Macri no paga e incumple el autocontrol

EL CORREOGATE Y LAS TRETAS JUDICIALES

Ari Lijalad* – El Correogate preocupa. Con complicidad judicial se dilata el pago de la deuda de la familia Macri de más de 296 millones de pesos, mientras avanza la causa penal contra el presidente, quien incumple el decreto que firmó para controlarse a sí mismo.
En términos judiciales, el Correogate se divide en tres causas principales: en primer lugar, el expediente que involucra la deuda de Correo Argentino con sus acreedores, incluido el Estado, que tramita en el fuero comercial. Es el expediente donde Macri intentó condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos. En segundo lugar, la causa penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo, donde están imputados Macri, Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, directivos de las empresas Correo Argentino, Socma y Sideco, los síndicos del concurso de acreedores y a la jueza Marta Cirulli. Por último, la demanda de la familia Macri contra el Estado por 2.365 millones de pesos en el fuero contencioso administrativo, que sigue abierta.
Los Macri le deben al Estado 296.205.376 pesos desde el 2001. En todos estos años, esquivaron el pago de su deuda gracias a la complicidad judicial y de parte de funcionarios que no reclamaron la quiebra de la empresa. Este esquema hoy se mantiene, y las juezas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini llevan a cabo todo tipo de maniobras para dilatar la resolución de este expediente.

Tretas judiciales.
La última jugada de las juezas es del 15 de junio aunque, en una práctica ya habitual, demoraron en cargarla en el sistema y notificar a la fiscal Gabriela Boquin. En pocos párrafos, y con la firma de la jueza Gómez Alonso de Díaz Cordero, resolvieron dos cosas. Una, que ellas seguirán al mando, por ahora, de la parte de este expediente en la que deben resolver sobre la deuda de los Macri con el Estado. La segunda, remitieron las cuestiones vinculadas a las denuncias de vaciamiento de Correo Argentino a la jueza Cirulli, que justamente está imputada por su participación en esta maniobra.
La imputación a la jueza Cirulli llegó tras los últimos dos dictámenes de la fiscal Boquin. En uno, la fiscal rechazó el pedido de suspensión de los plazos por 120 que pidió el Gobierno en evidente complicidad con los intereses de la familia Macri. “De disponerse la suspensión de los plazos procesales por 120 días, se sumará una irregularidad más a la extraordinaria y atípica tramitación del expediente”, sostuvo Boquin. Las juezas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini aún deben resolver sobre este punto. En el otro dictamen, Boquin amplió su denuncia sobre el vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia Macri como Socma y Sideco, denunció otra vía de vaciamiento a través de la compra de acciones de la empresa uruguaya Neficor por 2.100.000 dólares, sostuvo que Socma y Sideco tenían que devolverle el dinero a Correo Argentino e identificó a la jueza Cirulli como parte fundamental de todo este mecanismo de vaciamiento. La fiscal Boquin reconstruyó las tretas de la jueza Cirulli para embarrar la causa y afirmó que debía excusarse de seguir interviniendo. La jueza se negó.
A partir de estos dictámenes, el fiscal Juan Pedro Zoni, que interviene en la causa penal contra Macri, imputó a la jueza Cirulli. Pero las juezas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini resolvieron ahora que la jueza tenga intervención en la cuestión del vaciamiento pese a que está imputada por eso mismo.

Embarrar la cancha.
El mismo 15 de junio hubo otro intento para demorar la causa. Las juezas que tienen que resolver sobre la deuda de Correo Argentino hicieron una insólita maniobra y se sacaron de encima, una vez más, el expediente completo. Fue ante un pedido del juez Lijo, que impulsa la causa penal contra Macri. Lijo les solicitó fotocopias de los informes de las sindicaturas que intervienen en el concurso, pero la jueza Gómez Alonso de Díaz Cordero resolvió enviarle el expediente entero: más de 100 cuerpos y 25.000 fojas. Un papeleo innecesario con un sólo objetivo: profundizar el letargo de esta causa.
Además de enviarle el expediente entero, le indicó a la jueza Cirulli que “envie al señor juez oficiante las constancias que estime corresponder”. O sea, dos veces en un día le permitió a la jueza Cirulli inmiscuirse en el devenir de una causa en la que está imputada. El 23 de junio, la jueza Cirulli cumplió la tarea y le envió a Lijo fotocopias de cinco incidentes dentro de esta causa “a los efectos de una mejor ilustración”. El juez Lijo devolvió todo rápido a la Cámara Comercial.

Aquella destitución.
Macri aún no fue citado a Comodoro Py, pero la causa en la que se lo investiga por el intento de condonarle la deuda a su familia avanza a buen ritmo impulsada por el juez Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.
En las últimas semanas, Lijo hizo dos jugadas que preocupan al Macri y, por ende, al Gobierno. El 13 de junio intimó a Socma a que le envíe documentación sobre las operaciones realizadas con Correo Argentino. Hace pocos días empezó a recibirla. Pero lo que más puede perudicar a Macri es la citación a indagatoria al ex procurador del Tesoro Carlos Balbín y al ex director Nacional de Auditoría de ese organismo, Guillermo García. Balbín fue designado y removido por Macri de su puesto como jefe de los abogados del Estado. Hubo dos motivos cruciales en su destitución: Correo Argentino y Odebrecht. Antes de irse, Balbin firmó un memorándum donde criticó tanto la demora judicial como el rol de funcionarios kirchneristas y macristas y de las empresas Macri, y dejó abierta la posibilidad de sumar intereses a la deuda que acumulan desde 2001. Miles de millones de pesos en juego. Balbín basó su memorándum en la auditoría que hizo García, un funcionario de carrera de la Procuración del Tesoro sin filiación partidaria que sigue en el organismo aunque fue desplazado de su rol. La auditoría que confeccionó García, publicada por Nuestras Voces, revisó las 25.000 fojas del expediente y señaló las responsabilidades de la familia Macri, la corporación judicial y el Estado en la demora de esta causa y, en consecuencia, en el perjuicio que le generaron a las arcas públicas.

Mala fe procesal.
Tanto García como Balbín llamaron la atención sobre la actitud de la familia Macri de hacerle juicio al Estado reclamándole 2.365 millones de pesos mientras hace lo posible por no pagar su deuda. Coinciden en esto con la fiscal Boquin, que lo calificó de mala fe procesal. La estrategia fue evidentemente coordinada por la familia Macri y el Gobierno. La cronología es la siguiente. El 19 de mayo de 2016 el Estado pidió una audiencia en la causa por la deuda del Correo y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. El 13 de junio Correo Argentino demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios, sin poner aún un monto para ahorrarse la tasa de Justicia del 3%. El 28 de junio, quince días más tarde, el Estado aceptó la propuesta de Correo Argentino de pagar su deuda con una quita del 98,82% a 15 años y con un interés del 7%, un ahorro para la familia Macri de más de 70.000 millones de pesos. El 12 de agosto, los Macri ampliaron su denuncia por daños y perjuicios y establecieron el monto: 1.794 millones por la apropiación de instalaciones de Correo Argentino más 570 millones por otros rubro, como que pagaron de más el canon del correo. Total: 2.365 millones que la familia Macri quiere que el Estado le pague.
Es presumible que tanto Balbín como García repetirán ante el juez Lijo lo que dejaron firmado. Macri, entonces, debería preocuparse.

Conflicto de intereses.
El Gobierno no cumple ni siquiera las propias normas que cambió en medio del escándalo del Correogate. Macri firmó dos decretos para regular la actuación del Estado en causas donde exista conflicto de interés en los que él mismo está involucrado. El decreto 201/2017 establece que en las causas donde el presidente, vicepresidente o ministros tengan un conflicto de interés tiene que intervenir el procurador del Tesoro en representación del Estado. El nuevo procurador, Bernardo Saravia Frías, fue abogado del Grupo Macri, entre otras grandes empresas, principalmente financieras y extractivas.
El decreto 201 obliga además al procurador a “publicar y mantener actualizada a través del portal web del organismo la siguiente información: a) Listado de causas judiciales y otras actuaciones alcanzadas en la presente reglamentación, indicando carátula, número de expediente y radicación y el enlace de acceso al expediente digital del Poder Judicial d ela Nación. b) Información actualizada sobre el estado de las actuaciones y las audiencias o reuniones a celebrarse, de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en materia de acceso a la información pública”. Todo esto no se cumple.
En la web de la Procuración del Tesoro se limitaron a publicar una lista de las causas vinculadas al Correo Argentino y a Avianca. Como la cuestión vinculada al negocio aerocomercial ya se resolvió las eliminaron y quedan sólo las del Correo. Sin embargo, hay más de 100 causas judiciales que caen la órbita del decreto 201 y no figuran. Tampoco se informa sobre qué está haciendo Saravia Frías en las causas vigentes.
*Nuestras Voces.