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Macri declarará como organización terrorista a Hezbollah

EN CAMPAÑA

Sin mayoría parlamentaria, la firma de decretos y la creación de pretenciosos comités son pasos proselitistas de un gobierno que busca su reelección, en sintonía con los equipos de inteligencia de Estados Unidos e Israel.
Por Horacio Verbitsky – El decreto que el presidente Maurizio Macrì firmará para declarar como organización terrorista a Hezbollah, en tributo a la visita que el jueves 18 realizará el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la creación de un pretencioso Comité de Ciberseguridad, son pasos proselitistas del gobierno que busca su reelección, pero están en sintonía con sus principales sponsors, los equipos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos e Israel, que le dieron la idea. En la edición del 5 de mayo reproduje el diálogo de Pompeo con alumnos de la Universidad AM de Texas. En un clima de extrema cordialidad, recordó que cuando él era cadete del Ejército, la consigna en el Colegio Militar de West Point era: «No mentirás, no engañarás, no robarás ni tolerarás a quien lo haga». Y agregó: «Yo fui director de la CIA: mentíamos, engañábamos, robábamos. Todo eso hacíamos».
Esos son los principios que, tema por tema, rigen la campaña electoral de Juntos por el Cambio, financiada con los préstamos que por decisión de Donald Trump, el FMI entrega con generosidad impar.
Es cualquier cosa menos casualidad que el decreto se firme y Pompeo viaje en el 25° aniversario del atentado a la DAIA, que el fiscal Natalio A. Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral atribuyeron a funcionarios de la República Islámica de Irán y que todos ellos se proponen convertir en cosa juzgada mediante un juicio en ausencia. Nisman sometía a consideración de la embajada de Estados Unidos sus dictámenes antes de presentarlos, y sus interlocutores le indicaron que debía concentrar su atención en Irán, no en Menem ni Siria. Pompeo participará aquí en una reunión internacional sobre terrorismo, problema que en la Argentina no tiene actividad, según el informe del Overseas Security Advisory Council del Departamento de Estado, mencionado por Juan Gabriel Tokatlian.
Tampoco obedece al azar que el doctor Glock haya citado a declarar al candidato presidencial Alberto Fernández, con la exclusiva intención de reponer a la ex Presidente CFK en el centro de la atención pública en relación con aquel atentado y el memorando de entendimiento. «La siguen escondiendo», clamó el jefe de gabinete Marcos Peña Braun en un cónclave proselitista de su fuerza. Glock cerró la instrucción y elevó la causa, pero se reservó un expediente denominado residual, apto para este tipo de operaciones sucias. La idea era muy simple: o contaminaba al candidato con la demonización de la ex Presidente por este tema, que comenzó en el año electoral 2015, o exponía una contradicción entre ambos. Fernández se manejó con solvencia, pero no pudo evitar que parte de aquel propósito se concretara.
Glock es el mismo juez que se negó a citar como testigo al ex director de Interpol, Ronald K. Noble, quien pidió declarar para exponer que ni el ex canciller argentino ni nadie del gobierno de Cristina le pidió nunca que levantara las alertas rojas contra los funcionarios iraníes, sino todo lo contrario.
Macrì no tiene mayoría parlamentaria, por lo que la más grave decisión de política exterior, que puede tener graves repercusiones, se tomaría por decreto presidencial. Otro tanto podría ocurrir con la reforma que permita el juicio en ausencia, aunque la Constitución prohíbe legislar por decreto en materia penal. Los institutos legales no han sido nunca óbice para las decisiones del macrismo. Le bastaría con alegar que no se trata de una reforma penal sino procesal, como si escindirlas fuera tan simple como cortar un cordón umbilical. Aunque el Congreso derogara ese decreto o la Justicia lo declarara inconstitucional, la contaminación de la campaña electoral con un debate espurio estaría lograda.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ex fiscal Nisman, compartieron un financista: el empresario de casinos Sheldon Adelson, socio de Paul Singer en el fondo buitre Elliot y propietario del periódico de distribución gratuita Israel Hayom. Considerado entre los diez hombres más ricos del mundo, patrocinó la Task Force Argentina. Este fue un instrumento de presión para conseguir el pago, que se especializó en la presentación de denuncias contra el anterior gobierno argentino, al que asoció con el eje del mal formado por Irán y Venezuela. Una pieza esencial de esa estrategia fue Nisman, quien, cual Cid Campeador de la picaresca argenta, vuelve a cabalgar después de muerto, aunque sus grandes batallas ocurrieron en puteríos y balnearios. Entre 2010 y 2014, ese diario de Sheldon Adelson depositó 280.000 dólares en la cuenta bancaria internacional 9700-7548-MAJ-6325-AC874 del Bank Hapoalim de la ciudad de Colonia, en la República Oriental del Uruguay. Como titular de pago (Holder paid) figura Nisman, Natalio. Tuve en mis manos la tabla de las transferencias y sus fechas (mes, día y año) y las cantidades pagadas al funcionario argentino, que nunca las declaró dada la incompatibilidad ostensible.
En 2015, al mismo tiempo que aquí se desplegaba la ofensiva de Nisman y de un grupo de fiscales contra Cristina, Adelson estuvo entre los responsables de la visita a Estados Unidos de Netanyahu, quien fue invitado a pronunciar un discurso en el Congreso, en el que se manifestó en términos insultantes contra el entonces Presidente Barack Obama, por impulsar el acuerdo nuclear 5+1 con Irán. Durante su invectiva, el primer ministro israelí fue ovacionado 12 veces por la bancada republicana. Según el portal The Globalist, Netanyahu no persiguió sólo su agenda sino también la de Adelson, fastidiado con Obama porque sus regulaciones de las guaridas fiscales le impedían llevar a Estados Unidos sin impuestos las ganancias de sus casinos en Macao.
En lo que todos ellos coincidían era el repudio al acuerdo nuclear con Irán que, ahora desde la presidencia y también él en procura de su reelección, Trump ha resuelto desconocer. Esto ha elevado la tensión mundial y comenzado una nueva alza en el precio del petróleo, con los primeros incidentes en el Golfo de Ormuz. La designación de Hezbollah como organización terrorista y la creación del Comité de Ciberseguridad no pueden disociarse de este cuadro. Pero hace menos de un mes ninguna medida de seguridad previno el mayor apagón de la historia, que no fue un acto terrorista sino de codicia e incompetencia. Macrì asoma la nariz a la mesa de arena global como el inolvidable Yeneral González de Alberto Olmedo, que hacía gestos de inteligencia sin comprender una palabra de lo que hablaban el general ruso y el estadounidense.
Al llegar a su destino, en abril de 2018, Fernando Orís de Roa, embajador argentino en Washington, reveló las ilusiones de su gobierno: «A Estados Unidos le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Una agenda de corte político internacional. No es que a nosotros no nos interese eso, sino que nuestra agenda es económica. Una agenda para, de alguna manera, abrir el mercado norteamericano a una cantidad de productos que la Argentina exporta». Con el macrismo siempre hay que preguntarse cuál es el negocio. Orís de Roa fue director de Citrus Trade Famaillá, de Argenti Lemon y de San Miguel, los nombres sucesivos de la productora de limones que el Grupo Macrì le vendió al Grupo Bemberg y cuyas recientes exportaciones a Estados Unidos son el principal éxito de la relación de Macrì con Trump.
Una de esas satisfacciones a los intereses de Estados Unidos fue el decreto que inconstitucionalmente modificó las leyes de defensa nacional, seguridad interior e Inteligencia nacional, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en los campos de la seguridad y la inteligencia interior, que le está vedada por esas leyes sancionadas bajo las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa, y la derogación del decreto de Kirchner que circunscribía la agresión externa al empleo de tropas de un país extranjero. Ya Estados Unidos está construyendo una base de ayuda humanitaria en Neuquén, cerca de los yacimientos de gas y petróleo no convencional, comparables en importancia a los de China y Estados Unidos y a ningún otro en el mundo.
Tampoco es azarosa la decisión del clon chileno de Macrì, Sebastián Piñera, de desplegar Fuerzas Armadas en las fronteras con el pretexto del narcotráfico, tal como hace la Argentina. Tanto el Congreso Judío Latinoamericano, que preside el financista argentino Adrián Werthein (cuyo hermano Gerardo es uno de los principales asociados en los negocios inmobiliarios del PRO porteño) como el Congreso Judío Mundial, a cargo del empresario de cosméticos Ronald S. Lauder, apoyaron la movida de Macrì con el mismo entusiasmo con que dos centenares de hombres de negocios se sumaron a la operación de Macrì contra los sindicalistas que defienden los derechos de los trabajadores, como Sergio Palazzo y los Moyano. El único antecedente de un emblocamiento patronal con un gobierno son las declaraciones en serie de las cámaras sectoriales en las décadas de 1970 y 1980, en defensa de la dictadura y en contra de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, desdeñadas como «campaña antiargentina».

El sinceramiento.

Pero ¿con qué cuenta la Argentina para intervenir de este modo en el escenario mundial? Algunos indicios se advirtieron en la conmemoración del 203° aniversario de la Independencia, que fue un sinceramiento político del gobierno, voluntario o no. La colocación del palco oficial para el desfile frente a la residencia del embajador de los Estados Unidos, que asistió al desfile con una camiseta del seleccionado argentino de rugby, se suma a otros bloopers oficiales como el pedido de disculpas al Rey de España, que Macrì formuló hace tres años, aduciendo que los patriotas estaban angustiados por separarse de España. Este 9 de julio, en cambio, desde la Casa Histórica de Tucumán, comparó la decisión de los congresales que declararon la Independencia con la convicción de su gobierno en la defensa de valores innegociables, como la independencia y la libertad, y los involucró en su campaña electoral al agregar que «sabían que era solo el comienzo, igual que nosotros, y lo hicieron sabiendo que, pasara lo que pasara, esa transformación iba a estar acompañada de dos palabras, como nos pasa a nosotros: para siempre». Angustiados pero contentos.
Anunciado como un desfile militar, expresó la condición famélica a la que el gobierno ha reducido a las Fuerzas Armadas, que intenta reducir al rol de una gendarmería antinarcóticos. Un puñado de aviones y unos pocos tanques, en su mayoría obsoletos y recauchutados, enmarcaron el simulacro. En Entre Ríos, a uno de los tanques le fallaron los frenos y se incrustó contra un árbol. En vez de unidades reales, se mostraron sus miembros fantasma, como la agrupación de amigos del portaaviones 25 de mayo, desguazado en India hace dos décadas.
Un capítulo aparte merece la presencia de ex soldados veteranos de Malvinas, que insumió buena parte de la parada. La locución que acompañó el desfile asumió una manifiesta defensa de los oficiales acusados por maltratos o torturas a sus soldados que, se leyó, «no eran chicos de la guerra». Esa es la posición asumida por el jefe del Ejército, general Claudio Pasqualini (yerno del militar Athos Renés, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la masacre de Margarita Belén), que el gobierno consiente en forma acrítica. Próximos ya a los 60 años, los hombres que marcharon con sus banderas, sus uniformes raídos y/o sus muletas, merecen todo el reconocimiento que la propia dictadura les negó, al esconderlos cuando regresaron de las islas.
Pero la promesa de volver a las Malvinas, impresa en uno de esos estandartes junto a la imagen de un tanque, no expresa los lineamientos políticos fijados por los sucesivos gobiernos postdictatoriales, que descartaron el empleo de la fuerza para lograr ese objetivo. Además, contradice la práctica del actual gobierno, que incumple con el mandato constitucional sobre la «legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas», y en su lugar abunda en gestos de resignación de ese señorío. Con prescindencia de las intenciones que lo enarbolaron, ese cartel actuó como encubridor de la realidad, así como la Constitución de 1957 consagra en el artículo 14 bis los derechos sociales abolidos por la dictadura que la reformó.
Son elocuentes de ello el acuerdo Duncan-Foradori, firmado en 2016 sin intervención del Congreso, con la finalidad de «remover todos los obstáculos para favorecer el crecimiento económico y desarrollo sustentable de las islas en lo referente a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación»; la autorización otorgada en 2018 para que los vuelos de Latam entre Brasil y Puerto Argentino hagan escala en Córdoba; el reconocimiento del embajador en Londres, Carlos Sersale di Cerisano, al delegado británico en las islas como su máxima autoridad, y la licitación que este año adjudicará bloques de gas y petróleo para explotar en el Mar Argentino, con participación de empresas transnacionales que han violado la legislación argentina y las disposiciones de Naciones Unidas al explorar en las Malvinas.
La falta de material de las famélicas Fuerzas Armadas fue suplida por una superabundancia de bandas militares y de fracciones de regimientos históricos con sus uniformes vintage que dejaron de usarse hace casi dos siglos. Además, el gobierno nacional puso sobre la Avenida del Libertador abundantes formaciones policiales, con sus armas concebidas para el control social y la represión política. Entre ellas se destacaron los motociclistas de la Policía de la Ciudad, intimidatorios robocops de uniforme negro y anteojos oscuros, que al caer la tarde fueron utilizados para reprimir a una organización social que intentaba instalar una cocina y una carpa junto al Obelisco para ofrecer un plato caliente a personas que pasan día y noche en la calle. Dos personas fueron golpeadas y detenidas; no eran activistas, se habían acercado en busca de su única comida del día. El alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta justificó esa violencia aduciendo que los manifestantes le habían fracturado el brazo en tres partes a un policía. No era cierto, los certificados médicos sólo revelan hematomas y edemas y recomiendan aplicar hielo. También dijo que dos grupos sindicales kirchneristas se habían tomado a tiros. La verdad es que el agresor fue un dirigente de las 62 Organizaciones Macristas de Gerónimo Venegas, que agredió con armas de fuego a un grupo de trabajadores.

Dignos aliados de Pompeo.
El mismo 9 de julio murió el ex presidente Fernando de la Rúa, quien entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001 encabezó el gobierno más breve y sanguinario posterior a la dictadura: comenzó con dos muertos en el desalojo del puente Corrientes-Resistencia y culminó con 39 asesinatos en distintos lugares del país, el mayor grupo en la CABA, bajo su directa responsabilidad. Ni los partidos políticos ni la prensa comercial hicieron hincapié en estas prácticas, retomadas por el actual gobierno a partir de 2015. Que no haya habido un alto número de muertos se debe antes a la disciplina aprendida por las organizaciones sindicales y sociales que a la restricción oficial. El duopolio mediático estuvo a la altura de sus mejores momentos. Clarín tituló que De la Rúa fue «el presidente devorado por la crisis de 2001». La Nación se lanzó a competir con la revista Barcelona al afirmar que la suya fue «una vida dedicada a la política, eclipsada por su presidencia». En ningún caso le atribuyen alguna responsabilidad en la tragedia que su gobierno fue para la sociedad, el monstruoso endeudamiento externo que dejó y la economía en ruinas.
También se exhibieron las tropas de la policía de seguridad aeroportuaria. Dos días antes uno de sus jerarcas protagonizó otro episodio paradigmático de la chocobarización que promueve la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya primera gestión ministerial fue con De la Rúa, desde la cual embistió igual que ahora contra Hugo Moyano y otros sindicalistas. El oficial Ariel Gerber, de 41 años y jefe de custodia del subjefe de la PSA, Alfredo Gallardo, gatilló cuatro veces contra un auto que había rozado el suyo, e hirió en la espalda a Santiago Espada, de 23, que llevaba en brazos a su bebé. El organizador de la PSA durante la presidencia de Néstor Kirchner, Marcelo Saín, fustigó a la ministra Bullrich por la derogación en marzo de este año del protocolo que prohibía la portación del arma oficial a los funcionarios fuera de servicio. La resolución firmada por el jefe de la PSA, Alejandro Itzcovich Griot, quien acompaña a Horacio Rodríguez Larreta desde los años del Grupo Sophia, considera además que cualquier intervención del personal, «encontrándose fuera de servicio, para evitar la comisión de delitos y/o detener a sus autores en la que empleare el armamento provisto por la institución, los actos que realice y sus consecuencias serán considerados a todos los efectos como actos de servicio». Saín concluyó con pura lógica que Espada no se debatiría entre la vida y la muerte si Bullrich no hubiera derogado aquel protocolo.

Dos caras de la moneda.

El deceso del ex Presidente también provocó debates sobre los momentos más críticos de su gestión. El ex senador Eduardo Duhalde, que en 2002 se hizo cargo del Poder Ejecutivo por un breve interinato, escribió que la adhesión de De la Rúa «sin cortapisas a la convertibilidad, que ya desde el final del gobierno anterior daba claros síntomas de agotamiento, el déficit fiscal que heredó y que se financiaba con un elevado nivel de endeudamiento externo y se combinó con un aumento de la recesión económica generaron un creciente ambiente de descontento social». Ese clima se acrecentó con el nombramiento de Domingo Cavallo como ministro. «Junto a Alfonsín constituimos por esos días el Movimiento Productivo Argentino y elaboramos un plan, que le presentamos junto con las dos CGT, con la idea de apoyar al gobierno si este decidía abandonar la convertibilidad y dar lugar a un plan que liberara las fuerzas productivas del país, a las que el corsé del uno a uno paralizaba de manera ya insostenible». De la Rúa nunca respondió y «las protestas callejeras, el caos económico y la pérdida de apoyo político derrumbaron su presidencia». Quien respondió, desde su blog, fue Cavallo. Dijo que era una versión mentirosa y despreciable.
Según el ex ministro, Duhalde «sabe muy bien que el gran problema fue el déficit de las provincias, en especial el de su provincia, financiado con endeudamiento bancario interno, en particular, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, al que dejó virtualmente quebrado al final de su gestión como gobernador».
«Lo que insinuaban, teniendo como vocero al entonces Presidente de la UIA, Ignacio De Mendiguren y algunos adláteres, era simplemente la pesificación compulsiva de todos los contratos en dólares, sin contemplar que también significaba la confiscación de más del 50% de los depósitos de los ahorristas. Cuando me presentaron la idea en mi despacho, les expliqué que hacer eso significaba provocar una devaluación descomunal que deterioraría en más de un 50% los salarios reales, las jubilaciones y los ahorros de las familias. También les expliqué que semejante medida provocaría un gran aumento de la desocupación y de la pobreza, dos problemas que ya eran graves, pero que la ‘solución’ que ellos proponían los agravarían aún más».
Lo único ostensible en esta esgrima entre devaluacionistas y dolarizadores es que la inusitada extensión de la convertibilidad, cuyas consecuencias Duhalde describe bien, y su brutal conclusión, que produjo el efecto que reseña con exactitud Cavallo, son las dos caras de una misma moneda. O dicho de otro modo, sin la tierra reseca por la convertibilidad, el torrente de la devaluación hubiera drenado de un modo menos vandálico, como ocurrió en Brasil o en países que no adhieren a la monserga monetarista, como Japón y China, según explica Ellen Brown. Cada uno de los polemistas expresa los intereses de una coalición socioeconómica, cuya única coincidencia era y sigue siendo expoliar a los trabajadores.
Pero hay también aspectos desconocidos o no bastante divulgados, que vinculan de otra manera aquel momento con el actual. Luego de que Menem despidiera a Cavallo del Ministerio de Economía, en 1996, lo sucedió Roque Fernández, quien designó subsecretario al nieto homónimo de Rogelio Frigerio, actual ministro de Obras Públicas y Vivienda. Aquel joven de 28 años se encargó de la programación regional y, más adelante y hasta la finalización del mandato de Menem, como presidente del fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Merced a los sucesivos pactos federales, el gobierno central tenía capacidad de decisión sobre las políticas de las provincias. Los déficits que menciona Duhalde eran enjugados con préstamos de algunos bancos privados a tasas usurarias del 20%, y garantizados con los ingresos futuros por coparticipación. La tasa se fija en función del riesgo (eso es lo que en escala internacional mide el famoso riesgo-país), que en este caso era mínimo por la garantía del estado nacional.
Quien aprobaba esos acuerdos era Frigerio. Sobre el final del mandato de Menem, el economista Jorge Gaggero, asesor del diputado nacional bonaerense Jorge Remes Lenicov, objetó la convalidación de esos tratos, que no podían terminar bien. Frigerio no respondió.
Del otro lado del mostrador se sentaba uno de los ministros que ahora comparte el gabinete con Frigerio. Uno de los bancos que se especializó en estos préstamos fue el Galicia, que era el primero de los de capital local. Desde 2001, cuando continuaron esos préstamos abusivos hasta el estallido de 2002, su economista jefe fue Nicolás Dujovne.
Coherencia no es lo que les falta.