Mano dura y cierre de escuelas

BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

Los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano anunciaron la modificación del régimen penal juvenil, con disminución de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años.
IRINA SANTESTEBAN
Como bien lo plantea el defensor del Niño de la ciudad de Buenos Aires, Damián Muñoz, para plantear una modificación de cualquier ley, en particular la que regula el sistema penal, que afecta la libertad de las personas, y con mayor razón cuando se trata de adolescentes, se debe partir de informes estadísticos que aconsejen el cambio.
Nada de eso ha formulado el gobierno de Cambiemos, que vuelve a la carga con una iniciativa que cae bien a sus votantes y a sectores partidarios de mayor represión y penas más duras para combatir la delincuencia. En este caso, la más evidente, porque hay otra delincuencia, más oculta, de la evasión fiscal, las maniobras financieras, cuentas no declaradas en paraísos fiscales, etc., que no parece preocupar ni al gobierno ni a esa ciudadanía que clama por “mano dura”.

¿Argentina es “insegura”?
Con cifras en la mano, y en relación a América Latina, Argentina tiene uno de los índices de criminalidad más bajos, con una tasa de 6 homicidios cada 100.000 habitantes, frente a 30 que tiene Brasil, 26 de Colombia, 8 de Uruguay y 57 de Honduras. Estados Unidos tiene 5 y los países europeos entre 1 y 3 (Datos del Banco Mundial, 2016).
Buenos Aires está considerada una de las grandes urbes del planeta con menor índice de criminalidad. Según datos del Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, en 2017 hubo 144 homicidios en la CABA, con 221 acusados por esos delitos, sólo 7 de ellos menores de edad (un 3,17 por ciento).

En la provincia de Buenos Aires, otro distrito con presunto índice alto de inseguridad, los acusados menores de 18 años no llegan al cuatro por ciento.
El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, sostiene que el índice de homicidios cometidos por jóvenes menores de 18 años, ha ido disminuyendo desde 2013.

Escuelas, no cárceles.
Lo que no puede ocultarse es la realidad, y ésta marca que la incidencia de delitos dolosos graves cometidos por menores de 16 años, es muy pequeña. Quiere decir que si se aprobara esta iniciativa no habría menos homicidios o secuestros o robos con armas, porque está comprobado que la mayoría de esos crímenes son perpetrados por adultos, a veces (muy pocas) acompañados por menores.
La baja en la edad de imputabilidad no reduce el índice de criminalidad, pero sí provoca una mayor población de menores en institutos (mal llamados de “rehabilitación”). Y lo que sí está demostrado es que una gran parte de los delincuentes adultos, comenzaron su “carrera” ingresando al circuito de esas instituciones, que no reeducan ni promueven un cambio de conducta en esos jóvenes.
La Convención de los Derechos del Niño, tan invocada en el debate sobre la legalización del aborto, para defender los derechos del niño o niña “por nacer”, considera tales a todas las personas hasta los 18 años. Una política más rigurosa en materia penal, es violatoria de esa Convención.
El Comité de los Derechos del Niño, que interpreta la Convención y controla su cumplimiento por los Estados, emitió un dictamen en junio de 2018, que en su punto 44 le pide al Estado argentino que “apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil, en particular en lo que respecta a garantizar que la privación de libertad solo se utilice como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”.
A seis meses de ese informe, el gobierno de Macri hace todo lo contrario.

Ritmo electoral.
Esta iniciativa ya fue anunciada en otro año electoral, 2017, para llevar la edad de imputabilidad a los 14 años, que no fue aprobada por el Congreso. En esa ocasión el ministro de Justicia había convocado a una mesa de 40 organizaciones junto a un grupo importante de especialistas en infancia: sólo tres se pronunciaron a favor de la baja. Dando muestras de ignorancia o intención, ambos graves para su cargo, Garavano decía entonces: “la realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes” (Clarín 04/01/2017).

Es la pobreza.
El problema de los niños, niñas y adolescentes, no es la delincuencia, sino la pobreza. Frente a ese ínfimo porcentaje de jóvenes acusados por delitos graves, no se puede soslayar que hay otro índice mucho más preocupante, que las autoridades deberían trabajar para revertir. Se trata de la pobreza, tal como surge de sendos relevamientos de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de Unicef: el 51,7% de los menores de 17 años son pobres, el 40, 2% nunca leyeron un libro, el 22% comparte el colchón para dormir y el 17% nunca festejó su cumpleaños.
Los sacerdotes que ejercen su ministerio en sectores vulnerables, agrupados en los Curas en la Opción por los Pobres, se manifestaron en contra de la iniciativa con un duro documento: “… los aires de violencia, represión y punición que soplan en la región (‘bolsonarización’) y el mundo ayudan a este nuevo viejo intento. Como si la solución a la pauperización que el mismo sistema genera (y al que pareciera adscribir la alianza gobernante con sus iniciativas) fuera multiplicar penas o cárceles”. Expresan que “asistimos con estupor al intento de cierres de escuelas y universidades, al desfinanciamiento de programas sociales, al intento de militarizar la sociedad proponiendo las armas como remedio a los males de la desintegración social”.
Como el gobierno no puede mejorar los índices económicos, y la mayoría de la población hoy está más preocupada por la inflación, los bajos salarios y el desempleo, entonces, como el tero, trata de agitar por el lado de la inseguridad, como si fuera el problema central.
Colocar como chivo expiatorio a los jóvenes, a quienes no se le ofrecen mejores oportunidades de estudio o trabajo, sino más endurecimiento en el sistema penal juvenil, habla muy mal del tipo de sociedad al que aspira el gobierno.
El cierre de catorce escuelas nocturnas, adonde concurren jóvenes que trabajan o que han sido expulsados -por diferentes motivos- del sistema educativo, en la ciudad de Buenos Aires, va en la dirección opuesta.