Más tropelías de la parentela

Otra vez los parientes del poder político fueron protagonistas de acciones reñidas con la legislación. Esta vez fue un familiar del jefe de Gabinete del gobierno nacional quien cometió una transgresión a la protección ambiental con el talado masivo de bosques naturales en un campo de su propiedad. La acción tuvo lugar en la provincia de Salta, en plena región subtropical con un alto régimen de lluvias en donde la destrucción de la naturaleza tiene consecuencias muy gravosas. La deforestación también afectó a comunidades indígenas que vivían en el área desde muy lejanos tiempos y, ante su resistencia, hubo fuertes presiones ejercidas por las autoridades provinciales y municipales.
La acción depredatoria fue denunciado hace tiempo sin que los gobiernos -nacional y provincial- tomaran medidas. En tanto, en un programa televisivo el jefe de Gabinete se permitió ironizar acerca de sus muchos primos y su familia numerosa y minimizó los hechos.
Si se logró algo en concreto frente a este proceder desaprensivo fue por el accionar de las entidades ambientalistas, que lograron colectar más de medio millón de firmas rechazando el desmonte y accionando ante el gobierno y la Justicia. La sanción consistió en una multa de dos millones y medio de pesos y la inclusión del propietario de la finca entre los infractores de la Ley de Medio Ambiente de la provincia. En verdad, el castigo no parece demasiado severo para la magnitud del daño ocasionado.
Otro aspecto de la reparación del perjuicio suena casi a ironía: ordena la reforestación del área afectada: un bosque subtropical que en su resiliencia posiblemente demandará décadas, si es que no vuelven a incidir factores antrópicos. Por de pronto la sanción no parece incluir a otros propietarios que han incurrido en el mismo delito. Por indignante que parezca los monitoreos satelitales demostraron que a comienzos de este año, cuando se comunicó a los propietarios la decisión judicial de detener la tala, igualmente se continuó desmontando.
Vista desde otra perspectiva esta tropelía aparece como un acto característico de la ideología liberal que identifica al macrismo y que justifica el negocio y la ganancia rápida por encima de todo, la ley incluida. Este problema no es reciente; se remonta al año 2011 cuando el gobernador salteño modificó por decreto la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques a despecho de las consecuencias ambientales y sociales de la medida. La sociedad comercial beneficiada por esa irracional decisión tiene como coprotagonista a otro miembro del gabinete presidencial. El tufillo a corrupción es imposible de disimular.
Lo más indignante, como señaló una dirigente ambientalista es que “con un simple trámite administrativo, de la noche a la mañana un lugar protegido pasaba a estar autorizado a desaparecer”. En perfecta sintonía con la acción desplegada el propietario antepuso, por encima de la ley, su derecho a la propiedad privada. Con semejante nivel de venalidad política en beneficio exclusivo de los sectores más pudientes no debe extrañar que en los últimos 20 años la provincia de Salta haya perdido casi 200 mil hectáreas de bosques “protegidos”.