Los represores de la dictadura agradecen la lentitud de la Justicia

El fallo de la Cámara de Casación Penal, que ordena excarcelar a una veintena de represores que actuaron
durante la dictuadura no es el único. En Córdoba, la justicia también ha dictado resoluciones similares en
causas donde se juzgan delitos de lesa humanidad.
IRINA SANTESTEBAN
La jueza federal Nº 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano dictó a fines de noviembre una resolución que benefició a dos acusados en la causa UP1, por la que se juzga a los responsables del asesinato de 31 presos, que estaban detenidos en la Penitenciaría de la ciudad de Córdoba, durante el proceso militar de 1976-1983. De esta forma, fueron liberados el mayor retirado del Ejército, Francisco Pablo D´Aloia y el civil Luis Alberto López, y la jueza Garzón se basó para liberarlos en el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la causa “Díaz Bessone”, en el cual ese Tribunal dispuso la “restricción” de las prisiones preventivas, sobre todo en los casos donde no exista riesgo de fuga y que hayan demostrado voluntad de colaborar con la Justicia.
En otra causa, “Vergez”, en la cual se investigan los secuestros, torturas y asesinatos de 21 militantes políticos cometidos por el Comando Libertadores de América (versión cordobesa de la Triple A), antes del 24 de marzo de 1976, la sala 3 de la Cámara de Casación Penal, ordenó la excarcelación de Carlos “Tucán” Yanicelli, ex jefe del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, conocido como el “D-2”. Afortunadamente, en esa ocasión la jueza Garzón no hizo lugar a la excarcelación porque Yanicelli estaba preso no sólo por la causa Vergez sino por otros delitos cometidos durante la dictadura militar.

Rechazo y advertencia.
Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba, en la persona de Emiliano Fessia, integrante de HIJOS, rechazaron estas excarcelaciones y advirtieron que, con el criterio que está marcando la Cámara de Casación Penal, en poco tiempo más podrían ser liberados todos los detenidos por los crímenes del terrorismo de Estado en Córdoba.
Fessia expresó que, si el argumento para liberar a estos represores, como dice la Cámara, es que “no existe riesgo de fuga”, el mismo puede ser utilizado en todas las causas en las que están siendo juzgados. Además consideró una burla que se utilice el argumento de “haber demostrado voluntad de colaborar con la Justicia”, cuando ninguno de los detenidos ha revelado ningún dato que pueda establecer el lugar donde habrían sido enterrados los desaparecidos en Córdoba, y lo que es peor aún, el destino de los bebés y niños que fueron secuestrados durante el cautiverio de sus madres y entregados a otras familias. Justamente en estos días la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer que se ha encontrado otra nieta hija de desaparecidos, aunque no se reveló su identidad ni la de la familia que la habría criado, que sería de buena fe.
La agrupación Hijos advirtió además sobre la “peligrosidad procesal real y concreta de estos personajes y el grave peligro que su libertad conlleva”. Y agrega: “Sugestivamente la jueza revoca esta situación y dispone que el imputado de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y cometidos en el marco de un plan sistemático e ilegal de exterminio de ciudadanos, que nunca ha colaborado en hacer cesar los efectos de tan aberrantes conductas, continúe el proceso en su casa”.

La contracara.
Es paradójico que esta situación que beneficia a los responsables de aberrantes crímenes, cometidos durante un gobierno que violó la Constitución Nacional y los derechos humanos, se dé en una época en que vuelven a proliferar las posiciones favorables a la criminalización de la pobreza, de la “mano dura” policial y nuevos intentos de bajar la edad de imputabilidad de los menores.
La excarcelación es un instituto procesal de tipo “garantista”, que tiene por objeto impedir las detenciones excesivas e innecesarias e intenta ser un remedio contra la prolongación excesiva de las causas. Pero en las cárceles de todo el país, se hacinan miles de presos comunes, acusados de delitos menos graves que los que se les atribuyen a los represores, que sin embargo esperan condenas, en muchos casos por un tiempo mayor a los dos años. Y si algún juez intentara aplicar la excarcelación con los mismos argumentos expresados por la Cámara de Casación Penal, seguramente deberá enfrentarse a la prensa que magnifica diariamente delitos de todo tipo, para incentivar en la población -de los sectores medios y altos- la sensación de inseguridad, y justificar la adopción de medidas represivas al mejor estilo Blumberg.

Presentación a la Justicia.
Para rechazar la posibilidad de que los represores queden libres, el lunes 22 se reunieron los organismos de derechos humanos de Córdoba, en la sede del gremio de los empleados judiciales y brindaron una conferencia de prensa, en la que también participaron funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y de la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia.
Al día siguiente, se presentaron en los Tribunales Federales y reclamaron mediante un escrito a la Cámara Federal de Córdoba y a la jueza Garzón de Lascano, que cesen estas medidas que benefician a acusados de delitos de lesa humanidad, al tiempo que reclamaron la aceleración de las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura militar, para que los juicios se desarrollen durante 2009.
Es que estas excarcelaciones no se habrían producido si las causas no hubieran sufrido demoras excesivas, en la mayoría de los casos provocadas por las continuas apelaciones e incidentes planteados por las defensas de los genocidas, que han usado y abusado de todas las garantías que el derecho procesal penal otorga a los acusados de delitos (y que casi nunca pueden utilizar tan libremente los reos comunes).

Juicio político.
En el caso de Córdoba, a raíz de esta nueva situación creada a partir del fallo de la Cámara de Casación Penal, fueron presentados en el día de ayer 435 pedidos de excarcelación, para beneficiar a los 60 imputados presos en esta provincia. Afortunadamente, la jueza Garzón de Lascano, rechazó estas peticiones y, por ahora, los represores seguirán detenidos, pero el temor de los organismos de derechos humanos es que, si no se aceleran las causas para que los juicios tengan lugar en 2009, en los próximos intentos, estos genocidas queden en libertad.
Los organismos de derechos humanos de Córdoba, y otras agrupaciones sindicales y políticas, han solicitado, en concordancia con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el juicio político a los dos jueces de la Sala 2, a los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5 y a los de la Cámara Federal de Mendoza, en estos dos últimos casos, por haber demorado en exceso las causas, provocando una situación como la actual.