Mapuches acusados con ley antiterrorista

En Chile, el lonko Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol Galindo, cumplirán más de 114 días en huelga de hambre iniciada el 6 de junio, tras completar 15 meses en prisión preventiva. Son víctimas de la ley 18.314 -ley antiterrorista-, y de “testigos sin rostro”. Los acusan de un atentado incendiario contra una iglesia evangélica, pero Ariel Trangol, uno de los huelguistas, es evangélico. Y cuando se les detuvo, estaban a diez kilómetros del lugar de los hechos. Han bajado casi 24 kilos y para el Colegio Médico “es insostenible una huelga de más días, hay compromiso vital y de secuelas que serán irreversibles”.
En una declaración los huelguistas explicaron: “Nuestra detención se efectúa a más de diez kilómetros del lugar de los hechos, bajo el pretexto de un control de identidad, y los únicos elementos que nos encuentran son herramientas propias del trabajo de la tierra. Entendemos que este ensañamiento se debe a nuestro apoyo a los procesos de reivindicación en los lof wenteche del Gulumapu, para lo cual invocan en nuestra contra la ley antiterrorista. Somos inocentes de los cargos de los que se nos acusa. La carpeta investigativa no tiene ningún documento de peso para mantenernos en prisión preventiva”.
Familiares de los presos políticos mapuches y organizaciones de derechos humanos realizaron actos en varias ciudades y en algunos fueron duramente reprimidos. Las demandas centrales son: juicio justo en plazo razonable, la no aplicación de la ley antiterrorista, no utilización de testigos sin rostro y la revocación de la prisión preventiva.

Promesa incumplida.
Federico Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expresó que el organismo sostiene que “la ley antiterrorista es una legislación que mientras no esté reformada sustancialmente se debiera desistir de su invocación”. Dicha ley atenta contra el debido proceso tal como ya lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso que mereció la condena del Estado chileno por violar derechos fundamentales a ocho miembros del pueblo mapuche, precisamente por la utilización de la ley antiterrorista. Sin embargo el Estado sigue sin hacer nada. En abril de 2013, la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet había prometido que en ningún caso aplicaría la ley antiterrorista.
El 10 de junio de 2016, el ex intendente Andrés Joauannet interpuso la querella por “incendio terrorista”, tras el ataque a una iglesia evangélica en la comuna de Padre Las Casas. Un grupo de encapuchados habría obligado a quienes participaban de un culto a salir del templo para luego incendiarlo. El fiscal, en febrero, anunció el cierre de la investigación y la acusación: “Si se logra establecer una condena por delito terrorista, acreditando que este incendio tenía como objeto infundir miedo en esta población, puede significar presidio perpetuo”, dijo.
Los mapuches exigen que la intendencia retire la querella y que el Ministerio del Interior les dé pronta solución. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó alimentar forzosamente a Benito Trangol y Alfredo Tralcal.

“Nadie nos recibió”.
Cristián Tralcal, hijo del lonko, explicó: “Si se levanta la querella por la ley antiterrorista, se va a deponer la huelga. No piensan en otra solución. No tuvimos ninguna reunión en Santiago con las autoridades, nadie nos recibió. Pedimos llegar lo más cerca de Mario Fernández, ministro del Interior. Nos dijeron en Temuco que viniéramos a Santiago, que acá estaba la solución, pero no nos recibieron. Nos quedó claro que no les interesan las vidas de nuestros familiares que están en juego”.
A los cien días de huelga de hambre, los familiares viajaron a Santiago pero nadie quiso recibirlos. Cristián Tralcal denunció que “se tomaron declaraciones a testigos ‘protegidos’, testigos sin rostro. No sabemos quiénes están detrás de las acusaciones. No hay transparencia de la justicia. Según dice la fiscalía, fueron detenidos en el lugar del hecho, y eso no es así porque estaban a diez kilómetros. Aparte, los testigos del incendio, que son vecinos del lugar, han dicho que no fueron mapuches quienes incendiaron la iglesia”. (Arnaldo Pérez Guerra. Punto Final. Rebelión).