Los médicos y el aborto no punible

El aborto no punible sigue provocando serios problemas en la salud pública pampeana. Una visión conservadora y sectaria presente en muchos médicos de esta provincia provoca situaciones conflictivas que llegan a poner en peligro la vida de las mujeres que requieren esa práctica contemplada en la legislación.
¿Es aceptable que todo el equipo médico de un hospital anteponga la llamada “objeción de conciencia” para negarse a interrumpir el embarazo de una mujer que lo demanda dentro de los términos de la ley? Organizaciones de mujeres que denunciaron el caso imputaron a esos profesionales una deliberada desatención que puso en riesgo la salud de la paciente. Pero también señalaron que muchos de ellos, que en el Estado se niegan a realizar estas prácticas, sí las llevan a cabo en sus consultorios privados cobrando altos aranceles.
Se tolera así el boicot a una ley que nació, entre otras razones, para garantizar igualdad de condiciones de las personas independientemente de su situación socioeconómica. Es bien sabido que una mujer con el dinero suficiente para pagarse un aborto lo puede hacer. Hay muchos profesionales disponibles en la actividad privada para satisfacer su derecho a interrumpir un embarazo. Pero cuando una mujer no puede afrontar el alto costo de la atención privada y depende de la salud pública las cosas son bien distintas y dejan ver que el acceso a determinados derechos está en relación directa con la pertenencia social. En una sociedad que se dice democrática es inaceptable.
El caso de la mujer de General Pico fue particularmente grave pues en el hospital de esa ciudad los médicos no solo se negaron a hacerle la práctica sino, incluso, a brindarle información. Hay en esa conducta una combinación de factores que no pueden pasar por alto las autoridades provinciales. En principio un desconocimiento de la ley, también una falta de compromiso con las necesidades de una ciudadana que requiere atención médica, y hasta una actitud personal y profesional reñida con lo que el ejercicio de la medicina demanda a quienes abrazan la noble profesión de curar.
El estado de salud delicado, los antecedentes de numerosos embarazos, la realización de varios partos mediante cesárea, un cuadro complicado de déficit nutricional, una opinión profesional que describió problemas orgánicos severos… Fueron demasiados las razones que justificaban, y sin demora, esa práctica médica.
Sin embargo, primó la indiferencia en los especialistas del establecimiento sanitario piquense. Anteponiendo la objeción de conciencia, se desentendieron de la salud de una persona. Esa cláusula, de naturaleza esencialmente religiosa, debiera ser revisada a despecho de los conocidos grupos de presión vinculados a varias iglesias. ¿Puede aceptarse a un profesional que pretende desempeñarse en la salud pública con semejante limitación para ocupar un cargo rentado cuando hay otros que están dispuestos a anteponer las necesidades y urgencia de los pacientes por sobre sus creencias personales?
Fue necesario un traslado al hospital de Santa Rosa para realizar la práctica que en General Pico se obstaculizó. Como si fueran dos provincias.