Macrismo y aliados quieren aprobar una ley inconstitucional

PARA DESPLAZAR A GILS CARBO

Hoy se tratará en Diputados un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que tiene por objetivo central desplazar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó. Recogió críticas de amigos y opositores.
IRINA SANTESTEBAN
El Ministerio Público Fiscal no es un organismo cualquiera dentro del Estado argentino. Tiene raigambre constitucional, previsto en el art. 120 de nuestra Carta Magna, que lo define como “… un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.

Todos de acuerdo.
La actual procuradora fue designada en agosto de 2012, luego del fallido intento de Cristina Fernández de nombrar en ese cargo a Daniel Reposo. Hasta ese momento Alejandra Gils Carbó se desempeñaba como Fiscal General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y su trayectoria era intachable. Su pliego fue aprobado en el Senado con el voto afirmativo de 63 de los 66 miembros presentes. Los 3 votos negativos fueron radicales, sin embargo la mayoría de ese bloque, incluido Gerardo Morales, los peronistas disidentes, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, etc., votaron el pliego de Gils Carbó. Marcelo Guinle, que era el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado en 2012, afirmó que estaban “… otorgando un acuerdo a quien consideramos con la idoneidad, la solvencia, la jerarquía académica suficiente para ocupar el cargo para el que fue postulado”, y destacó sus “antecedentes sobre independencia”.
Cuatro años después, esos mismos sectores están dispuestos a desconocer normas constitucionales, para poder desplazar de su cargo a una funcionaria que no se deja presionar por el poder político.

El proyecto.
El dictamen de la mayoría de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, prevé ponerle término al cargo de Procurador, que hoy es vitalicio, estableciéndolo en 5 años. Como Gils Carbó fue designada en agosto de 2012, el oficialismo se entusiasma con la esperanza de poder desplazar a la procuradora el año que viene, pero algunos constitucionalistas como Gustavo Arballo consideran “inaceptable” que se considere la aplicación retroactiva de esa norma, si es que fuera aprobada como ley. Para el jurista, la procuradora juró su cargo bajo un régimen que no tenía ese límite, y aceptar esa modificación dejaría abierta la posibilidad de poder afectar la estabilidad de cualquier otro funcionario, con la simple sanción de una ley que acorte su mandato. Para Arballo debería haber una reforma constitucional.

Uno sí y el otro no.
Es llamativo que el proyecto sólo plantee modificaciones al Ministerio Público Fiscal, pero no al de la Defensa Pública. Esto confirma el intento del oficialismo y sus aliados de desplazar a la procuradora y no para mejorar el funcionamiento de ese órgano, que tiene como función principal promover la acción de la Justicia en defensa de los intereses de la sociedad.
Uno de los caballitos de batalla de quienes fueron férrea oposición al gobierno de CFK, era el supuesto “avasallamiento” de la independencia del Poder Judicial. Así calificaron los proyectos de reforma que la entonces presidenta impulsó en 2013, la mayoría de los cuales fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El monopolio Clarín se refería a esos proyectos como una pretensión de instaurar una “Justicia K”.
Sin embargo, el proyecto de ley aprobado en comisiones la semana pasada, establece una Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, con atribuciones para refrendar o rechazar nombramientos de fiscales y titulares de área, traslados, subrogaciones y creación de estructuras. Esto constituye una clara violación de la autonomía del MPF establecida en la Constitución.
El proyecto también dispone la intervención del PEN en los concursos para fiscales, al prever que uno de los tres jurados sea un representante del Ministerio de Justicia, sin exigirse para ello ningún requisito de idoneidad técnica para integrar el jurado.

Oposiciones de todo tipo.
El rechazo a este proyecto proviene del campo progresista jurídico, de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Organismos de derechos humanos de prestigio internacional, como Abuelas de Plaza de Mayo, también se pronunciaron en contra de algunas de las modificaciones que plantea el proyecto legislativo. Lo consideran un retroceso en la continuidad de los juicios por los crímenes de lesa humanidad y en la búsqueda de los hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio de sus madres durante la última dictadura militar.
En el bando opuesto, una organización representativa de la “corporación judicial”, como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, presidida por el camarista civil Ricardo Recondo, declarado opositor de los gobiernos kirchneristas, y la diputada integrante de la alianza oficialista Cambiemos, Elisa Carrió, se pronunciaron también en contra del proyecto, y lo calificaron de “inconstitucional”.
La Amfjn emitió un comunicado advirtiendo que los cambios propuestos están inspirados en la “animadversión” contra la procuradora, y que para la separación de Gils Carbó se debería iniciar el proceso disciplinario correspondiente.
En el mismo sentido, ya se había pronunciado a principios de año la ministra de la Corte, Elena Highton, quien opinó que el cargo de la Procuradora General era “sin término” y que sólo se podía desplazarla mediante el mecanismo constitucional del juicio político.

Preocupación regional.
Las modificaciones son tan groseras en la injerencia del poder político (Ejecutivo y Legislativo) sobre un órgano con autonomía por mandato constitucional como el MPF, que hasta la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos emitió un comunicado expresando su “preocupación y alerta” ante la reforma a la Ley Orgánica de Ministerio Público Fiscal porque “podría afectar su independencia y autonomía”.
Ese organismo está integrado por la Procuraduría General de Brasil, Panamá y Portugal; los ministerios Públicos Fiscales de Bolivia, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y la Fiscalía General de Ecuador.

Violencia de género, ausente.
Aprobado el mismo día de la primera huelga de mujeres en la Argentina, el proyecto tenía una clara omisión que fue inmediatamente advertida por quienes ese 19/10 convocaban a la multitudinaria marcha del #Niunamenos#Vivasnosqueremos.
La gestión de Gils Carbó se ha caracterizado en estos cuatro años, por la creación de Procuradurías y Unidades especiales, para la investigación y persecución criminal de delitos complejos (Narcotráfico, Trata de Personas, Lavado de Activos) y otras temáticas que afectan a la sociedad, en particular a sectores vulnerables (Violencia Institucional, Violencia contra la Mujer, programa Atajo, etc.).
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer (UFEM), una herramienta valiosa para la sanción y erradicación de un delito que se cobra la vida de centenares de mujeres cada año en nuestro país, no aparece en el texto del proyecto de ley que hoy tratará Diputados.
Semejante omisión generó fuertes críticas, lo que obligó al ministro de Justicia Germán Garavano a declarar que ese programa “iba a continuar”.
Sin embargo, la desconfianza en el cumplimiento de las políticas públicas para erradicar la violencia de género tiene su base. Es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el PRO desde hace 9 años, es constante la reducción de la ejecución del presupuesto en programas contra la violencia de género. Eso ha sido denunciado por trabajadoras de la Dirección General de la Mujer en el Congreso, quienes presentaron un presupuesto alternativo para la Ciudad, para aumentar el plantel de personal, los insumos y el mantenimiento edilicio. El reclamo es atender las necesidades actuales de aquellas mujeres que denuncian vivir situaciones de violencia y no son asistidas, y porque año tras año, las políticas de género y de igualdad de oportunidades, han ido perdiendo visibilidad en la agenda pública de la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño, según un artículo de Sonia Santoro, en Página/12 (17/10/2016).

Flojito de papeles.
Frente a las críticas que comenzaron a sumarse y la respuesta que la propia Procuradora dio a esta ofensiva, la aprobación del proyecto ya no aparece como un mero trámite, a pesar de que sus promotores (Cambiemos, Frente Renovador, Progresistas), cuentan con los votos para la media sanción en Diputados.
Es que la introducción de cambios, como los ya anunciados por el propio oficialismo, obligará a la remisión del proyecto de nuevo al plenario de comisiones, donde seguramente habrá más debates y posibles objeciones, incluso de sectores que han apoyado al gobierno de Mauricio Macri.
A pesar de la propaganda oficial de que “juntos lo haremos posible”, no todo “se puede”. Las garantías constitucionales, los avances en derechos humanos, etc., cuentan con defensores que, aunque no tengan mayoría parlamentaria, pueden ser oídos en foros y movilizaciones.

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