el seno del PJ y que implicaría, de prosperar, dejar atrás el desdibujado perfil opositor que ha venido cumpliendo desde que perdiera las elecciones el 10 de diciembre. Resulta evidente que el “ruidazo” y otras manifestaciones de profundo descontento social que vienen creciendo como respuesta a las medidas antipopulares del gobierno de Cambiemos ha despertado de su sopor a muchos diputados y senadores peronistas y los ha predispuesto a asumir el rol de oposición de otra forma. Hasta ahora, y bajo el eufemismo de “proteger la gobernabilidad”, las diversas tribus en que se ha partido el justicialismo, con matices, han desempeñado un papel muy deslucido frente a los avances neoliberales del macrismo. La mayoría de las medidas de gobierno que, hasta ahora, han significado un claro desbalance en favor de los sectores más concentrados de la economía y en perjuicio de las clases sociales más vulnerables, han contado con el disciplinado acompañamiento del grueso de las múltiples expresiones del tronco justicialista en ambas cámaras del Congreso.
Las consecuencias más visibles de esas políticas son una enorme transferencia de recursos hacia la elite económica y financiera y un retroceso de los sectores populares. La reciente revelación del descomunal aumento que se le otorgó a las empresas petroleras, más que duplicando el precio del gas que se le reconocía hasta ahora y que estaba en niveles muy similares a los que se paga en los países productores de ese hidrocarburo, es una muestra -entre muchas otras- de las inclinaciones que el macrismo lleva en su ADN en cuanto a favorecer a unos pocos y perjudicar a las mayorías.
En los próximos días se verá si esta iniciativa que reveló el diputado pampeano y que busca recortarle poderes al Ejecutivo en el manejo discrecional de los dineros públicos se concreta en una reforma legislativa o se desvanece en el intento. Será una pelea de fondo y vital para el gobierno. El macrismo necesita esa herramienta de enorme poder disuasivo para continuar presionando -indirectamente y a través de los gobernadores- a todos los bloques del Congreso. Sin ella al gobierno le resultará muy difícil conseguir las manos levantadas que le aprueben, como hasta ahora, sus proyectos. Le quedará, desde luego, el recurso del decretazo, que usó de entrada y sin demasiados problemas de conciencia. Pero esa estrategia solo puede rendir frutos en los primeros tramos de la gestión y cuando el gobierno mantiene intacto su capital político. En el largo plazo, en cambio, el desgaste propio del ejercicio del poder torna impopular ese recurso.
Unos y otros conocen muy bien estas reglas del juego. Por eso la pelea por los superpoderes -si se desata y el macrismo no logra neutralizarla- no será tranquila.