Mendoza no cede en su extremismo ambiental

Una de las acusaciones más escuchadas en Mendoza contra la postura pampeana en defensa de sus recursos hídricos suele ser la que dice: «La Pampa quiere todo». Más que curiosa es una opinión de fondo que los gobernantes de la provincia cuyana mantienen a pesar de su manifiesta falsedad.
Muy suelto de cuerpo el gobernador de aquella provincia acaba de declarar la intención de que la inversión en obras hidroeléctricas no solamente resulta un buen negocio para la provincia sino que, además, genera empleo. La declaración apunta a la construcción de la represa el Baqueano, a levantarse sobre el río Diamante, y es una prueba más de la indiferencia cuyana para con los derechos ajenos, y reiterativo de lo que viene ocurriendo con el Atuel.
Debe recordarse que el río Diamante era un afluente del Atuel a través de lo que es hoy el arroyo Aguaditas. Semejante confluencia de caudales -unos 65 metros cúbicos por segundo- explica en parte los enormes bañados del Atuel en el sur mendocino y el noroeste pampeano, donde esas aguas se unían al Desaguadero-Chadileuvú. Este último río, precisamente, es partícipe de la mayor de las cuencas que se desarrollan íntegramente en territorio nacional y está considerándose la necesidad -la justicia- de constituir un comité de cuenca, a instancias de La Pampa, que es la provincia más perjudicada por el manejo temprano y desentendido de quienes se ubican aguas arriba. El resto de las provincias, pese a la sugerencia de la Corte Suprema de Justicia, no da ninguna señal en cuanto a la constitución de aquel organismo.
La indiferencia mendocina se advierte con toda claridad en la iniciación inconsulta de los estudios geológicos para esa posible represa. También se informó que se financiará en parte con el dinero devengado por la producción hidroeléctrica que Mendoza esperar generar con Portezuelo del Viento, una obra sobre el río Grande -tributario del Colorado- seriamente cuestionada por las provincias de aguas abajo. Además el proyecto mendocino se encuadra en la concepción de los grandes embalses que hoy están fuertemente cuestionados en todo el mundo en virtud de los severos desequilibrios ambientales que provocan.
Sin embargo Mendoza sigue avanzando en base, una vez más, a su política extremista de los hechos consumados, en una actitud que la ha llevado al punto de desconocer sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
A esta altura ya nada puede sorprender pues es más de lo mismo: en la vecina provincia se han acostumbrado a ir tras el provecho propio con absoluta indiferencia por los perjuicios que ocasionan más allá de los límites provinciales. Con semejantes antecedentes no debe extrañar que algunos de sus dirigentes políticos hayan propuesto separarse del Estado nacional ante los cuestionamientos a sus políticas autistas.
La catástrofe ambiental provocada en La Pampa por el corte del Atuel no conmueve a las autoridades mendocinas que ahora insisten con este proyecto. Los pampeanos deberán seguir luchando y reclamando justicia hasta que los oídos sordos de Mendoza, y también los de la Nación, se abran para advertir el terrible daño que están provocando.